En 2021, por decreto del presidente Luis Abinader, se contrató a un grupo de abogados con el objetivo de recuperar bienes y recursos del Estado involucrados en casos de corrupción. Este equipo, conocido como el Equipo de Recuperación del Patrimonio Público, está compuesto por 21 abogados y coordinado por Jorge Luis Polanco Rodríguez (este suena para ser el proximo procurador de la Republica). Su tarea es titánica: recuperar cientos de millones de pesos a cambio de un honorario del 15% del patrimonio público recuperado.

«Logros» y Contratos Millonarios

Uno de los casos más destacados es la Operación Calamar, donde se han alcanzado acuerdos que suman 2,570,550,078 pesos. Los acusados en esta operación, incluyendo a Fernando Crisóstomo Herrera, Ramón Emilio Jiménez Collie, alias Mimilo, y José Ureña, entre otros, han acordado devolver sumas significativas:

• Fernando Crisóstomo Herrera: 1,101,770,078 pesos en efectivo.
• Ramón Emilio Jiménez Collie: 715 millones de pesos.
• José Ureña: 500 millones de pesos.
• Baldemar Andriw Ovalle Sánchez: 32 millones de pesos.
• Camilo Andrés Peña: 1,780,000 pesos.
• Ángel Lockward: 220 millones de pesos.

Por estos acuerdos, los abogados recibirían más de 385 millones de pesos, lo que destaca la magnitud del trabajo y la importancia de estos acuerdos para las arcas del Estado.

Facultades y Obstáculos

El Equipo de Recuperación del Patrimonio Público con formado por el presidente Abinader, tiene la potestad de realizar acuerdos civiles y extrajudiciales con empresas y personas no acusadas formalmente por el Ministerio Público.

Esta capacidad ha permitido recuperar recursos en casos como la operación Medusa, donde el principal imputado es el exprocurador Jean Alain Rodríguez.

A pesar de los avances y las sentencias obtenidas, los abogados aún no han recibido pagos por sus honorarios. Aunque ya se han producido sentencias sobre acuerdos penales abreviados, como en el caso Antipulpo en febrero de 2023, el equipo de abogados contratado no ha recibido «ni un céntimo» por sus honorarios. Según las fuentes entrevistadas, hay que agotar «todo un proceso» para que se efectúen estos pagos.

Casos Destacados y Recuperaciones

El juez del Séptimo Juzgado de Instrucción validó los acuerdos con Francisco Pagán, exdirector de la desaparecida Oficina Supervisora de Obras del Estado (OISOE), quien fue condenado a penas suspendidas y a entregar al Estado 35 millones de pesos y un jeep BMW modelo X5 XDrive del año 2017. Sin embargo, los abogados aún no han recibido sus honorarios correspondientes.

Otro caso relevante es la Operación Medusa, donde se han aprobado acuerdos con 21 imputados. En estos acuerdos, se incluye la recuperación de casi 180 millones de pesos, como los 144 millones comprometidos por el empresario Lisandro José Macarrulla Martínez, quien admitió haber pagado sobornos para ser beneficiado con la construcción de un lote de la cárcel Nueva Victoria.

Desafíos Legales y Reconocimientos

En los casos de corrupción Coral, Medusa y Antipulpo, los acusados han solicitado a los jueces excluir al Equipo de Recuperación del Patrimonio Público, pero estas solicitudes han sido rechazadas por los magistrados. Esto reafirma la legitimidad y necesidad del equipo en los procesos judiciales.

Servio Tulio Castaños, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), ha recordado que los acuerdos del Ministerio Público con los acusados son herramientas legales contempladas en el Código Procesal Penal y deben hacerse conforme a la ley.

Además, la contratación de abogados privados por el Estado no es una novedad, como se evidenció en el fraude del Banco Intercontinental (Baninter), donde el Banco Central también apoderó a oficinas de abogados privados para constituirse en parte civil.

El supuesto esfuerzo por recuperar el patrimonio público y combatir la corrupción en la República Dominicana ha implicado la implementación de estrategias legales y la contratación de un equipo especializado de abogados, por el presidente Luis Abinader.

A pesar de los logros obtenidos, el proceso de recuperación y la retribución de los honorarios a los abogados sigue enfrentando desafíos. Sin embargo, este esfuerzo representa un paso significativo en la lucha contra la corrupción y en la consolidación de la transparencia y la justicia en el país.

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