Aportes políticos desde el ITLA: señalamientos, contexto institucional y un debate pendiente sobre la dirección pública
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Un grupo de empleados del Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA) estaría realizando aportes económicos periódicos, equivalentes a un porcentaje de sus salarios, para sostener el movimiento político Jóvenes Unidos por el Cambio, organización fundada y coordinada por el actual rector de la institución, Rafael Féliz García. Así lo indican documentos, testimonios y comprobantes bancarios a los que tuvo acceso N Investiga.
El ITLA, único centro especializado en educación tecnológica del país, es dirigido por Féliz García desde el 17 de julio de 2024, luego de haber ocupado el cargo de ministro de la Juventud. Para el año 2025, la institución administra un presupuesto que ronda los 1,200 millones de pesos, destinados principalmente a becas, expansión académica e infraestructura, así como al funcionamiento operativo.
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De acuerdo con la nómina de noviembre de 2025, la más reciente publicada en el portal institucional, el ITLA cuenta con 655 empleados fijos y una masa salarial mensual que supera los 25.8 millones de pesos. Según la información recabada, solo una parte de estos servidores públicos forma parte del movimiento Jóvenes Unidos por el Cambio, cuya estructura nacional tendría alrededor de 300 integrantes.
Los datos disponibles señalan que algunos empleados vinculados al referido movimiento transfieren mensualmente el 5 % de su salario a una cuenta bancaria asociada a la organización política. Estos pagos se realizan de manera sistemática, coincidiendo con los depósitos de nómina, y no involucran a la totalidad del personal de la institución. No obstante, el hecho de que los aportantes sean empleados públicos y que el beneficiario sea un movimiento político fundado y coordinado por el propio rector plantea interrogantes legítimas sobre conflictos de interés, uso de influencia jerárquica y los límites éticos entre la gestión pública y la actividad partidaria.
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Aunque no se ha establecido públicamente que dichos aportes sean obligatorios, el contexto institucional en el que se producen resulta sensible. La administración de una entidad académica estatal, financiada con fondos públicos y llamada a regirse por principios de neutralidad política, transparencia y mérito, exige un estándar particularmente alto de separación entre funciones administrativas y proyectos de naturaleza político-partidaria.
Más allá de la legalidad estricta del caso, el episodio reabre un debate más amplio sobre la concentración de poder, la permanencia prolongada de determinados funcionarios en distintas posiciones del Estado y la necesidad de oxigenar la gestión pública. Rafael Féliz García ha ocupado cargos relevantes en la actual administración y, para muchos observadores, su ciclo dentro de estas gestiones de gobierno podría considerarse cumplido.
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En ese contexto, una salida institucionalmente sensata para el presidente de la República sería evaluar un relevo en la rectoría del ITLA. Santo Domingo Este, uno de los municipios más poblados y dinámicos del país, cuenta con profesionales altamente capacitados, con experiencia en gestión pública, educación y tecnología, que no solo podrían asumir con solvencia la dirección de la institución, sino que además representan un territorio al que el oficialismo le reconoce una deuda política acumulada.
Un cambio en la dirección del ITLA, acompañado de criterios claros de idoneidad, independencia y compromiso con la institucionalidad, no solo contribuiría a despejar cuestionamientos éticos, sino que también fortalecería la confianza ciudadana en una de las entidades educativas más estratégicas para el desarrollo tecnológico y productivo de la República Dominicana.
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