El segundo sostiene que los políticos dominicanos toman todas sus decisiones únicamente por convicción o por la presión de la ciudadanía.
Ambos son falsos.
Y el debate alrededor del nuevo Código Penal vuelve a demostrarlo.
Cada vez que un tema domina las redes sociales aparece la misma narrativa.
«Fue Alofoke.»
«Fue Capricornio TV.»
«Fue El Piro.»
«Fueron los cacerolazos.»
«Fue la presión en las redes.»
Esa lectura, además de simplificar excesivamente cómo funciona el poder político, sobreestima la capacidad real de los creadores de contenido e ignora otros factores institucionales, jurídicos y diplomáticos que suelen tener un peso mucho mayor en la toma de decisiones.
Como si un trending topic pudiera modificar por sí solo la agenda legislativa de un Congreso compuesto por más de doscientos legisladores.
No funciona así.
Los influencers tienen influencia.
Pero influencia no es poder.
Pueden instalar conversaciones.
Pueden aumentar el costo político de una decisión.
Pueden movilizar audiencias.
Pueden acelerar una discusión.
Pero no firman leyes.
No controlan el presupuesto.
No designan jueces.
No manejan la política exterior.
No deciden la estrategia del Gobierno.
Confundir alcance con poder es uno de los mayores errores del análisis político contemporáneo.
Mientras miles discutían el Código Penal en TikTok, YouTube y X, ocurrió algo que pasó casi desapercibido.
Durante la celebración de la independencia de Estados Unidos, la embajadora estadounidense en República Dominicana, Leah Francis Campos, pronunció un discurso que muchos interpretaron como un mensaje dirigido al debate nacional.
No mencionó directamente el Código Penal.
No necesitaba hacerlo.
Recordó que la libertad de expresión «no siempre resulta cómoda ni popular, pero es necesaria» y advirtió sobre los riesgos de limitar ese derecho en una sociedad democrática.
El mensaje llegó en el momento exacto en que distintos sectores cuestionaban artículos del nuevo Código Penal por su posible impacto sobre periodistas, comunicadores y medios digitales.
Pocas horas después comenzaron a multiplicarse las voces dentro del propio oficialismo hablando de revisar esos artículos.
¿Casualidad?
Puede ser.
¿Consecuencia directa?
No existe evidencia pública para afirmarlo.
Pero cualquier analista serio entiende que la opinión del principal socio comercial, diplomático y estratégico de República Dominicana tiene un peso político muy superior al de cualquier tendencia en redes sociales.
Eso no significa que Washington dicte las leyes dominicanas.
Significa que las señales diplomáticas importan.
Y mucho.
El PRM llegó al poder impulsado por un fenómeno extraordinario.
La Plaza de la Bandera.
Muchos intentan reducir aquel momento a una protesta.
Fue mucho más.
Convergieron periodistas.
Medios digitales.
Activistas.
Universitarios.
Ciudadanos independientes.
Partidos de oposición.
Organizaciones sociales.
Influencers.
Todos empujando en una misma dirección.
Nadie ganó aquella batalla solo.
Sin embargo, cinco años después pareciera que algunos creen que un creador de contenido puede producir el mismo efecto por sí mismo.
No puede.
Porque las transformaciones políticas importantes siempre son producto de una combinación de factores.
Ahora bien.
Que los influencers estén sobrevalorados no significa que la clase política esté llena de estrategas brillantes.
Todo lo contrario.
Una parte importante de la dirigencia política dominicana ha demostrado enormes limitaciones para conectar con la ciudadanía sin depender de estructuras clientelares, campañas publicitarias o figuras mediáticas.
Muchos funcionarios comunican mal.
Muchos legisladores llegan al Congreso sin dominar los proyectos que votan.
Muchos partidos reaccionan más de lo que planifican.
Y cuando enfrentan una crisis de comunicación recurren a la improvisación.
Por eso terminan dependiendo tanto del impacto que generan los medios y las redes sociales.
No porque estos tengan el poder de gobernar.
Sino porque los propios políticos han perdido capacidad para liderar la conversación pública.
La política moderna funciona en varios niveles.
Existe el poder mediático.
Existe el poder económico.
Existe el poder electoral.
Existe el poder institucional.
Y existe el poder geopolítico.
Creer que todos pesan igual es desconocer cómo funciona un Estado.
Un influencer puede conseguir millones de visualizaciones.
Un diplomático puede cambiar el tono de una conversación entre gobiernos.
Un empresario puede alterar decisiones de inversión.
Un tribunal puede suspender una ley.
Un Congreso puede modificarla.
Cada actor juega en un tablero distinto.
Hoy parece que si un tema no es tendencia, no existe.
Pero la historia demuestra exactamente lo contrario.
Las decisiones más importantes del Estado casi nunca se toman en un estudio de YouTube.
Se toman en reuniones privadas.
En despachos.
En negociaciones políticas.
En conversaciones diplomáticas.
En consultas jurídicas.
Y, muchas veces, bajo presiones que nunca llegan a conocerse públicamente.
Las redes amplifican.
No reemplazan el ejercicio del poder.
Los influencers cumplen una función importante en la democracia.
Visibilizan problemas.
Rompen monopolios informativos.
Obligan a los medios tradicionales y a los gobiernos a responder.
Pero convertirlos en los verdaderos dueños del poder político es una exageración.
Del mismo modo, sería un error pensar que la clase política dominicana está integrada por estrategas infalibles.
La realidad parece ser otra.
Tenemos influencers con más capacidad de comunicación que muchos ministros.
Y políticos con más poder institucional que capacidad de liderazgo.
Mientras unos sobreestiman su influencia y otros sobreestiman su autoridad, las decisiones trascendentales continúan dependiendo de una compleja interacción entre instituciones, intereses nacionales, actores internacionales y costos políticos.
Quizá la mayor lección del debate sobre el Código Penal sea precisamente esa.
El poder no siempre está donde hace más ruido. Muchas veces está donde casi nadie está mirando.
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