La reforma fiscal propuesta por el gobierno de Luis Abinader ha generado un intenso debate en la República Dominicana. Aunque busca aumentar los ingresos del Estado a través de nuevos impuestos y ajustes fiscales, su efectividad está en entredicho si no se acompaña de una mejora en la eficiencia del gasto público y un control estricto de la deuda. Sin estos elementos clave, la reforma podría ser insuficiente y contraproducente, agravando los problemas estructurales que ya enfrenta la economía nacional.

En el marco de las políticas públicas y su impacto en la economía dominicana, uno de los temas más controversiales es el incremento en el gasto público relacionado con la contratación de empleados y su repercusión en los servicios públicos y las finanzas del Estado. En 2019, se integraron 100,000 nuevos empleados al sector público, lo que resultó en un aumento de 133,000 millones de pesos en la nómina estatal. No obstante, este crecimiento no se tradujo en una mejora de los servicios públicos; al contrario, la percepción general fue un deterioro de los mismos, reflejando la ineficacia de algunas decisiones de gestión pública.

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Este aumento significativo en la cantidad de empleados públicos no solo implica un alto costo político, sino también una carga financiera que afecta a largo plazo la estabilidad fiscal del país. La falta de eficiencia en el uso de estos recursos es una de las principales críticas que se han presentado. Si bien se realizaron reformas para ajustar el gasto, el saldo final mostró un deterioro en los servicios públicos, lo que genera cuestionamientos sobre la correcta asignación de los recursos.

Además, desde el punto de vista de la propuesta de Reforma fiscal presentada por Abinader, la cual incluye nuevos impuestos, se ha calificado como regresiva, agresiva y abusiva.

La regresividad de esta propuesta radica en que el 72% de los ingresos fiscales se basa en impuestos indirectos, lo que afecta en mayor medida a los sectores más vulnerables de la población. Los impuestos sobre bebidas alcohólicas y azucaradas son un ejemplo claro de cómo se ha gravado el consumo básico, afectando la economía de los hogares de manera directa.

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La propuesta también es abusiva en cuanto al número de productos que han sido incluidos en la canasta básica con nuevos gravámenes. Nunca antes, en los 40 años de historia de la empresa estatal VIVA, se habían incorporado tantos bienes a la canasta básica con impuestos tan elevados. Se han gravado 120 productos que pasaron de estar exentos o tener una carga baja, a tributar un 18%, lo que representa un aumento significativo en el costo de vida de la población.

Es importante destacar que estos impuestos no han sido implementados de manera gradual, como en ocasiones anteriores, donde las tasas fiscales pasaban de 6% a 8% o de 8% a 12%, sino que, en esta ocasión, el salto ha sido abrupto y masivo, lo que ha generado preocupación entre los consumidores. En un contexto inflacionario, donde la inflación en los alimentos supera el 25%, la imposición de nuevos gravámenes no solo afecta el poder adquisitivo, sino que también exacerba las expectativas inflacionarias, lo que puede generar un aumento adicional en los precios de hasta un 3%.

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En conclusión, el análisis de la situación financiera y fiscal de la República Dominicana en este contexto sugiere que las decisiones recientes sobre inversión pública, contratación de empleados y reformas fiscales de Abinader han tenido efectos contraproducentes en la economía del país.

La carga de impuestos indirectos recae desproporcionadamente sobre los sectores más vulnerables, mientras que la falta de eficiencia en la gestión de los recursos públicos contribuye a un deterioro en la calidad de los servicios. Es necesario un replanteamiento de las políticas económicas para evitar que estos problemas se agraven y se mantenga la estabilidad fiscal y social del país.

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