Si Leonel Fernández quiere hablar de contrato aquí algunos de lo que el hizo
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En los mandatos de Leonel Fernández como presidente de la República Dominicana, es imperativo reflexionar sobre las negociaciones y contratos que marcaron su gestión. Este artículo se sumergirá en los detalles de algunos de los contratos más controvertidos que han dejado un legado discutible en la historia del país.
Contrato CORDE: El Contrato de Desarrollo (CORDE) fue uno de los primeros pasos de Leonel Fernández en el ámbito de negocios.
Sin embargo, las críticas sostienen que este contrato no generó los beneficios económicos prometidos y estuvo plagado de irregularidades financieras.
a Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE) , fue una corporación estatal formada por las empresas propiedad del Estado en la República Dominicana. Estaba compuesta en sus inicios por 24 empresas donde el principal accionista era el Estado Dominicano.
La privatización también incluyó 26 empresas agrupadas en la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE), de esas 23 desaparecieron y sólo tres: Molinos del Ozama, La Tabacalera y Minas de Sal y Yeso están operando y aportando un 50% de sus ganancias al Estado dominicano.
2. Contrato AERODOM: La gestión de los aeropuertos a través de AERODOM durante el mandato de Fernández también ha sido objeto de controversia. Se argumenta que las condiciones del contrato no favorecieron adecuadamente a la República Dominicana y que la transparencia en las transacciones financieras fue cuestionable.
En el año 1999 la administración de los cuatro aeropuertos estatales (Las Américas, provincia Santo Domingo; María Montez, en Barahona; Gregorio Luperón, en Puerto Plata, y Arroyo Barril, en Samaná) fue traspasada al consorcio Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom).
Posteriormente se le entregó la administración de la terminal Doctor Joaquín Balaguer, en El Higüero, provincia Santo Domingo, que comenzó a operar hace cinco días. Esa concesión implicó el compromiso de Aerodom de invertir US$411 millones en remodelación, ampliación y modernización de las terminales del Estado. Hasta el momento ha invertido unos US$120 millones. En la actualidad trabaja en la construcción del aeropuerto El Catey, en Samaná.
Contrato Puerto San Souci: Este contrato, centrado en el desarrollo del puerto de San Souci, ha sido objeto de críticas debido a presuntas conexiones con actos de corrupción. Además, las ganancias generadas no se tradujeron en beneficios significativos para la población dominicana.
El presidente Leonel Fernández sometió al Congreso, iniciando por el Senado, un contrato de venta de terrenos en las márgenes del río Ozama, donde la empresa Inversiones Turísticas Sans Soucí desarrollará un proyecto marítimo e inmobiliario, que incluye la remodelación del edificio de Estado Mayor de la Marina de Guerra, el dragado del muelle, con una inversión que supera los US$39 millones.
Explica que el precio acordado por los terrenos costeros, unos 495 mil 211.58 metros cuadrados, valorados en US$39,375,000 fue determinado por un experticio de la comisión de avalúos de la Secretaría de Obras Públicas y la Dirección de Catastro Nacional, suma que será pagada y compensada con las inversiones que serán realizadas por la empresa Inversiones Turísticas Sans Soucí.
Estas obras serán además de la remodelación del edificio de la Marina y el dragado del muelle, el acondicionamiento de áreas públicas, parques y zonas colindantes con el proyecto, la construcción de 10 mil metros cuadrados de plazas y áreas comerciales, la ampliación y reparación del rompeolas en la entrada del puerto y la nueva avenida de Sans Soucí, puente flotante, el club de playa en Sans Soucí y parqueos.
Contrato Barrick Gold 97/3: La negociación con la empresa minera Barrick Gold ha sido señalada como desfavorable para el país 97% para la empresa y 3% para el país. Las condiciones del contrato y la participación de la empresa en la explotación de recursos naturales han suscitado preocupaciones sobre la equidad y la sostenibilidad.
Es sabido que una inversión en minas de oro es de ganancias asegurada, y no se justifica la desproporción entre porcentajes para la empresa (97%) y para el Estado (3%), aunque sea en los primeros 4 años, y en el peor de los casos, con ese contrato inicuo, si en definitiva, se cierra la Barrick Gold aquí, ganamos en preservación del Medio ambiente, en la no expoliación de una riqueza nacional.
Además, siempre se podría por parte del Estado, asumir la deuda (préstamos bancarios para la inversión de la Barrick Gold en República Dominicana), y reasignar mediante un concurso abierto a TODAS las empresas del mundo, incluidas algunas en joint venture con nuestro Estado y con otros Estados que quieran participar (como ejemplo, China, Brasil, México, Venezuela, etc.), y así explotar la mina en condiciones menos leoninas.
Contrato SUND LAND: El contrato con SUND LAND también ha sido objeto de críticas, especialmente en relación con la gestión de tierras y desarrollos inmobiliarios. Las acusaciones de favoritismo y falta de transparencia han rodeado este acuerdo, el dinero se usó para primero comprar a los congresista que le respondian a Danilo Medina en el congreso nacional.
Uno de los casos de corrupción más sonados, por su trascendencia y por el monto de dinero envuelto ($130 millones de dólares), es todo lo relacionado con el tema de la transacción con el Estado Dominicano en la que estuvo envuelta, como intermediaria, la Sun Land, una multinacional de la construcción que ha sido acusada en varios países por envolverse en negociaciones fraudulentas con socios del área de la construcción y con funcionarios públicos.
Contrato Odebretch: La sombra de la corrupción se cierne sobre el contrato con la empresa Odebrecht. Las investigaciones revelaron presuntas prácticas irregulares, lo que generó indignación pública y dañó la reputación de Fernández y su administración.
Sesenta de las 101 transferencias que recibió el empresario Angel Rondón de la empresa Constructora Norberto Odebrecht para entregar sobornos a los funcionarios y legisladores fueron entregadas durante los mandatos del expresidente Leonel Fernández Reyna, cuando la empresa brasileña recibió la adjudicación de 13 de los 17 proyectos que construyó en el país.
Así está establecido en la instancia que envió el Ministerio Público al juez Francisco Ortega Polanco para solicitar las medidas de coerción contra los 14 implicados en el caso de la empresa Odebrecht.
Las sumas detalladas en las transferencias inician en el 2007, cuando gobernaba el expresidente Fernández.
Leonel. Durante el primer mandato del expresidente Fernández el Gobierno le adjudicó a la empresa Odebrecht la ampliación del Acueducto de la Línea Noroeste, a un costo total de US$89,925,939.18; la Hidroeléctrica de Palomino, por US$592,862,580.46; el Acueducto de Samaná, que costó US$144,707,962.51 y la Carretera de Casabito, por US$74,625,273.37.
Las primeras tres obras fueron contratadas en el 2005 y la última en el 2007.
En el segundo mandato de Fernández fueron contratadas la Autopista del Coral, en el 2008, que costó un total de US$471,062,590.67; y el Corredor Duarte, en el año 2009, que salió en US$293,091,698.61.
En el 2010 Odebrecht fue contratada para la carretera Bávaro-Miches-Sabana de la Mar, que costó un total de US$370,195,377.90; el Acueducto Hermanas Mirabal, US$168,187,500; y la carretera El Río-Jarabacoa, que costó US$100,545,360.
En el 2011 fue contratada la construcción del Corredor Duarte, que costó US$255,000,000.
El 2012 fue el gran año de Odebrecht: bajo el mandato de Fernández recibió los contratos de carretera Cibao-Sur, con presupuesto de US$298,755,836.62; las Ecovías de Santiago, por US$295,570,112.01; y el Bulevard Turístico del Este, por US$1009,943,671.43.
Contrato Peaje Sombra: El contrato de Peaje Sombra ha sido objeto de controversia debido a las tarifas impuestas y las dudas sobre la efectividad en la gestión de las carreteras. La falta de beneficios directos para la población ha suscitado descontento.
El acuerdo también establecía que el Estado debía pagar un “Ingreso Mínimo Garantizado”, es decir un “peaje sombra”, que protegiera la inversión privada, en caso de que el flujo vehicular no fuera suficiente, es decir, en caso de que los vehículos que usaran la vía no fuera como la empresa esperaba.
Este "peaje sombra" se estaría pagando a lo largo de los 30 años, desde el 2008 hasta el 2038, siempre que el flujo vehicular no generara suficientes ingresos para mantener el equilibrio económico y financiero del contrato. Desde el inicio del funcionamiento, en 2008, el flujo vehicular ha sido insuficiente, y desde entonces se ha pagado el conocido "peaje sombra".
El origen de este contrato se remonta al año 2001, cuando en nombre del Estado, el entonces secretario de Obras Públicas, Miguel Vargas Maldonado, firmó el contrato “Construcción, Financiamiento, Operación y Mantenimiento de la Autopista del Nordeste” con la concesionaria colombiana Autopista del Nordeste CxA.
Adenda Monte Grande: La adenda al contrato de Monte Grande ha sido objeto de críticas, especialmente en relación con las modificaciones que podrían haber afectado negativamente los intereses del país.
También, el proyecto destaca que aunque la obra arreció su avance en el 2015, con los estragos económicos de la pandemia tuvo que ser paralizada y ahora, en el mandato de Abinader, encontró altos precios que cambiaron todo el presupuesto del ambicioso proyecto iniciado en el mandato de Leonel Fernández.
Contratos de Venta de Tierras: Los contratos de venta de tierras del CEA y la Bahía de las Águilas han sido señalados como ejemplos de la falta de salvaguardias para los recursos naturales del país y la posible pérdida de tierras valiosas sin un beneficio equitativo.
El Estado dominicano vendió tierras del Consejo Estatal del Azúcar al exalcalde de San Pedro de Macorís, Ramón Antonio (Tony) Echavarría Peguero, a razón de 8 pesos el metro cuadrado.
La venta, mediante el contrato CC-2004-01651, del 19 de diciembre de 2019, por un monto de 2.48 millones de pesos, abarca una superficie de 497.75 tareas, equivalentes a 313,019.71 metros cuadrados, dentro de los terrenos del antiguo Ingenio Consuelo.
https://hackeandoelsistema.net/libros-de-texto-en-republica-dominicana-lleno-de-impresiones/
El costo de 8 pesos al que sale el metro cuadrado fue fijado desde el 2004, durante el gobierno de Leonel Fernández.
LF lo reconoce
El pasado dos de diciembre el presidente Leonel Fernández hizo una especie de mea culpa cuando admitió que la privatización de las empresas estatales no dio los frutos esperados, que la promovió por necesidad y no por filosofía. Dijo que la experiencia le indica que hay que actuar con cautela y que las sugerencias de organismos internacionales deben ser analizadas con base en la realidad del país.
A medida que recordamos el legado de Leonel Fernández en su primer aniversario, es crucial examinar de cerca los contratos que firmó durante su mandato. Las críticas persistentes sobre la falta de transparencia, los posibles actos de corrupción y la ausencia de beneficios tangibles para la población plantean preguntas importantes sobre la integridad de estas negociaciones y su impacto en la República Dominicana.
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