Grupo Vicini, Grupo Rizek, Asonahores, CONEP, ACOPROVI y ADHA: si sus empresas dependen de mano de obra Haitiana ilegal, que se vayan a la Mierda
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En la República Dominicana hay que empezar a hablar claro. Si la actividad productiva, si el modelo empresarial de un sector, si la rentabilidad de ciertos grupos depende de la contratación de mano de obra ilegal, entonces ese modelo no sirve. Y que se vaya al diablo. Que quiebre. Que cierre. Que se hunda.
Porque no puede ser que el Estado dominicano esté secuestrado emocional y económicamente por empresarios incapaces de reinventarse, que quieren mantener un sistema de explotación disfrazado de necesidad. El que necesite mano de obra, que la pague. Que pague lo que vale el trabajo humano. Y si no puede, que no monte empresa. No es obligatorio tener negocio.
Los datos no mienten.
Según el Banco Central de la República Dominicana, más del 60% de la mano de obra en la construcción es extranjera.
En zonas agrícolas como Constanza y Dajabón, la presencia de trabajadores haitianos supera el 80%. ¿Legalizados? En su mayoría no. ¿Cotizando a la seguridad social? Tampoco. ¿Pagando impuestos? Mucho menos.
Y mientras tanto, cientos de miles de dominicanos están desempleados, subempleados o han emigrado buscando lo que aquí no se les da: oportunidades reales. No es que el dominicano no quiere trabajar, es que los sectores productivos no quieren pagar.
El chantaje de las deportaciones
Ahora resulta que hay una campaña montada para frenar las deportaciones de ilegales. Que porque supuestamente la economía se va a resentir. Que se va a paralizar el campo, que se va a encarecer la vivienda, que los plátanos no llegarán al colmado. ¿Y desde cuándo los intereses económicos de unos pocos están por encima de la soberanía nacional?
El que diga que regularizar en masa a ilegales es la solución, está contra el país. Lo que necesitamos no es acomodar la ilegalidad: es erradicarla. No puede haber Estado si no hay ley, y no puede haber ley si sectores poderosos son los primeros en violarla y luego exigir que el gobierno mire para otro lado.
🔴 Grupos Económicos y Empresariales en Contra de las Deportaciones Masivas:
1. Grupo Vicini / INICIA
- Dueños de Central Romana Corporation.
- Controlan una parte importante del sector azucarero.
- Han sido señalados por abusos laborales y dependencia masiva de mano de obra haitiana en sus campos de caña.
- Han sido objeto de sanciones y denuncias en EE.UU. por trabajo forzado.
2. Central Romana Corporation
- A pesar de ser parte del Grupo Vicini, opera como marca propia.
- Más del 80% de sus trabajadores cañeros son haitianos.
- Cada vez que hay redadas o deportaciones, se reportan caídas en la producción.
- Han presionado gobiernos (de forma pública o soterrada) para permitir "regularizaciones flexibles".
3. Grupo Rizek
- Importante en el sector agrícola (cacao, café, banano).
- Dependencia significativa de mano de obra haitiana en zonas rurales.
- Ha impulsado proyectos de responsabilidad social que sugieren la integración y protección de trabajadores haitianos, lo cual se interpreta como oposición a deportaciones agresivas.
4. Asonahores (Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes)
- Representa al sector turístico, que depende de trabajadores en áreas como limpieza, construcción y jardinería, en muchos casos haitianos indocumentados.
- Aunque no lo dicen directamente, han expresado preocupación por el "impacto negativo en el sector" de las redadas masivas y cierre de fronteras.
5. CONEP (Consejo Nacional de la Empresa Privada)
- El principal órgano empresarial del país.
- En declaraciones oficiales ha dicho que se necesita una "política migratoria ordenada, humana y con enfoque laboral", lo cual es un eufemismo para frenar las deportaciones masivas.
- Promueve regularización en lugar de deportación.
6. Asociación de Constructores y Promotores de Viviendas (ACOPROVI)
- Han declarado que sin trabajadores haitianos se paralizaría la construcción.
- Rechazan redadas en obras y proponen un “registro especial” para que los haitianos sigan trabajando, aunque estén ilegales.
7. Asociaciones de Productores Agropecuarios
Han denunciado que las deportaciones provocan pérdida de cosechas y encarecimiento de productos.
Como ADHA (Asociación Dominicana de Hacendados y Agricultores) y FENACERD (Federación Nacional de Comerciantes y Empresarios de RD).
Es hora de que el gobierno de la República Dominicana le hable claro al empresariado:
el país no va a colapsar para que tú sigas haciendo dinero fácil. La actividad económica tiene que sostenerse sobre la legalidad, la justicia social y el respeto a las reglas. La mano de obra dominicana existe. Lo que no hay es voluntad de integrarla porque sale más caro. Pues asuman su costo.
https://hackeandoelsistema.net/ces-pide-legalizar-a-los-haitianos-y-abinader-dice-que-hara-lo-que/
Si el modelo económico de este país necesita un ejército de ilegales para sostenerse, entonces ese modelo está podrido. Que se hunda. Que se hunda hoy mejor que mañana. Y que de esas ruinas surja una economía más justa, más legal, más dominicana.
Porque el que juega con la soberanía, el que exige que se mantenga el desorden migratorio por rentabilidad privada, ese no es empresario. Ese es un parásito del sistema.
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