La relación entre Estados Unidos y Colombia atraviesa uno de sus momentos más tensos de las últimas décadas. Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, los roces con el presidente colombiano Gustavo Petro se han multiplicado, combinando ataques mediáticos, medidas diplomáticas y despliegues militares en el Caribe. La situación ya acumula cinco “asaltos” que reflejan un deterioro acelerado y profundo.
Primer choque: Deportaciones y amenazas de aranceles
El primer episodio tuvo lugar a inicios de este año, cuando Petro rechazó que aviones militares estadounidenses aterrizaran en Colombia con inmigrantes deportados desde Estados Unidos, alegando que eran transportados en condiciones indignas. La tensión escaló rápidamente hacia la posibilidad de aranceles mutuos, pero finalmente se resolvió cuando Colombia aceptó recibir los vuelos de deportados y envió sus propios aviones para trasladarlos.
La Casa Blanca emitió un comunicado destacando que Colombia aceptaba «sin restricciones a todos los extranjeros indocumentados de Colombia que regresen de Estados Unidos, incluso en aviones militares estadounidenses», en un mensaje claro sobre el respeto y la autoridad de Washington. Por su parte, el canciller colombiano Luis Gilberto Murillo aseguró que el impasse estaba “superado” y que su país recibiría a los colombianos retornados.
Segundo choque: Descercertificación en control de drogas
En septiembre, Estados Unidos descertificó a Colombia por el cumplimiento en el control de producción y tráfico de drogas ilícitas, aunque otorgó una exención temporal para no afectar la asistencia en seguridad. Este acto representó un duro golpe a la política de Petro, que ha buscado priorizar la concertación con cultivadores y la persecución de grandes capos sobre la represión directa.
Para el año fiscal 2024, Estados Unidos había asignado al menos 377 millones de dólares para Colombia, pero Petro se mostró indiferente ante la reprimenda y se autodenominó “presidente descertificado”, convirtiéndose en el primero en recibir esta sanción en tres décadas. Expertos señalan que la medida refleja la demanda de Washington de acciones más agresivas contra el narcotráfico.
Tercer choque: Revocación de la visa presidencial
En el mismo mes, el gobierno estadounidense revocó la visa de Gustavo Petro, acusándolo de realizar “acciones imprudentes e incendiarias” durante una manifestación en Nueva York. Petro había propuesto la creación de un “ejército internacional para defender al pueblo palestino” y llamó a los soldados estadounidenses a desobedecer órdenes del presidente Trump, lo que desató críticas inmediatas del Departamento de Estado.
Este episodio marca un antecedente histórico, ya que ningún presidente colombiano había recibido un retiro de visa y descertificación simultáneamente desde Ernesto Samper en los años 90. Expertos y analistas coinciden en que la animosidad hacia Petro es inédita, en parte por su postura desde el inicio de su mandato, priorizando la agenda interna sobre la relación con Washington.
Cuarto choque: Ataques de EEUU en aguas del Caribe
El despliegue militar estadounidense frente a Venezuela y los ataques a embarcaciones que supuestamente transportaban drogas fueron duramente criticados por Petro, quien calificó uno de estos incidentes como “asesinato”. El presidente colombiano denunció la muerte de Alejandro Carranza, un pescador de Santa Marta, alegando que su barco estaba averiado y que no tenía vínculos con el narcotráfico.
Petro acusó a Estados Unidos de violar la soberanía colombiana y exigió la apertura de investigaciones legales tanto en Colombia como a nivel internacional, destacando la gravedad de los ataques y su impacto sobre la población civil.
Quinto choque: Narcosubmarino y conflicto armado declarado
El más reciente episodio se produjo tras un ataque a un supuesto narcosubmarino, que dejó dos sobrevivientes, un colombiano y un ecuatoriano, mientras otras dos personas murieron según Estados Unidos. Trump declaró que los carteles de la droga son ahora combatientes ilegales en un “conflicto armado”, lo que intensificó las críticas sobre la legalidad de estas operaciones.
En el caso de la República Dominicana
Las presiones de Estados Unidos para que asuma la carga de los problemas de Haití generan un escenario propicio para una crisis diplomática de dimensiones similares a la de Colombia o Venezuela. Sin embargo, la situación se ve matizada por la actitud genoflexa del presidente dominicano, cuya postura sugiere que Washington posee información comprometedora sobre él, convirtiéndolo en un actor pasivo y sumiso en la arena regional. Esta dinámica ha colocado al país en la punta de lanza de conflictos diplomáticos en el Caribe que, en realidad, no le competen directamente, exponiéndolo a tensiones que podrían erosionar su soberanía e independencia en la toma de decisiones internacionales.
La comunidad internacional, incluyendo expertos legales y organismos de derechos humanos de la ONU, ha cuestionado los ataques, calificándolos como “ejecuciones extrajudiciales” y advirtiendo sobre el riesgo de un conflicto diplomático aún mayor.
Un futuro incierto
Hasta ahora, los cinco enfrentamientos muestran que la relación bilateral está marcada por un alto nivel de confrontación, con medidas diplomáticas, ataques mediáticos y operaciones militares que siguen escalando. La interacción Trump-Petro redefine la forma en que Washington se relaciona con Bogotá y deja en evidencia la fragilidad de la diplomacia en la región ante diferencias ideológicas y de estilo de gobierno.
Nota aclaratoria:
Algunas informaciones contenidas en este artículo tienen carácter especulativo, fundamentadas en el análisis de hechos públicos y en el comportamiento reciente de los actores mencionados, así como en una filtración genuina proveniente de una fuente de entero crédito. En virtud de los principios éticos del periodismo y del marco legal nacional e internacional, nos reservamos el derecho de proteger la identidad de dicha fuente, conforme a lo establecido en el Artículo 49 de la Constitución de la República Dominicana, que garantiza la libertad de expresión e información, así como el derecho a mantener el secreto profesional. Este derecho también está respaldado por instrumentos internacionales como el Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y los principios establecidos por la UNESCO y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la libertad de prensa. La protección de nuestras fuentes es no solo un derecho, sino un deber ético frente al interés público y la democracia.