
Visita de Rebeca Henríquez al Centro Educativo Inicial Juan Bosch en San Francisco de Macorís
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En una visita que refleja su compromiso con los derechos humanos y la seguridad de la comunidad, Rebeca Henríquez, presidenta nacional de derechos humanos, se trasladó hoy al Centro Educativo Inicial Juan Bosch tras recibir múltiples denuncias de padres preocupados por la integridad física de sus hijos.
La causa de esta preocupación es una pared en mal estado dentro del recinto escolar, que representa un peligro inminente de colapso.
Durante su visita, Rebeca Henríquez, se reunió con los padres y miembros de la comunidad, quienes expresaron su temor por la seguridad de los niños que asisten al centro educativo.

"Es inaceptable que en pleno siglo XXI, nuestros niños tengan que enfrentar peligros dentro de las escuelas, que deberían ser espacios seguros y propicios para su desarrollo," afirmó Henrique, haciendo un llamado urgente a las autoridades competentes para que tomen medidas inmediatas para reparar la pared en cuestión.
Además del riesgo estructural, los comunitarios aprovecharon la visita para expresar otra grave preocupación: la falta de agua potable en el sector, un problema que afecta no solo a los estudiantes sino también a sus familias. Henríquez subrayó la importancia de garantizar los derechos a los servicios básicos, como el acceso al agua, y exigió que se tomen medidas para resolver esta situación que pone en peligro la salud y bienestar de la comunidad educativa.
Durante su recorrido, la presidenta de derechos humanos también dirigió un mensaje al Ministro de Educación, solicitando que se informe públicamente sobre la disponibilidad de los 119 colegios anunciados como solución para los niños que no han encontrado cupo en las escuelas públicas. Este pedido se origina en la preocupación de numerosos padres que aún no han logrado inscribir a sus hijos en el sistema educativo público debido a la falta de cupos.
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En un giro alarmante de los acontecimientos, Henríquez también denunció la existencia de prácticas irregulares en San Francisco de Macorís, donde una junta de vecinos estaría exigiendo el pago de 1,500 pesos por niño a los padres para emitir una carta necesaria para la inscripción escolar. "Esta situación es intolerable y viola los derechos fundamentales de acceso a la educación," declaró Henríquez, exigiendo una investigación inmediata para poner fin a estas prácticas abusivas.
La visita de Rebeca Henríquez al Centro Educativo Inicial Juan Bosch ha puesto de relieve no solo los peligros físicos que enfrentan los estudiantes, sino también las carencias en servicios básicos y las irregularidades que entorpecen el acceso a la educación.

Henríquez ha reiterado su compromiso de continuar luchando por los derechos de los niños y sus familias, y ha instado a las autoridades a actuar con celeridad para resolver estos problemas que afectan directamente la calidad de vida y el futuro de las próximas generaciones.
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