El “impuesto al sol”: cuando la Superintendencia de Electricidad decide cobrar por lo que no le pertenece
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Hay decisiones que no solo son técnicamente equivocadas, sino moralmente indefendibles. El nuevo reglamento de la Superintendencia de Electricidad (SIE), que impone un cargo del 25 % a la energía solar inyectada a la red por clientes de bajo consumo, entra de lleno en esa categoría: una norma absurda, regresiva y profundamente injusta que convierte al sol —un bien natural universal— en una fuente de recaudación encubierta.
Llamémoslo por su nombre: esto es un impuesto al sol, aunque lo disfracen de “cargo por uso de la red”. No hay eufemismo técnico que oculte la realidad. Se está penalizando a ciudadanos que decidieron invertir en energía limpia, reducir su dependencia del sistema eléctrico y aliviar la carga de las propias distribuidoras. En vez de incentivo, reciben castigo.
Lo ridículo elevado a política pública
¿En qué cabeza cabe cobrarle a una familia de bajo consumo por producir energía limpia en su propio techo? ¿Desde cuándo el Estado dominicano es dueño del sol? ¿En qué ley se establece que aprovechar un recurso natural gratuito debe ser penalizado?
El artículo 19 del nuevo reglamento de la Superintendencia de Electricidad es una pieza de ingeniería burocrática diseñada para justificar lo injustificable:
multiplicar la energía solar excedente por un 25 % del cargo energético. Traducido al lenguaje real: te cobramos por producir tu propia electricidad.
Y lo más grotesco: esta medida no afecta a grandes empresas ni a altos consumidores, sino a los sectores populares, que además no pueden beneficiarse de las exenciones fiscales de la Ley 57-07, porque sencillamente no pagan impuesto sobre la renta. Es decir, el castigo recae exactamente sobre quienes menos tienen.
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Discriminación energética institucionalizada
El dato es demoledor: el 98 % de los clientes de las distribuidoras son de bajo consumo, pero hasta 2023 solo unos 150 habían logrado instalar paneles solares. No por falta de sol, sino por trabas, costos y desinterés estatal. Ahora, a ese grupo minúsculo que logró romper la barrera, se le impone un nuevo obstáculo.
Esto no es regulación técnica. Es discriminación energética. Es decirle a los sectores populares:
“El sol también es para ustedes… pero solo si pagan”.
Sin base legal, sin coherencia y sin vergüenza
Este cargo no existía en el reglamento anterior. No fue debatido públicamente. No responde a un mandato legal claro. No protege al sistema eléctrico. No fomenta la transición energética.
Entonces, ¿para qué sirve?
Sirve para desalentar la masificación de los paneles solares, mantener la dependencia de un sistema eléctrico caro e ineficiente y preservar intereses que ven en la energía distribuida una amenaza a su control.
El sol no es propiedad del Estado, no es una concesión administrativa, no es un activo de las distribuidoras. Es un bien natural de la humanidad, reconocido incluso en los principios internacionales de sostenibilidad y justicia climática. Pretender cobrar por su aprovechamiento doméstico es tan absurdo como querer poner un impuesto al viento o al agua de lluvia.
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Un retroceso histórico
Mientras el mundo avanza hacia la democratización de la energía, República Dominicana retrocede.
Mientras se habla de transición energética en discursos oficiales, en la práctica se penaliza al ciudadano que intenta formar parte de ella con el nuevo reglamento de la Superintendencia de Electricidad.
Este reglamento no es técnico: es político.
Y como toda decisión política injusta, debe ser denunciada, enfrentada y revertida.
Porque hoy es un 25 %.
Mañana será el derecho mismo a producir tu propia energía.
Y cuando el Estado empieza a cobrar por el sol, lo que realmente está haciendo es oscurecer el futuro.
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