Con lo del contratos de Aerodom queda demostrado que los Vicini y los políticos son la maldición de la República Dominicana
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El nuevo contrato de Aerodom ha generado controversia en la escena política dominicana, particularmente con afirmaciones de que podría considerarse un despojo al país. Sin embargo, es fundamental observar la historia de esta concesión y el papel de diversas figuras políticas, como Leonel Fernández, en la configuración de acuerdos previos.
En el pasado, durante el gobierno de Leonel Fernández en 1999, los aeropuertos del país fueron concesionados a una familia específica, lo que ha sido criticado por algunos como un regalo cuestionable. Ahora, con el nuevo contrato en discusión bajo la administración de Luis Abinader, la sociedad dominicana se enfrenta nuevamente a la posibilidad de no cambié en la gestión aeroportuaria.
Es notable que, a lo largo de los años, la empresa concesionaria, Aerodom Vinci Airports, ha experimentado beneficios sustanciales. Los ingresos reportados muestran un patrón significativo:
- 2017: - US$4,600,000.00
- 2018: US$23,100,000.00
- 2019: US$41,400,000.00
- 2020: - US$5,000,000.00
- 2021: US$33,000,000.00
- 2022: US$44,600,000.00
Promedio anual (en 6 años): US$22,000,000.00
Sin embargo, la controversia radica en la aparente falta de contrapartida para el Estado dominicano en calidad de concesionario. Bajo el Contrato de Concesión Original suscrito durante la administración de Leonel Fernández, el Estado no recibió beneficios económicos directos, un aspecto que algunos críticos consideran desfavorable para el país.
La crítica principal proviene de la falta de equidad en la distribución de los beneficios generados por la operación de los aeropuertos. A pesar de los notables ingresos para Vinci Airports, el Estado dominicano no ha recibido contraprestaciones económicas significativas a lo largo de estos años.
Es crucial destacar que, si bien las críticas a la gestión actual son válidas, la responsabilidad ciudadana juega un papel crucial en este escenario. La sociedad dominicana tiene el poder y la obligación de expresar sus inquietudes y exigir transparencia en la gestión de activos tan cruciales como los aeropuertos. La participación activa de los ciudadanos puede ser determinante para influir en el destino de estos contratos y garantizar que los intereses nacionales sean primordiales.
En resumen, el debate sobre el contrato de Aerodom destaca la importancia de aprender de la historia y abordar la necesidad de una gestión más equitativa y transparente en la concesión de activos clave para el desarrollo del país.
La sociedad dominicana, alzando su voz, puede influir en la toma de decisiones y asegurar que los intereses colectivos prevalezcan en la configuración de futuros contratos.
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