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Catalino Correa: la verdad detrás de su declaración y la era digital que desnuda a los políticos dominicanos

Catalino Correa: la verdad detrás de su declaración y la era digital que desnuda a los políticos dominicanos

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Melvin SenaMELVIN SENA/25 SEPT DE 2025/1 MIN/0 VISTAS

Recientemente, Catalino Correa, ex Contralor General de la República Dominicana, publicó un tuit asegurando que ni él ni sus hijos son accionistas de la empresa Corgari y que no realizaron ninguna venta al Estado dominicano durante su gestión. Sin embargo, documentos oficiales de la Cámara de Cuentas parecen contradecir sus declaraciones.

En la Declaración Jurada de Patrimonio de Catalino Correa, presentada ante la Cámara de Cuentas, se evidencia un registro bajo la sección “Cuentas por cobrar” en el que Inversiones Corgari SRL figura como deudor, con un monto pendiente de 13,560,000 pesos dominicanos. Este registro refleja que, directa o indirectamente, existía una relación económica relevante entre Correa y la mencionada empresa durante su gestión.

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Este tipo de contradicciones no solo cuestionan la transparencia y la honestidad de un funcionario, sino que también evidencian un problema mayor: la falta de preparación de muchos políticos dominicanos para la era digital. Hoy, toda la información relevante está disponible en línea y puede ser verificada en cuestión de minutos. La negación de hechos comprobables muestra una desconexión preocupante con la realidad y refleja un gobierno que ha perdido la confianza de la ciudadanía.

En un país donde la transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales, la gestión de funcionarios que parecen desconocer el alcance de la información digital solo contribuye a reforzar la percepción de corrupción y falta de credibilidad. La era digital no permite esconder hechos, y los ciudadanos están cada vez más atentos a las inconsistencias entre lo que se dice y lo que realmente ocurre.

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Catalino Correa no es un caso aislado:

es un ejemplo de cómo el poder político en República Dominicana sigue sin adaptarse a los estándares de transparencia y responsabilidad que exige la ciudadanía moderna. Mientras no se reconozca esta realidad, la confianza en las instituciones seguirá erosionándose.

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Catalino (Freddy) Correa Hiciano, suplía al Estado dominicano, a través de una de sus empresas, cuando dirigía la Contraloría General de la República, en violación a la Ley 304-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones. la empresa Inversiones Corgari, SRL, es propiedad en un 42.2% de Correa Hiciano y mostró como el excontralor indicó en su declaración jurada de bienes que le adeudaba a la misma RD$13,500,000. Además de indicar que este decía que la empresa era propiedad de sus “hermanos e hijos.”, esta empresa ofreció servicios a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, Cámara de Cuentas, Ministerio Administrativo de la Presidencia, Súperate y “más de 20 instituciones del gobierno del cambio”.

“Una empresa de negocios y termina en una empresa que suple alimentos

Nota aclaratoria:
Algunas informaciones contenidas en este artículo tienen carácter especulativo, fundamentadas en el análisis de hechos públicos y en el comportamiento reciente de los actores mencionados, así como en una filtración genuina proveniente de una fuente de entero crédito. En virtud de los principios éticos del periodismo y del marco legal nacional e internacional, nos reservamos el derecho de proteger la identidad de dicha fuente, conforme a lo establecido en el Artículo 49 de la Constitución de la República Dominicana, que garantiza la libertad de expresión e información, así como el derecho a mantener el secreto profesional. Este derecho también está respaldado por instrumentos internacionales como el Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y los principios establecidos por la UNESCO y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la libertad de prensa. La protección de nuestras fuentes es no solo un derecho, sino un deber ético frente al interés público y la democracia.

https://youtu.be/yFosR6SHA48

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