Mientras el Gobierno plantea nuevas medidas para recaudar entre RD$40,000 y RD$50,000 millones adicionales mediante impuestos, aumentos de tasas y ajustes fiscales, existe una pregunta que merece formar parte del debate nacional: ¿se han agotado realmente todas las alternativas antes de pedirle un esfuerzo adicional a los ciudadanos? En un país donde millones de trabajadores, pequeños comerciantes y emprendedores enfrentan dificultades para llegar a fin de mes, resulta legítimo cuestionar si sectores altamente consolidados y beneficiados durante décadas por amplios incentivos fiscales deberían seguir recibiendo el mismo trato preferencial. El turismo ha sido una historia de éxito para la República Dominicana, pero precisamente por ese éxito es necesario revisar si algunos privilegios fiscales continúan justificándose o si ha llegado el momento de que quienes más se han beneficiado del crecimiento económico aporten una mayor cuota al sostenimiento de las finanzas públicas.
Hoy República Dominicana recibe más de 11 millones de visitantes al año, genera alrededor de US$10,000 millones en divisas y aporta cerca del 15 % del producto interno bruto de manera directa e indirecta. Además, el sector concentra algunas de las inversiones más importantes del país y mantiene altos niveles de ocupación y rentabilidad en destinos consolidados. Precisamente por ese éxito, resulta válido preguntarse si algunos de los incentivos diseñados para impulsar una industria naciente siguen siendo necesarios en los mismos términos en que fueron concebidos.
La discusión no debe plantearse entre apoyar o atacar al turismo. El turismo debe seguir siendo una prioridad nacional. La verdadera discusión es si los beneficios fiscales deben continuar concentrándose de la misma manera en sectores y proyectos que ya han alcanzado altos niveles de rentabilidad y consolidación.
Según estimaciones de distintos informes oficiales sobre gasto tributario, las exenciones vinculadas al sector turístico representan cada año decenas de miles de millones de pesos en ingresos que el Estado deja de percibir. En algunos ejercicios presupuestarios, los incentivos otorgados bajo la Ley de Fomento al Desarrollo Turístico (Confotur) han superado los RD$15,000 millones anuales. En otras palabras, una parte importante de los recursos que hoy se buscan mediante nuevos impuestos ya se encuentra identificada en beneficios fiscales vigentes.
Una alternativa responsable sería mantener los incentivos para nuevos polos de desarrollo, como Pedernales y otras zonas con menor nivel de inversión, mientras se revisan gradualmente las exenciones en destinos maduros y altamente rentables como Punta Cana, Bávaro y Cap Cana. Si una revisión parcial permitiera recuperar apenas entre un 30 % y un 40 % de las exenciones actualmente otorgadas en zonas consolidadas, el Estado podría obtener entre RD$5,000 y RD$8,000 millones adicionales por año sin afectar proyectos emergentes.
También podría establecerse un esquema donde las exenciones disminuyan una vez que los proyectos recuperen su inversión inicial o alcancen determinados niveles de rentabilidad. Por ejemplo, después de 10 o 15 años de operación, o una vez recuperado un porcentaje significativo de la inversión, los beneficios podrían reducirse de manera gradual. De esta forma, el Estado no desincentiva nuevas inversiones, pero participa de manera más justa en los beneficios generados por una industria ya consolidada.
Otra posibilidad sería aplicar una contribución especial de bajo impacto a proyectos turísticos de gran escala o fortalecer la tributación sobre dividendos y utilidades distribuidas por empresas altamente rentables del sector. Una contribución equivalente al 1 % de los ingresos de grandes complejos turísticos o un ajuste moderado en la tributación de dividendos podría generar varios miles de millones de pesos adicionales cada año. Estas medidas permitirían aumentar la recaudación sin afectar la competitividad internacional del destino República Dominicana.
Resulta difícil explicarle a una microempresa que factura apenas unos cientos de miles de pesos al año que debe cumplir rigurosamente con sus obligaciones tributarias, mientras grandes proyectos con inversiones que superan los US$100 millones continúan beneficiándose de exenciones concebidas para una realidad económica muy distinta a la actual.
El propio Gobierno ha reconocido la necesidad de recaudar más recursos. Pero si el objetivo es fortalecer las finanzas públicas sin afectar el crecimiento económico, parece razonable comenzar por revisar los privilegios fiscales donde existe una mayor capacidad contributiva.
Más aún, si el objetivo oficial es recaudar entre RD$40,000 y RD$50,000 millones adicionales en los próximos años, una revisión gradual de incentivos, combinada con mecanismos de tributación sobre utilidades y dividendos, podría aportar una parte significativa de esa meta en un plazo de uno a tres años, reduciendo la necesidad de imponer nuevas cargas sobre consumidores, trabajadores y pequeñas empresas.
Si el país necesita más ingresos, la discusión debe comenzar por quienes tienen mayor capacidad de aportar, no por quienes apenas luchan por mantenerse a flote.
Por Melvin Sena
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