Delegado Barrial de la alcaldia de Santo Domingo Este, Usa Armas Largas y Multas Falsas (1ra Advertencia al Alcalde Dio Astacio)
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La Asociación Dominicana de Proveedores de Internet (ASODOPI) denuncia con firmeza los abusos y actos ilegales cometidos por Abner Martínez Medrano, delegado barrial de la alcaldia de Santo Domingo Este en la Ciudad Juan Bosch, quien se ha autoproclamado de manera absurda como "mini alcalde", un título inexistente en la legislación dominicana. Según el artículo 25 de la Ley 176-07 de Ayuntamientos, los delegados barriales están sujetos a un marco legal específico que no contempla las facultades que este individuo ha estado ejerciendo arbitrariamente.
Retenciones Ilegales y Multas Exorbitantes
En el último mes, Martínez Medrano ha retenido vehículos de empresas de telecomunicaciones autorizadas por el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) para operar en la zona de Santo Domingo Este. Usurpando funciones de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) y del propio INDOTEL, ha impuesto multas ilegales de hasta 400 mil pesos, alegando operaciones supuestamente irregulares.
Estas acciones no solo carecen de sustento legal, sino que vulneran derechos fundamentales al libre tránsito y al ejercicio empresarial, protegidos por la Constitución dominicana. La retención de vehículos de empresas que proveen servicios esenciales, como el internet por fibra óptica, es una práctica ilegal e inconstitucional, y las multas impuestas carecen de validez al no provenir de un tribunal competente.
Prácticas Mafiosas y Uso de la Fuerza
La ASODOPI también denuncia que la Policía Municipal, actuando de forma paramilitar, ha interceptado vehículos en movimiento, inmovilizándolos mediante el uso de armas largas. Los vehículos son trasladados inicialmente al cuartel de bomberos de Ciudad Juan Bosch y luego a instalaciones ubicadas en la avenida Venezuela, exigiendo el pago de las multas ilegales para su liberación. Estas acciones configuran un claro abuso de poder, que raya en el secuestro y la extorsión.
Intentos de Cobros Ilegales
Se presume que detrás de estas acciones está el interés de Martínez Medrano por obtener pagos indebidos a cambio de permitir la operación de servicios de telecomunicaciones en la zona, incluyendo supuestos impuestos o arbitrios. Sin embargo, la Ley 176-07 prohíbe a las alcaldías imponer cobros que correspondan al ámbito nacional, y las telecomunicaciones están reguladas exclusivamente por el INDOTEL, como lo establece la Ley General de Telecomunicaciones (153-98).
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Advertencia al Alcalde de Santo Domingo Este, Dio Astacio
ASODOPI llama la atención del alcalde de Santo Domingo Este, Dio Astacio, para que tome medidas inmediatas contra estas prácticas ilegales. Es su responsabilidad garantizar que las delegaciones barriales operen dentro del marco legal y respeten los derechos constitucionales de los ciudadanos y las empresas. De no actuar con celeridad, estas acciones podrían derivar en consecuencias legales graves para la alcaldía, incluyendo demandas judiciales y la suspensión de fondos municipales.
El precedente judicial en casos similares en otras alcaldías del país deja claro que los tribunales, incluyendo la Suprema Corte de Justicia, han fallado consistentemente contra intentos de cobros ilegales por parte de gobiernos locales. Las telecomunicaciones son un servicio esencial de interés nacional, y cualquier interferencia en su operación afecta directamente el desarrollo educativo, laboral y económico de la ciudadanía.
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Llamado a la Acción
ASODOPI exige el cese inmediato de las retenciones ilegales, la devolución de los fondos cobrados de manera indebida y una investigación exhaustiva sobre las acciones del delegado barrial y la Policía Municipal en Ciudad Juan Bosch. La asociación también solicita la intervención del INDOTEL y otras autoridades competentes para salvaguardar el funcionamiento de las empresas de telecomunicaciones y garantizar que estos abusos no se repitan.
La comunidad de Ciudad Juan Bosch y las empresas afectadas merecen una respuesta contundente que restablezca el respeto al estado de derecho.
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