¿UN MENSAJE SUTIL AL PODER? JOSÉ ALEJANDRO VARGAS REIVINDICA LA CONSTITUCIÓN EN MEDIO DE LA POLÉMICA SOBRE LA NACIONALIDAD Y LA IDENTIDAD DOMINICANA
Por Melvin Sena | Hackeando el Sistema Hay publicaciones que, por su contenido y por el momento en que aparecen, adquieren una dimensión que trasciende el mensaje escrito. Ese podr...
Por Melvin Sena | Hackeando el Sistema
Hay publicaciones que, por su contenido y por el momento en que aparecen, adquieren una dimensión que trasciende el mensaje escrito. Ese podría ser el caso del artículo titulado «Vivir en Constitución», publicado por el juez José Alejandro Vargas en Acento, en medio de una controversia nacional sobre iniciativas legislativas relacionadas con la documentación de personas cuya nacionalidad dominicana no ha podido acreditarse.
Aunque Vargas no menciona directamente al Partido Revolucionario Moderno (PRM), ni hace referencia expresa al proyecto de la diputada oficialista Maribel Almánzar de Ogando, sus planteamientos sobre la supremacía constitucional, los límites del poder público y la responsabilidad de las autoridades adquieren especial relevancia en la coyuntura actual.
Y hay una frase que merece ser leída con detenimiento:
«El imperio de la Constitución comienza y florece cuando los poderes públicos admiten su supremacía y asumen el compromiso de cumplirla, aun cuando sus mandatos contraríen la conveniencia personal o sectorial».
¿Es simplemente una reflexión jurídica sobre el Estado de derecho o también puede interpretarse como una advertencia oportuna frente a determinadas actuaciones del poder político?
EL DEBATE SOBRE LA NACIONALIDAD NO PUEDE DESARROLLARSE AL MARGEN DE LA CONSTITUCIÓN
La controversia comenzó a tomar fuerza cuando se conoció el anteproyecto presentado por la diputada Maribel Almánzar de Ogando, del PRM, que propone crear un mecanismo de identificación especial para personas que han vivido en República Dominicana utilizando documentación dominicana, pero cuya nacionalidad no pueda acreditarse jurídicamente después de las verificaciones correspondientes.
La propuesta contempla una identificación con la inscripción «NO VOTA» y la indicación «Nacionalidad no determinada» cuando corresponda.
Aunque la iniciativa no contempla otorgar automáticamente la nacionalidad dominicana, sí abre un debate jurídico y político sobre los alcances de la documentación estatal, el reconocimiento de la identidad y las consecuencias de establecer mecanismos especiales para personas cuya situación jurídica todavía no está definida.
La preocupación de distintos sectores no debe despacharse como una simple controversia política. Se trata de determinar hasta dónde puede llegar el Estado en materia de documentación sin desnaturalizar las disposiciones constitucionales sobre nacionalidad.
El PRM, por su parte, rechazó institucionalmente el anteproyecto y pidió a la legisladora desistir de su iniciativa. Sin embargo, el episodio vuelve a colocar sobre la mesa una discusión que República Dominicana no puede abordar con improvisaciones ni ambigüedades.
LA CONSTITUCIÓN NO PUEDE CONVERTIRSE EN UN INSTRUMENTO DE CONVENIENCIA POLÍTICA
Vargas insiste en que los derechos fundamentales no son concesiones de los gobernantes y que la Constitución representa un límite para las actuaciones de todos los poderes públicos.
Esta consideración es fundamental para entender la dimensión del debate migratorio y de nacionalidad.
República Dominicana tiene obligaciones de protección de los derechos humanos, debe garantizar la identidad jurídica de las personas y respetar los procedimientos establecidos en sus leyes. Pero esas obligaciones no significan que el Estado pueda desconocer las condiciones constitucionales que determinan quiénes son dominicanos.
El artículo 18 de la Constitución establece quiénes son dominicanos y bajo cuáles condiciones se adquiere esa nacionalidad. No se trata de una disposición secundaria ni de un asunto que pueda resolverse mediante interpretaciones políticas coyunturales.
La diferencia entre reconocer la identidad de una persona y reconocerle la nacionalidad dominicana es esencial. Confundir ambos conceptos puede producir consecuencias jurídicas e institucionales que deben ser examinadas con rigor.
¿HACIA DÓNDE SE DIRIGE EL DEBATE MIGRATORIO DEL PAÍS?
La discusión tampoco puede separarse de las preocupaciones existentes sobre la presión migratoria haitiana, el control fronterizo, la documentación irregular y la capacidad institucional del Estado dominicano para hacer cumplir sus propias leyes.
Durante años, la sociedad dominicana ha reclamado una política migratoria coherente, controles efectivos y una defensa de la soberanía nacional que no dependa de las circunstancias políticas del momento.
Por eso, cada iniciativa relacionada con la documentación de extranjeros o personas cuya nacionalidad no está determinada debe examinarse con especial rigurosidad.
No es responsable convertir cualquier mecanismo de identificación en una acusación automática de desnacionalización. Pero tampoco sería responsable ignorar las posibles consecuencias de políticas que, sin controles suficientes, terminen creando mecanismos de reconocimiento documental incompatibles con el ordenamiento jurídico.
La preocupación de quienes advierten sobre una posible haitianización de la República Dominicana debe abordarse desde hechos verificables, decisiones institucionales y consecuencias concretas, no desde consignas.
UN RECORDATORIO QUE LAS AUTORIDADES NO DEBERÍAN IGNORAR
El artículo de José Alejandro Vargas termina con una afirmación que resume toda su reflexión:
«Recordamos hoy que nadie está por encima de la Constitución».
Esa es precisamente la cuestión que debe permanecer en el centro del debate nacional.
Ningún partido político, legislador, funcionario, organismo internacional o sector de poder puede colocarse por encima de la Constitución dominicana. Tampoco puede utilizarse la protección de los derechos fundamentales como argumento para desconocer las normas que regulan la nacionalidad.
La República Dominicana necesita una política migratoria firme, una administración documental rigurosa, instituciones independientes y procedimientos que garanticen tanto los derechos legítimos de las personas como la protección de su soberanía.
El mensaje de Vargas, aunque no mencione directamente la controversia, deja planteada una reflexión que resulta imposible ignorar en este contexto: los poderes públicos no pueden actuar según sus conveniencias particulares o sectoriales cuando están en juego los principios fundamentales del orden constitucional.
Porque la defensa de los derechos humanos y la defensa de la soberanía nacional no tienen por qué ser objetivos contradictorios.
La Constitución no puede aplicarse selectivamente. Y la nacionalidad dominicana tampoco puede convertirse en materia de experimentación política.
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