Cuando un presidente (Abinader), convierte su partido en empresa y su muñeco de escritorio (Paliza), en gerente sin criterio: así cayó el PRM en manos del narco

En cualquier democracia funcional, cuando el presidente de un partido como José Ignacio Paliza, admite públicamente haber llenado su boleta de narcotraficantes, lavadores y operadores criminales estaría enfrentando un proceso inmediato de cancelación. Pero en República Dominicana, donde el Partido Revolucionario Moderno fue transformado en una empresa privada al servicio de Luis Abinader, todos sabemos que eso no va a pasar.

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Y sin embargo, debería pasar, porque las responsabilidades tienen nombre y apellido.

La crisis del PRM no surgió por accidente.

Fue fabricada desde arriba, cuando Abinader decidió convertir al partido en una extensión administrativa de su Gobierno, anulando la estructura política, silenciando a los dirigentes de verdad y colocando a José Ignacio Paliza —un político sin carácter y sin formación estratégica— como su títere oficial.

Paliza nunca dirigió el partido; simplemente ejecutó órdenes. Y ahora, cuando la boleta del PRM está contaminada por más de una docena de narco-candidatos, es él quien aparece arrastrado entre las patas de los caballos, pagando el precio de obedecer ciegamente en vez de dirigir.

Pero Paliza no es el único responsable. El ala política del PRM —los que sí sabían lo que estaban permitiendo— avaló que un grupo de no políticos, improvisados y tecnócratas sin cultura partidaria, tomara control total de la organización. Permitieron que el partido fuera administrado como si fuera una oficina privada, donde las decisiones se tomaban en función de conveniencias internas, encuestas de marketing y acuerdos de negocios, no por principios, ideología o defensa de la democracia.

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El resultado fue inevitable:
un partido sin línea, sin estructura, sin controles internos, sin depuración real… y ahora sin calidad moral.

La Ley 33-18 establece con claridad que un partido puede perder su legalidad por prácticas sistemáticas que comprometan la integridad del sistema democrático. ¿Qué más evidencia necesitan los órganos electorales que las propias admisiones públicas de Paliza, reconociendo que “faltan más” casos de narcotráfico dentro de su propia boleta? ¿Qué mayor violación al orden público que un partido gobernante infiltrado por criminalidad transnacional bajo la vista gorda de su liderazgo?

Pero como las instituciones aquí operan bajo cálculo político, la cancelación del PRM no ocurrirá, aunque jurídicamente debería. Lo que sí ocurrió es su disolución moral, su derrumbe institucional y el colapso de lo poco que quedaba de su credibilidad.

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No pasará, no con esta JCE.

Pero debería pasar, porque un partido dirigido por un presidente (Abinader), que lo trató como empresa, y por un presidente del partido (Paliza), que actuó como títere, dejó de ser organización política para convertirse en una estructura tóxica, infiltrada y sin rumbo.

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