Cuando la corrupción escala, la responsabilidad también: Abinader, Paliza y Carolina Mejía ante el caso SeNaSa
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El caso SeNaSa no es un episodio aislado ni una simple desviación administrativa. Por la magnitud de los montos, la duración del esquema y las declaraciones bajo interrogatorio, estamos ante un patrón de captura del Estado para fines político-electorales. Y cuando la corrupción alcanza ese nivel, la responsabilidad ya no se agota en los ejecutores directos: asciende, inevitablemente, hasta la cúspide del poder.
Luis Abinader: gobernar es decidir a quién se le da espacio
El presidente Luis Abinader debe responder políticamente por el modelo que ha permitido que empresarios operen con la lógica del enriquecimiento y la captura institucional. No se trata solo de “manzanas podridas”, sino de un entorno permisivo donde contratistas, intermediarios y funcionarios construyen redes estables para extraer rentas del Estado y, según las declaraciones, canalizarlas hacia campañas electorales.
Gobernar implica fijar límites claros, cerrar accesos indebidos y ejercer control real sobre los órganos bajo su mando. Cuando un director de una entidad clave como Senasa puede, durante años, articular cobros ilegales, cambiar modalidades para evadir trazabilidad y sostener el esquema incluso después de elecciones, el problema no es solo individual: es sistémico. Y ese sistema se consolidó bajo esta administración.
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José Ignacio Paliza: un presidente de partido ausente
Si las acusaciones describen financiamiento político irregular, la responsabilidad del partido es ineludible. José Ignacio Paliza, como presidente del PRM, ha sido un dirigente de adorno frente a los riesgos más graves: no vigila, no fiscaliza, no actúa. No existe una relación funcional y exigente entre partido y gobierno; hay silencio.
Un partido que gobierna no puede limitarse a administrar candidaturas y actos. Debe establecer controles internos, exigir rendición de cuentas y reaccionar cuando surgen señales de captura institucional. Nada de eso ocurrió. Mientras el esquema operaba —según los testimonios—, el partido miró hacia otro lado.
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Carolina Mejía: la secretaría general que no se pronuncia
La secretaria general del PRM, Carolina Mejía, tampoco puede alegar desconocimiento perpetuo. Su rol no es decorativo: es político y orgánico. Sin embargo, su silencio ha sido constante. No hubo advertencias públicas, no hubo llamados internos, no hubo conducción política frente a prácticas que hoy comprometen la credibilidad del partido.
Que todo esto haya ocurrido mientras Abinader, Paliza y Mejía dirigían el PRM no es un detalle menor. Es el núcleo del problema. La dirección partidaria no puede reclamar ignorancia cuando la corrupción se vuelve estructural y se vincula al financiamiento electoral.
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Más allá de los imputados
Los nombres de Santiago Hazim, José Pablo Ortiz Giráldez, Eduardo Read Estrella o Germán Robles explican el cómo. Pero Abinader, Paliza y Carolina Mejía deben explicar el por qué y el para qué: por qué se toleró un ecosistema de intermediación corrupta y para qué se permitió que recursos públicos terminaran —presuntamente— financiando campañas.
La lucha contra la corrupción no se mide solo por arrestos tardíos. Se mide por prevención, control y conducción política. En el caso Senasa, esas tres fallaron. Y cuando fallan, la responsabilidad es, ante todo, del liderazgo que gobierna y dirige el partido.
Si el PRM quiere preservar alguna autoridad moral, debe empezar por reconocer que el problema no fue solo SeNaSa. Fue la falta de dirección política en la cúspide.
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