La transparencia no es un gesto voluntario en la administración pública dominicana: es una obligación legal. La Ley núm. 311-14, que regula el Sistema Nacional de Declaraciones Juradas de Patrimonio, establece plazos claros y consecuencias específicas para los funcionarios que incumplen con el deber de declarar sus bienes al asumir o cesar funciones públicas. Sin embargo, la aplicación de esta normativa sigue mostrando signos preocupantes de selectividad. Uno de los casos que genera mayor inquietud es el de Gloria Reyes, funcionaria que figura entre quienes aún no han presentado su Declaración Jurada de Patrimonio, pese a haber asumido nuevas funciones dentro del actual gobierno. Su nombre aparece en un grupo de más de 33 funcionarios que se encuentran en situación de incumplimiento o al borde de agotar el plazo legal, de los cuales al menos 12 están a punto de violar formalmente la ley sin que, hasta el momento, se conozcan acciones coercitivas claras.
La Ley 311-14 es explícita:
Esta normativa no distingue entre ministros, directores, aliados políticos o funcionarios “de confianza”. La ley es general y de aplicación obligatoria. Por tanto, el retraso o la omisión no pueden normalizarse, y mucho menos cuando se trata de figuras con alta exposición pública y poder de decisión sobre recursos del Estado.
Un patrón que genera sospechas
Lo que resulta particularmente llamativo es que, lejos de enfrentar consecuencias administrativas visibles por estos retrasos o cuestionamientos, Reyes ha sido promovida o ratificada en cargos de mayor jerarquía, alcanzando incluso rango ministerial. Esta dinámica refuerza la percepción de que existe un trato preferencial dentro del gobierno del presidente Luis Abinader para determinados funcionarios, especialmente aquellos considerados parte del núcleo político cercano al poder.
¿Anticorrupción selectiva?
Desde el inicio de la actual administración, el discurso oficial ha insistido en una ruptura con las prácticas del pasado: “nadie por encima de la ley”, “transparencia total” y “cero impunidad”. No obstante, la falta de acciones claras frente a incumplimientos evidentes, como la no presentación de declaraciones juradas dentro del plazo legal, erosiona la credibilidad de ese discurso.
La Cámara de Cuentas, órgano responsable de recibir y fiscalizar estas declaraciones, también queda bajo escrutinio. El silencio institucional o la inacción frente a funcionarios de alto perfil envía un mensaje peligroso: la ley se aplica con rigor a unos y con indulgencia a otros.
La Declaración Jurada de Patrimonio no es un trámite burocrático menor. Es una herramienta clave para:
Cuando un funcionario incumple —y no pasa nada— el mensaje es devastador para la democracia.
Incluso en el plano simbólico y comunicacional, el trato público y las consideraciones políticas que el presidente Luis Abinader ha mostrado hacia Gloria Reyes superan, en visibilidad y énfasis, el trato que proyecta hacia Raquel Arbaje, su esposa y madre de sus hijas, una comparación que, aunque algunos intenten minimizarla como irrelevante o anecdótica, no es normal en términos políticos ni humanos.
En política, los gestos, los respaldos reiterados y las validaciones públicas construyen jerarquías reales de poder e influencia, y cuando una funcionaria recibe un nivel de protección, promoción y deferencia que desborda lo institucional, esto inevitablemente genera fisuras internas dentro del partido, resentimientos silenciosos y lecturas incómodas tanto en el plano político como en el personal.
No se trata de insinuar hechos, sino de reconocer una dinámica evidente: donde hay poder, cercanía y privilegios sostenidos, surgen celos, tensiones y conflictos, ya sean profesionales o personales, y negar esa realidad es desconocer cómo opera la política dominicana y el comportamiento humano en los entornos de poder.
La rendición de cuentas no debe depender del apellido, la cercanía política ni del capital simbólico de un funcionario. En un Estado de derecho, la ley se cumple o se desacredita. No hay término medio.
Nota aclaratoria:
Algunas informaciones contenidas en este artículo tienen carácter especulativo, fundamentadas en el análisis de hechos públicos y en el comportamiento reciente de los actores mencionados, así como en una filtración genuina proveniente de una fuente de entero crédito. En virtud de los principios éticos del periodismo y del marco legal nacional e internacional, nos reservamos el derecho de proteger la identidad de dicha fuente, conforme a lo establecido en el Artículo 49 de la Constitución de la República Dominicana, que garantiza la libertad de expresión e información, así como el derecho a mantener el secreto profesional. Este derecho también está respaldado por instrumentos internacionales como el Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y los principios establecidos por la UNESCO y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la libertad de prensa. La protección de nuestras fuentes es no solo un derecho, sino un deber ético frente al interés público y la democracia.
No te pierdas ninguna actualización. Suscríbete a nuestro newsletter y recibe las últimas noticias, ofertas exclusivas, y contenido especial directamente en tu bandeja de entrada. ¡Únete a nuestra comunidad y mantente al día con todo lo que tenemos para ofrecer!
