
La política de inmigración es un tema delicado que siempre ha generado debate en todo el mundo. En la República Dominicana, esta cuestión se ha convertido en un tema de discusión candente, especialmente en relación con la situación de los inmigrantes haitianos. El Canciller dominicano, Roberto Álvarez, ha presentado una controvertida propuesta que ha polarizado a la sociedad y suscitado una serie de preocupaciones.
La propuesta del Canciller Roberto Álvarez se centra en la regularización de los inmigrantes haitianos que residen de manera ilegal en territorio dominicano.
Según él, la regularización beneficiaría tanto a los inmigrantes como al país, al permitir que un 80% de la fuerza laboral sea dominicana y un 20% extranjera, en su mayoría haitiana. Esta propuesta ha provocado una reacción enérgica en la sociedad dominicana, con opiniones divididas sobre su viabilidad y consecuencias.
Una de las principales críticas a esta propuesta es que viola el artículo 151 de la Ley General de Inmigración, que establece que solo se puede llevar a cabo un plan de regularización. Y ya se realizó un proceso de regularización en el pasado, y no debería haber un segundo intento.

La propuesta del Canciller Álvarez es poco realista. Si los inmigrantes haitianos no pudieron presentar documentación entre 2013 y 2017, es improbable que lo hagan ahora, dado el estado precario de las instituciones en Haití.
Además, existe el temor de que esta propuesta cree un “efecto llamada” que atraería a más inmigrantes haitianos a la República Dominicana, lo que podría aumentar la carga para el país en términos de necesidades y recursos.
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Otro aspecto preocupante mencionado por los críticos es la posibilidad de que bandas criminales de Haití aprovechen esta oportunidad para regularizarse en la República Dominicana, huyendo de la inseguridad en su país de origen.
Además de la controversia en torno a la propuesta del Canciller, se ha señalado que la política de inmigración dominicana enfrenta otros problemas, como la venta de visas por parte de consulados dominicanos, un asunto que suscita preocupación sobre la transparencia y la legalidad de estos procesos.
En última instancia, el debate en torno a la propuesta del Canciller Roberto Álvarez refleja las tensiones y desafíos complejos que enfrenta la República Dominicana en materia de inmigración.
La solución a este problema requerirá la destitución del actual canciller y colocar un nuevo canciller que tenga en cuenta todas las perspectivas y preocupaciones de la sociedad dominicana.
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