Diario Libre, del Grupo Punta Cana, ya no guarda ni las formas con su agenda en contra de la República Dominicana
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En los últimos días, Diario Libre, un medio de comunicación vinculado al Grupo Punta Cana, ha publicado en al menos diez ocasiones la historia de una ciudadana haitiana que, enfrentando un problema de salud, prefirió evitar ir al hospital por temor a ser deportada. La narrativa, presentada con un dramatismo forzado, busca manipular la opinión pública para generar lástima, ocultando convenientemente los elementos centrales del problema: la ilegalidad migratoria y el uso sistemático de la mano de obra haitiana como herramienta de explotación empresarial.
Esta no es una historia de negligencia médica ni de fallos del sistema de salud. Es una historia de una persona que decidió evadir la ley y asumió el riesgo de no buscar atención médica. En cualquier país del mundo, quien se encuentra de forma ilegal debe enfrentar las consecuencias legales. República Dominicana no puede ser la excepción.
Lo verdaderamente peligroso e hipócrita es que los mismos sectores empresariales que durante décadas han contratado mano de obra ilegal haitiana, evadido impuestos y promovido la haitianización silenciosa del país, ahora se presentan como defensores de los derechos humanos, utilizando medios de comunicación para presionar al Estado dominicano y mantener el status quo que les beneficia económicamente.
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¿Quiénes están realmente ejerciendo coerción?
Algunos intelectuales y medios afines han sacado de contexto la palabra del día:
“coerción” atreves de Diario Libre del Grupo Punta Cana , como si fuera el Estado dominicano el que obliga a la población haitiana a morir en silencio. Pero nadie habla de la coerción estructural que imponen los grandes grupos económicos, obligando a los dominicanos a competir con salarios miserables, destruyendo el mercado laboral formal e instalando una nueva forma de esclavitud moderna disfrazada de filantropía empresarial.
La coerción no siempre es una pistola, pero tampoco lo es una frontera abierta. La coerción ocurre cuando se margina al dominicano humilde de los hospitales, de los empleos y de la vivienda digna, todo para mantener un sistema que favorece la ilegalidad, mientras despoja a los nacionales de sus derechos fundamentales.
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¿Qué hay detrás de esta campaña?
No es solidaridad. Es una agenda económica y política, diseñada para que el Estado renuncie a su deber de defender sus fronteras, sus leyes y su gente. Si un haitiano teme más la deportación que la muerte, eso no es responsabilidad del Estado dominicano. Eso es prueba del estado fallido de Haití, y de la necesidad urgente de cerrar filas ante una ocupación silenciosa que pone en peligro la soberanía nacional.
La salud del pueblo dominicano debe ser prioridad, pero eso no puede significar cargar con las fallas del vecino, mucho menos cuando esos mismos que lloran por los ilegales son los que viven de ellos.
El equilibrio entre legalidad y humanidad
Es cierto que debemos construir un sistema de salud que no pierda su humanidad, pero eso no puede estar por encima de la ley ni de la soberanía. Se puede ser humano y firme. Se puede ayudar sin destruir el orden constitucional. Lo que no se puede es permitir que la culpa emocional sustituya la responsabilidad política.
Otro medio que se presta para esta peligrosa narrativa es Acento, que al igual que Diario Libre, parece responder a agendas oscuras y extranjeras, completamente desconectadas de los intereses nacionales. Estos medios insisten en minimizar o justificar los efectos de la migración descontrolada de ciudadanos haitianos, ignorando deliberadamente el impacto económico, social y cultural que esto representa para la República Dominicana.
Pero esta operación mediática no se sostiene sola:
alguien la financia, y tristemente, somos los propios dominicanos quienes la pagamos, permitiendo que grupos como Grupo Punta Cana, que sostiene a Diario Libre, continúen operando sin pagar los impuestos justos, explotando mano de obra ilegal y debilitando las bases de nuestro Estado. Es hora de exigir responsabilidad fiscal y patriótica de quienes han hecho fortuna aprovechándose del desorden.
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¿Quiénes están del lado de la ilegalidad?
Empresas, ONG y medios de comunicación que constantemente presionan para relajar las políticas migratorias deben ser señaladas y desenmascaradas. En próximos artículos vamos a nombrarlas una por una, comenzando con:
- Grupo Punta Cana
- Diario Libre
- Fundación Zile
- Algunas agencias de cooperación extranjeras
- Sectores de la ONU y la OEA
- Acento
No podemos permitir que intereses privados dominen el discurso nacional. Si queremos un país con futuro, debemos recuperar el control de nuestras leyes, nuestras instituciones y nuestra frontera.
Y mientras algunos hacen espectáculos noticiosos, en Hackeandoelsistema.net hacemos periodismo. Lo nuestro es memoria con contexto, no show con libreto.
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