La reciente postura de la comunicadora Mariasela Álvarez sobre la necesidad de regular el contenido en Internet en la República Dominicana es un tema que merece una reflexión más profunda. Álvarez sostiene que debe existir una ley que controle lo que se publica en línea, argumentando que la falta de regulación contribuye a la desinformación y a la difusión de difamaciones.

Sin embargo, este llamado a la regulación parece estar más motivado por el deseo de controlar la narrativa actual, especialmente cuando el gobierno del cual ella forma parte se ve cuestionado.

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Mariasela Álvarez, El argumento de la vulgaridad o los contenidos de alusión sexual no es válido como justificación para regular o censurar el contenido en Internet.

Las libertades de expresión y opinión ya están garantizadas en la Constitución y forman parte de los derechos fundamentales de las personas. Si el país desea que los creadores de contenido eleven el nivel de su producción, el enfoque correcto no es la censura o la limitación de lo que las personas pueden pensar y decir.

En cambio, es responsabilidad del gobierno mejorar la educación desde los niveles más básicos hasta los más altos. Una ciudadanía bien educada, crítica y consciente es la mejor herramienta para elevar el discurso público y fomentar contenidos de mayor calidad.

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La censura no educa; simplemente silencia, y esto no soluciona el problema de fondo ni contribuye a una sociedad más libre y justa.

Es importante recordar que la libertad de expresión no es un privilegio que deba ser concedido o restringido según convenga al poder de turno. Internet ha democratizado el acceso a la información y ha permitido que medios como hackeandoelsistema.net ejerzan su derecho a denunciar sin importar el color de los partidos políticos.

En el pasado, Mariasela Álvarez misma utilizó esa libertad para criticar a los gobiernos anteriores, y lo hizo con razones, verdades y argumentos sólidos.

Ahora, cuando la crítica se dirige hacia el gobierno del cual ella se beneficia, su discurso cambia y llama a una mayor regulación.

La verdadera cuestión aquí no es la necesidad de regular Internet, sino la intención detrás de ese llamado. Cuando las críticas y las denuncias se dirigen hacia el poder, es natural que quienes están en esa posición busquen mecanismos para controlar la narrativa. Sin embargo, este control va en contra de los principios básicos de una sociedad democrática, donde la pluralidad de voces y el derecho a cuestionar al poder son fundamentales.

El deseo de controlar la información en Internet bajo la excusa de combatir la desinformación no puede ser una justificación para silenciar voces críticas. La libertad de expresión es un derecho que debe ser protegido, incluso cuando las opiniones expresadas no se alinean con las nuestras o con los intereses del gobierno. Regular el contenido en línea puede llevarnos a un camino peligroso, donde solo se permite la difusión de información que favorece a aquellos en el poder.

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La libertad y el derecho a cuestionar al poder son pilares de una sociedad democrática, y cualquier intento de limitar esas voces, especialmente cuando proviene de quienes antes se beneficiaron de esa misma libertad, debe ser analizado con cuidado y sospecha.

La defensa de la libertad de expresión debe ser constante y sin excepciones, pues es lo que garantiza un espacio donde todas las voces, incluso las disidentes, puedan ser escuchadas.

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