Abinader se hace de la vista gorda para modificación de la Ley de la DNI ( Ante la falta de Liderazgo entonces el Autoritarismo)
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El reciente proyecto de modificación de la Ley 1-24, que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), sometido ayer por el Poder Ejecutivo, ha puesto de manifiesto una vez más la tendencia preocupante del presidente Luis Abinader de actuar en contradicción con sus promesas y declaraciones. Aunque Abinader afirmó en su momento que, si era necesario, modificaría la ley para proteger los derechos fundamentales de las personas, la realidad es que hasta ahora se ha hecho de la vista gorda respecto a los aspectos más lesivos de esta legislación.
La modificación, presentada por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, y depositada en el Senado, incluye algunas enmiendas que intentan corregir los elementos más controvertidos del texto original. Entre ellos, se destaca la transformación del artículo 11, que en su versión previa obligaba a todas las dependencias del Estado, instituciones privadas e incluso a personas físicas a entregar información a la DNI sin necesidad de un proceso judicial adecuado. Este artículo violaba directamente derechos constitucionales como la intimidad, el honor y la libertad de expresión. Sin embargo, aunque se han realizado ciertos cambios, la esencia de la ley sigue manteniendo un fuerte control sobre los ciudadanos, lo que evidencia señales dictatoriales.
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Un maquillaje a la ley del DNI de Abinader que sigue atentando contra los derechos
El nuevo artículo 11 establece que cualquier información necesaria para la DNI que requiera "procedimientos especiales de obtención" debe estar sometida a control judicial, según lo establecido en el Código Procesal Penal. Aunque esto podría parecer un avance, la realidad es que el cambio solo maquilla una problemática de fondo: el amplio poder que sigue ostentando la DNI para obtener información. La propuesta sigue permitiendo que, bajo la excusa de "seguridad nacional", se puedan violar derechos fundamentales de los dominicanos.
La eliminación del párrafo que autorizaba a la DNI a acceder automáticamente a bases de datos públicas y privadas también es una modificación superficial. Aunque suena positivo, no deja de ser un parche temporal, pues sigue latente la posibilidad de abuso de poder bajo otros términos de la ley.
Amenazas y sanciones judiciales como herramienta de control
El artículo 26, que prevé sanciones de hasta tres años de prisión para quienes oculten informaciones requeridas por la DNI, tampoco es una solución adecuada. Ahora solo se impondrán estas penas si existe una autorización judicial previa, pero esto no evita que las personas o instituciones sean intimidadas o presionadas para colaborar bajo la amenaza de consecuencias legales. Abinader parece haber olvidado que este tipo de leyes, aunque aparentemente reguladas por la justicia, pueden ser fácilmente manipuladas para perseguir a quienes el poder considere una amenaza.
Abinader: ¿Un defensor de la Constitución o un autoritario disfrazado?
Desde que llegó al poder, el presidente Abinader ha dado discursos en los que se posiciona como un defensor de la democracia y los derechos humanos. Sin embargo, acciones como las relacionadas con esta ley muestran una clara contradicción entre sus palabras y sus actos. Aunque en varias ocasiones ha dicho que modificaría cualquier ley que lesione derechos fundamentales, en la práctica ha sido lento en actuar, permitiendo que leyes como la de la DNI sigan operando en contra de los intereses de la ciudadanía.
Es evidente que el gobierno de Abinader sigue concentrando poder en instituciones como la DNI, con facultades que podrían fácilmente ser utilizadas para reprimir a la sociedad civil, los medios de comunicación y a cualquier disidente que cuestione la gestión gubernamental.
Si bien el nuevo proyecto incluye algunas prohibiciones como la discriminación por motivos de raza, religión o género, y protege las fuentes periodísticas, el alcance de la ley sigue siendo amplio y su potencial de abuso es alarmante.
Una peligrosa senda hacia el autoritarismo
El accionar del gobierno en este caso recuerda las prácticas de regímenes autoritarios, donde las leyes que supuestamente buscan "proteger la seguridad nacional" terminan siendo herramientas para perseguir a quienes piensan diferente. Las señales dictatoriales son claras: concentración de poder, control de la información y restricciones a la libertad de expresión.
La propia Constitución dominicana, en su artículo 49, garantiza la libertad de expresión, el derecho a la privacidad y la protección de los datos personales. Sin embargo, el presidente Abinader parece estar caminando por una senda que contradice estos principios fundamentales, utilizando un enfoque autoritario para consolidar su control sobre las instituciones del Estado.
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¿Un cambio real o solo promesas vacías?
A estas alturas, la pregunta clave es si el presidente Abinader realmente está comprometido con la protección de los derechos humanos y la democracia o si está utilizando tácticas que favorecen el autoritarismo. La modificación de la Ley de la DNI, tal como está planteada, parece más una estrategia para calmar las críticas que una verdadera intención de respetar la Constitución y los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Si Abinader realmente quiere demostrar que está del lado de la transparencia y los derechos humanos, debería ir más allá de simples modificaciones cosméticas a la ley. Es fundamental que el gobierno revise profundamente las facultades de la DNI y establezca mecanismos claros para evitar cualquier abuso de poder. De lo contrario, solo estará fortaleciendo su imagen como un líder que, lejos de proteger a su pueblo, lo somete a la vigilancia y control, en una peligrosa deriva hacia el autoritarismo.
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