AERODOM impone nuevo cargo a couriers en República Dominicana; justifican medida para “recuperar la inversión” y cubrir los US$775 millones entregados al Gobierno de Abinader
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Desde el pasado 1 de septiembre de 2025, entró en vigor un nuevo cargo aplicado a los paquetes que ingresan al país a través de los servicios de courier. Según informaron fuentes oficiales de AERODOM, se trata de un cobro de US$0.12 por libra (aproximadamente US$0.25 por kilogramo) que afecta a todas las importaciones de este tipo.
El cargo fue aprobado por la Comisión Aeroportuaria y es implementado por Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) en coordinación con la Dirección General de Aduanas (DGA). La justificación de las autoridades es que este ingreso servirá para cubrir los costos de operación y mantenimiento del nuevo Centro Logístico de Carga de Correo Expreso, ubicado en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), y que busca agilizar los procesos aduanales, fortalecer la seguridad y mejorar el manejo de mercancías.
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Relación con la renegociación de Aerodom
Este anuncio llega tras la polémica renegociación del contrato de concesión con Aerodom, que extiende el control de los principales aeropuertos del país hasta el año 2060. Como parte del acuerdo, el Estado dominicano recibió un pago inicial de US$775 millones y se proyectan ingresos totales de entre US$1,905 y US$2,155 millones en las próximas décadas, según datos oficiales de la Presidencia.
No obstante, la aplicación de este nuevo cargo ha generado preocupación en sectores de consumidores y pequeños comerciantes, quienes lo califican como un “impuesto encubierto” que encarece los costos de importación para los ciudadanos.
Críticas y cuestionamientos
Aunque las autoridades sostienen que se trata de un cobro legítimo y necesario para sostener las inversiones en infraestructura aeroportuaria, críticos del modelo señalan que, en la práctica, los ciudadanos terminan financiando las operaciones de una empresa privada que ya obtuvo millonarias concesiones por parte del Estado.
Organizaciones de defensa de los consumidores y asociaciones ligadas al comercio electrónico han advertido que este tipo de medidas afectan directamente a la clase media y a los emprendedores, que dependen de las compras en el extranjero para suplir productos tecnológicos, de moda o insumos de trabajo.
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