Sin Consultar al Pueblo ni Cumplir con Más de 100 Sentencias del Tribunal constitucional, la Reforma de Abinader Fue Aprobada
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La reciente aprobación de la reforma constitucional en la República Dominicana ha dejado un sabor amargo en gran parte de la sociedad. Un congreso que parece compuesto por borregos, sicofantes y feladores ha dado luz verde a una reforma mal planteada, mal justificada y mal expuesta. Nadie la pidió, pero allí está, una realidad impuesta que desconcierta y alarma. El presidente Luis Abinader, con el apoyo de su mayoría legislativa, ha impulsado esta modificación constitucional mientras su gobierno ignora más de 100 sentencias del Tribunal Constitucional. Esta situación nos obliga a preguntarnos: ¿Qué se busca realmente con esta maniobra?
Desde el principio, el proceso de aprobación estuvo envuelto en un manto de secretismo y prisa. La población no fue consultada de manera efectiva, los sectores sociales no fueron escuchados y los debates fueron superficiales, limitados a la cúpula política y sus círculos de influencia. Los nuevos artículos, lejos de consagrar los derechos fundamentales que se prometían, parecen erosionar garantías que antes estaban claramente protegidas. Se ha producido un retroceso que socava el ya frágil estado de derecho en el país.
La Constitución de la República Dominicana, en su artículo 256, establece claramente que cualquier reforma a la Constitución debe realizarse "a través de una asamblea nacional revisora convocada con la finalidad de tal propósito". Este procedimiento implica que la voluntad del pueblo debe ser consultada y tenida en cuenta en el proceso de modificación. Al no seguir este mandato constitucional y proceder a la aprobación de la reforma sin la participación ciudadana, el gobierno de Luis Abinader no solo ignora un principio fundamental de la democracia, sino que también actúa en contra de la legalidad que debería regir en la gestión pública.
El aspecto más preocupante es el contexto en el que se ha aprobado esta reforma. El gobierno de Abinader, al tiempo que promueve cambios constitucionales, ha sido incapaz de cumplir con más de 100 sentencias del Tribunal Constitucional. Este desdén por las decisiones judiciales pone en duda el verdadero compromiso de esta administración con el respeto a la ley y a las instituciones democráticas. Si no se respetan las sentencias del máximo tribunal, ¿cómo podemos esperar que se respeten las nuevas disposiciones de una Constitución modificada a la medida de intereses que aún no son claros?
¿Qué se Oculta Detrás de Esta reforma constitucional?
Aunque el discurso oficial sostiene que la reforma busca "modernizar" y "fortalecer" la democracia dominicana, lo cierto es que su contenido y la forma en que fue aprobada generan más dudas que certezas. Algunos analistas apuntan a que esta maniobra podría estar destinada a consolidar el control del poder ejecutivo sobre otras instituciones, mientras otros sugieren que podría ser parte de un plan más amplio para garantizar la perpetuación de ciertos intereses económicos y políticos en el país.
Una reforma constitucional debería ser el resultado de un consenso social amplio, de un proceso transparente y de un verdadero interés por mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Sin embargo, en este caso, lo que se ha observado es un pacto de silencio entre las élites políticas, que han permitido la aprobación de una reforma que no responde a las necesidades del pueblo, sino a las conveniencias del poder.
El Futuro de los Derechos Fundamentales
Uno de los aspectos más graves de esta reforma es el impacto directo sobre los derechos fundamentales. A pesar de que se ha vendido como un avance, varios de los nuevos artículos limitan libertades que antes estaban mejor protegidas. Esto abre la puerta a posibles abusos de poder y a una mayor restricción del espacio cívico y democrático en el país. En lugar de avanzar hacia una mayor protección de los derechos, la reforma parece haber abierto una peligrosa caja de Pandora que podría revertir años de progreso en materia de derechos humanos y justicia social.
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El Papel de la Ciudadanía
Con la reforma ya aprobada, la responsabilidad recae ahora en la ciudadanía y en los sectores independientes que velan por la preservación de la democracia. Es esencial que se mantenga la presión sobre el gobierno y los legisladores para que se respeten los derechos consagrados en la Constitución y que se detenga cualquier intento de usar estas nuevas disposiciones como un arma para limitar libertades. La vigilancia social será clave en los próximos años para evitar que esta reforma se convierta en un instrumento de control y represión.
La aprobación de esta reforma constitucional no es el fin del debate, sino el comienzo de una nueva etapa de lucha por la defensa de los derechos y las libertades en la República Dominicana. El pueblo dominicano ha demostrado a lo largo de su historia que no acepta fácilmente la opresión, y hoy más que nunca, debe mantenerse alerta ante cualquier intento de socavar su democracia.
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