La República Dominicana exige requisitos mínimos para aspirar a la Presidencia, al Congreso, a las alcaldías y a otros cargos electivos. Edad, nacionalidad, residencia, derechos civiles y políticos. Sin embargo, existe una pregunta que pocos se atreven a plantear: ¿debería una persona poder dirigir millones de ciudadanos sin demostrar previamente que posee las condiciones físicas, cognitivas y psicológicas necesarias para hacerlo?
No se trata de discriminar por una enfermedad. Se trata de garantizar que quienes toman decisiones que afectan la economía, la seguridad, la justicia y la estabilidad institucional del país tengan la capacidad real de ejercer esas funciones.
La historia mundial está llena de ejemplos donde la salud de líderes políticos afectó directamente la gobernabilidad.
Presidentes, primeros ministros y jefes de Estado han ocultado diagnósticos médicos graves, deterioros cognitivos o problemas psicológicos mientras continuaban tomando decisiones trascendentales.
Diversos estudios sobre liderazgo y toma de decisiones han demostrado que el deterioro cognitivo, el estrés extremo, algunas enfermedades neurológicas y determinados trastornos mentales pueden afectar la capacidad de análisis, el control emocional, la evaluación de riesgos y la calidad de las decisiones estratégicas.
Cuando se trata de una empresa privada, un piloto de avión o un médico cirujano, la sociedad exige certificaciones y evaluaciones periódicas. Paradójicamente, para administrar un país completo las exigencias suelen ser menores.
La discusión no es nueva.
La legislación administrativa dominicana contempla que determinados servidores públicos deben encontrarse en buenas condiciones de salud física y mental para desempeñar sus funciones. Incluso en concursos públicos administrados por el Ministerio de Administración Pública se establece expresamente este requisito.
La pregunta lógica es:
Si para ocupar algunos cargos técnicos del Estado se exige salud física y mental adecuada, ¿por qué no se aplica un criterio similar a quienes aspiran a dirigir ministerios, alcaldías, el Congreso o la Presidencia de la República?
Un chequeo físico puede detectar enfermedades cardiovasculares, neurológicas o condiciones incapacitantes.
Pero las pruebas psicológicas permiten evaluar aspectos fundamentales para el ejercicio del poder:
No se trata de impedir candidaturas por razones ideológicas o personales.
Se trata de identificar condiciones severas que puedan comprometer el ejercicio responsable del cargo.
Se argumenta que exigir evaluaciones médicas y psicológicas a quienes aspiran a cargos públicos constituye una violación a la privacidad. Sin embargo, el derecho a la privacidad no es absoluto, especialmente cuando entra en conflicto con un interés público superior. Tanto la jurisprudencia internacional como la dominicana reconocen que las personas que aspiran a ejercer funciones públicas están sometidas a un mayor nivel de escrutinio que los ciudadanos comunes, precisamente porque sus decisiones afectan derechos, recursos y la estabilidad de toda la sociedad.
La propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que los funcionarios públicos y quienes buscan serlo deben tolerar un grado más amplio de examen público sobre aspectos que puedan incidir en el ejercicio de sus funciones. Del mismo modo, el Tribunal Constitucional dominicano ha sostenido en múltiples decisiones que el interés público puede justificar limitaciones proporcionales a ciertos ámbitos de privacidad cuando está en juego la transparencia, la rendición de cuentas o la protección del interés colectivo. En ese contexto, no se trataría de divulgar historiales médicos completos ni detalles íntimos de una persona, sino de certificar si posee las condiciones físicas, cognitivas y psicológicas mínimas para desempeñar un cargo de enorme responsabilidad.
De la misma forma que un piloto comercial, un juez, un militar o un agente de seguridad puede ser sometido a evaluaciones para garantizar que está apto para ejercer funciones críticas, resulta razonable debatir si quien pretende administrar un presupuesto multimillonario, dirigir las Fuerzas Armadas o tomar decisiones que impactan a millones de ciudadanos debe demostrar públicamente que se encuentra en capacidad de hacerlo. La salud de un ciudadano es un asunto privado; la capacidad de un gobernante para ejercer el poder es un asunto de interés público.
El gran problema dominicano: la cultura de la falsificación
Aquí surge el principal obstáculo.
Muchos ciudadanos inmediatamente pensarán:
Y es una preocupación legítima.
Un sistema de evaluación médica y psicológica sería inútil si pudiera comprarse con dinero o influencias.
Por eso cualquier reforma debería incluir:
Y, sobre todo, sanciones ejemplares para quienes alteren diagnósticos.
Un médico que emita una certificación falsa para permitir que una persona incapaz administre recursos públicos o dirija instituciones estratégicas no estaría cometiendo una simple falta administrativa.
Estaría poniendo en riesgo la estabilidad institucional del país.
Las sanciones podrían incluir:
Si un certificado falso permite que una persona sin capacidad adecuada llegue a una posición de poder, las consecuencias pueden afectar a millones de ciudadanos.
También hay que reconocer el peligro contrario.
La historia demuestra que algunos gobiernos han utilizado diagnósticos médicos o psiquiátricos para perseguir opositores.
Por eso cualquier mecanismo debe construirse bajo principios de:
La finalidad debe ser proteger la democracia, no restringirla.
Este debate inevitablemente conduce a otro.
Muchos ciudadanos consideran que además de salud física y mental deberían existir estándares mínimos de formación para determinados cargos.
Sin embargo, organismos internacionales han advertido que requisitos excesivos pueden terminar excluyendo sectores importantes de la población y restringiendo la participación democrática.
Por eso la discusión sobre educación es más compleja.
La salud y la capacidad funcional tienen una relación directa con el desempeño del cargo.
La formación académica, en cambio, puede suplirse parcialmente mediante equipos técnicos y asesores.
Un país no debería descubrir después de una elección que la persona escogida para dirigir una institución estratégica carecía de las condiciones físicas, cognitivas o psicológicas para hacerlo.
La democracia no consiste únicamente en permitir que cualquiera aspire.
También implica garantizar que quienes administran el poder tengan la capacidad mínima para ejercerlo responsablemente.
Porque cuando un líder falla por incapacidad comprobable, no paga únicamente el político.
Paga toda la nación.
Por Melvin Sena
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