Una alcaldía del Gran Santo Domingo envía citaciones a los periodista y medios de comunicación digitales por Whatsapp
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En un giro preocupante, una alcaldía del Gran Santo Domingo ha comenzado a notificar citaciones a comunicadores y dueños de medios de comunicación digital a través de la red social "WhatsApp". Esta medida, claramente intimidatoria, carece de cualquier sustento legal y refleja un estado de desesperación dentro de la administración local.
El Código Procesal Penal de la República Dominicana es muy claro en cuanto a cómo deben ser enviadas las citaciones a los posibles involucrados en un caso que merece ser investigado por las autoridades.
Según el artículo 96 del mencionado código, "la citación se notifica personalmente por un alguacil, un oficial de la policía judicial o un empleado autorizado del Ministerio Público, y debe contener una copia de la denuncia o del auto de imputación correspondiente". La utilización de WhatsApp no cumple con estos requisitos, lo que convierte estas notificaciones en ilegítimas y carentes de validez jurídica.
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La decisión de esta alcaldía del Gran Santo Domingo emplear WhatsApp para este propósito no solo es una violación de las leyes establecidas, sino también un claro indicio de desesperación.
Esta administración ha enfrentado constantes desaciertos, violaciones a las leyes y una estrategia de comunicación deficiente, lo que ha incrementado la presión de la ciudadanía para que comience a ofrecer resultados tangibles y no solo anuncios populistas vacíos.
Además, resulta alarmante que agentes de los diferentes medios judiciales se presten para este intento de manipulación. Esta acción pone en riesgo la independencia del sistema judicial y la libertad de prensa, pilares fundamentales de una sociedad democrática.
Es crucial destacar que este artículo no busca acusar a ninguna alcaldía en particular, pero es necesario señalar que cualquiera de las alcaldías del Gran Santo Domingo podría estar recurriendo a estas tácticas.
La intimidación de la prensa y la manipulación de los procesos judiciales son prácticas inaceptables que deben ser condenadas por todos los sectores de la sociedad.
La libertad de prensa y la transparencia en los procesos judiciales son esenciales para la democracia y el estado de derecho. Las autoridades deben respetar estos principios y garantizar que las citaciones y otros procedimientos legales se realicen conforme a lo estipulado por la ley.
Solo así se podrá restaurar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones y asegurar un ambiente donde la verdad y la justicia prevalezcan.
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