Desde 2009, el sistema eléctrico dominicano no había registrado pérdidas tan altas como ahora (un cambio, pero en reversa)
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La República Dominicana enfrenta una de las crisis más graves en su sector eléctrico en los últimos 15 años, sumida en un retroceso alarmante y un incremento de las pérdidas que afecta tanto a los consumidores como a la economía nacional. A pesar de las promesas del gobierno de Abinader de mejorar el sistema energético y garantizar un servicio más eficiente, la realidad es que el país se encuentra atrapado en una espiral de "apagones fiscales", donde la solución se encuentra en medidas de emergencia que afectan a los más vulnerables.
En los últimos años, el subsidio al sector eléctrico ha alcanzado cifras impensables, pasando de 424 millones de dólares en 2019 a casi 1,500 millones en 2024. A pesar de estos recursos, las pérdidas del sistema eléctrico han aumentado significativamente, subiendo del 27.3% en 2019 al 38.2% en 2024, lo que refleja una falta de control, eficiencia y, sobre todo, de inversiones adecuadas para mejorar la infraestructura del sector.
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Desde 2009, el sistema eléctrico de la República Dominicana no había experimentado pérdidas tan altas, lo que evidencia el fracaso de las políticas implementadas bajo el actual gobierno.
Mientras las inversiones en el sector se han desplomado de 296 millones de dólares en 2019 a apenas 170 millones en 2023, el gasto operativo sigue creciendo sin control. Un incremento de 14 millones de dólares en la nómina del sector eléctrico ha sido uno de los principales responsables del agravamiento de la situación.
Las medidas adoptadas por el gobierno, como los "apagones fiscales", lejos de ser una solución, han resultado ser una estrategia altamente injusta y perjudicial. Estos cortes de energía se implementan de manera indiscriminada, afectando principalmente a los ciudadanos que cumplen con sus pagos de electricidad. De esta manera, el gobierno castiga a los usuarios responsables mientras los verdaderos responsables del robo de electricidad y la falta de control se mantienen impunes.
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Este sistema de apagones fiscales, además de ser ineficiente, refleja una falta de visión y de acción efectiva por parte del gobierno de Abinader. En lugar de abordar las causas estructurales de las pérdidas, se recurre a medidas temporales que solo generan más descontento entre los consumidores y socavan la confianza en las autoridades.
El gobierno ha fallado en implementar medidas adecuadas para reducir las pérdidas del sector. Inversiones en infraestructura, como redes antifraude, contadores prepagos y tecnologías de telemedición, son solo algunas de las soluciones que podrían haber evitado esta crisis. La falta de un plan serio para combatir el robo de electricidad y mejorar la eficiencia energética es una de las principales deficiencias del gobierno, que se limita a aplicar parches sin atacar los problemas de fondo.
Además, la implementación de programas de inversión social, como préstamos blandos para sustituir electrodomésticos ineficientes y mejoras de infraestructura en barrios con alta incidencia de pérdidas, podría haber sido una estrategia efectiva para abordar la crisis de forma integral. Sin embargo, estas medidas siguen siendo promesas incumplidas.
El sector eléctrico dominicano necesita una reforma profunda, que involucre no solo un aumento en las inversiones, sino también una revisión total de la gestión y el control del sistema. Los ciudadanos no pueden seguir siendo los principales afectados por la falta de políticas claras y eficaces, mientras que el gobierno sigue aplicando soluciones que no resuelven los problemas estructurales.
Es urgente que el gobierno de Abinader deje de culpar a los ciudadanos y asuma su responsabilidad en la gestión del sector eléctrico.
El futuro de la economía y el bienestar de la población dependen de un sistema energético eficiente y sostenible. Sin embargo, si se continúa por el mismo camino de medidas ineficaces y sin visión, la crisis eléctrica seguirá ahogando a la República Dominicana y a sus ciudadanos.
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