Abinader no va a promulgar el nuevo Código Penal: lo devolverá con “observaciones”
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Somos el primer medio del país que se atreve a decirlo públicamente, sin miedo, sin filtraciones y sin fuentes anónimas: el presidente Luis Abinader no va a promulgar el nuevo Código Penal. Lo va a devolver al Congreso con “observaciones”. No porque tenga una estrategia política brillante, sino porque no sabe cómo manejar el costo político de una decisión como esta.
Luis Abinader prometió en campaña un Código Penal moderno y actualizado, incluyendo las tres causales del aborto, presentándose como un político “progresista” y dispuesto a romper con el atraso legislativo del país. Pero hoy, frente a la realidad del poder, no sabe qué hacer. Si cumple su promesa, pierde el respaldo de los poderosos sectores conservadores y religiosos que han sostenido parte de su gobernabilidad silenciosa; si no la cumple, queda como un presidente sin palabra, rehén del cálculo político. Y todo esto, por comprometerse a cosas por puro populismo, sin medir las consecuencias.
El problema es que el apoyo de los movimientos feministas, aunque ruidoso, es numéricamente minoritario y no representa una base electoral determinante. Es decir, Abinader se metió solo en un callejón sin salida: prometió demasiado para complacer a todos, y ahora no puede cumplir sin pagar un precio político que no está dispuesto ni preparado para asumir.
El viernes 1 de agosto, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, junto a la secretaria del bufete directivo, Lía Díaz, firmaron el proyecto de ley que reforma el Código Penal dominicano y lo remitieron al Poder Ejecutivo. Desde entonces, el reloj corre: Luis Abinader tiene hasta el domingo 10 de agosto para promulgarlo o devolverlo.
La Constitución es clara: si no lo promulga ni lo observa dentro de ese plazo, la ley se publica automáticamente. Así lo establece el artículo 101. Pero el artículo 102 le ofrece una salida al mandatario: puede devolver la ley con “observaciones” dentro del mismo período.
Y eso es exactamente lo que va a hacer. No porque tenga un plan, sino porque una vez más, el presidente se encuentra atrapado entre dos fuegos políticos y no tiene la capacidad de asumir el costo de elegir un bando.
El proyecto ha sido criticado con fuerza por sectores que acusan retrocesos en materia de derechos humanos, sobre todo por la exclusión de las tres causales del aborto y otras disposiciones que limitan garantías fundamentales. La carta pública firmada por la primera dama, Raquel Arbaje, y sus hijas, en contra del Código, encendió la alarma en Palacio y marcó un antes y un después en la gestión de Abinader.
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Y aunque desde el Congreso —en especial figuras como Alfredo Pacheco— se ha querido imponer la idea de que esta ley es “un avance histórico”, el presidente no tiene ni la fuerza ni el coraje para asumirla como propia. Tampoco tiene los conocimientos políticos básicos para manejar esta bomba.
Porque hay que decirlo sin rodeos: Luis Abinader no es un político, es un tecnócrata mal disfrazado. Maneja la cosa pública como si fuera una empresa privada, con miedo escénico a la confrontación y sin visión estratégica a largo plazo. Cada vez que un tema requiere pulso político, se le nota la improvisación. Y este caso no será la excepción.
En lugar de plantarse y decidir —promulgar o vetar de frente—, tomará el camino más tibio, el más cómodo: devolverlo con observaciones. Una movida que no resuelve nada, pero le permite ganar tiempo y “pasarle la papa caliente” al Congreso, otra vez.
Y lo más grave: ni siquiera se trata de una decisión producto de una gran reflexión institucional, sino del miedo a asumir el costo de una ley que divide a la sociedad dominicana.
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La actual legislatura extraordinaria vence el martes 5 de agosto, es decir, cinco días después del envío oficial al Poder Ejecutivo. Si Abinader devuelve el Código con observaciones, quedará en manos del Congreso decidir si acoge los cambios o insiste en el texto original. Y ahí empieza otro capítulo de esta novela política, con un Congreso cada vez más dividido y una bancada oficialista que, como quedó claro esta semana, ya no le guarda respeto al presidente.
ste Código Penal ha sido la gota que desbordó la copa en las tensiones acumuladas entre el presidente Luis Abinader, su propia familia y los diputados del PRM, especialmente aquellos del ala política tradicional que él ha ignorado, maltratado y humillado desde que llegó al poder. La carta firmada por la primera dama Raquel Arbaje y sus hijas —oponiéndose públicamente al proyecto— dejó en evidencia una fractura dentro del propio núcleo presidencial, mientras la reacción furiosa de Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, reveló el profundo resentimiento de los legisladores perremeístas, quienes se sienten usados y luego descartados por un presidente que no los consulta, no los reconoce y los trata como simples peones.
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Durante cuatro años, Abinader ha preferido rodearse de tecnócratas, empresarios y funcionarios de confianza personal, excluyendo sistemáticamente a los cuadros políticos que lo llevaron al poder, y ahora, frente a una ley tan controversial, esos mismos dirigentes le están cobrando la factura. El Código Penal ha hecho visible lo que ya se comentaba a media voz: que Abinader gobierna sin partido, sin base y, ahora, incluso sin familia política unida. Esta es la cereza del pastel: un presidente atrapado entre su casa, su partido y su falta de instinto político.
Mientras tanto, nosotros lo afirmamos primero y sin rodeos:
Luis Abinader no va a promulgar este Código Penal. No porque sea un defensor de derechos ni porque escuche a la gente. Sino porque, como siempre, prefiere evadir el costo político y patear la pelota.
Cuando llegue el 10 de agosto, el país verá lo que ya hoy advertimos: el presidente, otra vez, no decide. Solo reacciona.
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