Abinader colocó a Milton Morrison en el INTRANT para que se perjudique y, a su vez, perjudique la institución.
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Recientemente, la gestión del contrato de los semáforos por parte del gobierno ha revelado discrepancias significativas entre los anuncios oficiales y las acciones reales. El 12 de septiembre, se anunció la cancelación del contrato con la empresa Trans, responsable de la gestión del sistema de semáforos.
Este movimiento fue presentado como parte del compromiso de la administración con la transparencia y la rendición de cuentas, según lo expresado por Milton Morrison del Instituto Nacional de Transporte (INTRANT).
Sin embargo, han surgido discrepancias. En la mañana del anuncio, se reveló en "El Sol de la Mañana" que el proceso administrativo para anular el contrato con la empresa Transcore Latam apenas había comenzado. El día anterior, Leonel Fernández había denunciado que los semáforos estaban siendo utilizados para espionaje, detectando señales de cuatro semáforos en el país.
A pesar de estas graves acusaciones, Milton Morrison del INTRANT respondió alegando que estos eran temas de "seguridad nacional" que no se manejarían públicamente.
La situación ha generado frustración y escepticismo entre el público. El documento oficial que detalla el proceso administrativo para la cancelación del contrato indica que las razones principales para esta acción se basan en el debido proceso seguido durante la licitación del contrato. Esto fue subrayado por las denuncias previas de Carlos Pimentel sobre irregularidades en el proceso de licitación.
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Al examinar más detenidamente, la última página del documento administrativo revelado por Milton Morrison en el INTRANT que las razones para solicitar la anulación giran en torno al proceso de licitación en lugar de abordar las preocupaciones inmediatas planteadas por Fernández.
Esto ha llevado a acusaciones de que el gobierno está simplemente realizando acciones superficiales para la prensa en lugar de implementar cambios sustantivos.
La sección final del documento refleja argumentos legales de varios abogados que han criticado la gestión del contrato e incluso han acusado a la empresa de terrorismo debido a las interrupciones en el servicio de los semáforos. Estas críticas subrayan que los argumentos legales presentados pueden ser más abstractos que prácticos, cuestionando la efectividad de las medidas adoptadas.
En resumen, la situación en curso destaca un problema más amplio dentro del gobierno: una tendencia a hacer anuncios que no se alinean con acciones concretas o soluciones efectivas. Este desconexión entre las declaraciones y la realidad socava la confianza pública y enfatiza la necesidad de reformas genuinas en lugar de promesas vacías. El público merece una gobernanza transparente y efectiva, no una exhibición de acciones sin sustancia.
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