El Problema de la Reforma Fiscal de Abinader: Más Gasto y Sin Reducción Significativa de la Deuda del País
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El debate sobre la reforma fiscal que propone el presidente Luis Abinader, ha generado controversias que no podemos ignorar. En esencia, hay dos maneras principales en las que se pudo haber planteado la reforma: atacar la evasión fiscal o eliminar exenciones. Ambas estrategias tienen implicaciones muy diferentes, pero el gobierno ha optado por el camino más fácil y, lamentablemente, el más perjudicial para la mayoría de la población.
La evasión fiscal es un problema significativo en cualquier economía, y en la nuestra no es la excepción. Grandes empresas y sectores con recursos encuentran formas de no pagar lo que les corresponde en impuestos.
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En vez de poner el peso de la reforma fiscal de Abinader en la persecución de estas prácticas ilegales, el gobierno ha decidido centrarse en eliminar exenciones, principalmente del ITBIS en áreas productivas, que van a transferir esos impuesto al consumidor final, que es el impuesto al consumo que pagamos cada vez que compramos productos y servicios.
El problema con eliminar exenciones del ITBIS es que afecta directamente a los sectores más vulnerables de la población. La mayoría de los productos básicos en la economía dominicana están sujetos a este impuesto, y cuando esas exenciones se eliminan, el impacto es mayor en las personas con ingresos bajos. En otras palabras, mientras los sectores más ricos tienen la capacidad de absorber el costo de los aumentos en precios, la clase trabajadora y las familias de bajos ingresos verán cómo su poder adquisitivo se reduce drásticamente.
El gobierno planea recaudar 122 mil millones de pesos con esta reforma, y aproximadamente el 60% de esa suma proviene de la eliminación de exenciones al ITBIS. Si nos detenemos a pensar en esto, vemos que la agresividad de la reforma fiscal no está dirigida a resolver los problemas estructurales de la evasión, sino a cargar a las personas que ya están luchando para llegar a fin de mes con un mayor peso impositivo.
Además, uno de los aspectos más preocupantes de esta reforma es la falta de un enfoque claro para atacar la evasión fiscal. No se han propuesto mecanismos directos en la ley que enfrenten de manera efectiva a los evasores, lo que hace que esta reforma parezca incompleta. Claro, es posible que de manera indirecta se logre reducir algo de evasión, pero no hay un plan contundente ni medidas específicas en ese sentido.
Por otro lado, el objetivo final de la reforma también resulta confuso. Según el Ministro de Hacienda, Jorge Vicente, se espera financiar 110 mil millones de pesos adicionales de gastos que no están contemplados en el presupuesto de 2025. Si sumamos esos nuevos gastos y restamos los 122 mil millones que el gobierno planea recaudar, apenas quedan 12 mil millones destinados a reducir el déficit fiscal. Esta cifra es sorprendentemente baja para una reforma que se supone tiene como meta principal reducir la deuda futura.
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Lo que esta reforma nos deja es una dura realidad: se están aumentando los impuestos no para reducir la deuda o el déficit, sino para gastar más. El gobierno nos está pidiendo que paguemos más, pero sin garantizarnos que ese dinero será bien utilizado. Si vemos ejemplos como el sistema de emergencias 9-11, cuya calidad ha decaído en los últimos años, podemos preguntarnos con razón si el gobierno está realmente preparado para gastar mejor.
En resumen, esta reforma fiscal de Abinader representa una oportunidad perdida.
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En lugar de abordar el problema de la evasión fiscal de manera frontal, se ha optado por una medida que afecta a los más vulnerables. Y peor aún, no parece que ese dinero adicional se vaya a utilizar para mejorar los servicios o reducir la deuda, sino para aumentar el gasto gubernamental sin una clara estrategia de eficiencia.
El gobierno tiene una responsabilidad con la población, especialmente con quienes menos tienen. Si la reforma sigue este camino, los más afectados serán los que menos pueden permitírselo, y eso es algo que no podemos ignorar.
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