¿Por qué Estados Unidos no usa Puerto Rico? El delicado permiso que República Dominicana acaba de otorgar
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La información ofrecida por el presidente Luis Abinader —autorizando a los Estados Unidos a utilizar áreas restringidas de la Base Aérea de San Isidro y del Aeropuerto Internacional de Las Américas en República Dominicana— no es un mero detalle diplomático. Es un hecho de enorme peso institucional y militar. Y, sobre todo, es un precedente sumamente delicado.
Porque permitir que un país extranjero use zonas de acceso limitado dentro de una base militar no es una cortesía, no es un favor y no es un protocolo cualquiera. Es una decisión que compromete soberanía, credibilidad institucional y la percepción internacional sobre el control total del territorio.
La narrativa oficial intenta presentarlo como “cooperación”, pero la pregunta que muchos dominicanos se hacen es otra:
¿Y por qué Estados Unidos no hace exactamente lo mismo en Puerto Rico, que es un territorio bajo su jurisdicción, administrado con recursos federales, con presencia militar histórica y con mayor infraestructura para ese tipo de operaciones?
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Si la justificación es la lucha contra el narcotráfico, entonces resulta todavía más extraño que Washington recurra a República Dominicana para operar equipos y personal técnico dentro de zonas restringidas. Puerto Rico, con todos los recursos y amparo legal estadounidense, sería un lugar más lógico, más seguro y más controlado para esas actividades.
Pero no lo hacen.
¿La razón?
Muchos lo interpretan como una señal de desconfianza en sus propios administradores locales en Puerto Rico. Una forma diplomática de admitir que no delegan totalmente en quienes deberían estar allí manteniendo el control directo del territorio bajo bandera estadounidense. Si no confían plenamente en ellos, prefieren apoyarse en otro país, uno donde los acuerdos políticos siempre les resultan más flexibles y más cómodos.
Y ahí radica el verdadero problema para República Dominicana:
cuando un país permite que otro utilice espacios militares restringidos, está mandando un mensaje sobre su nivel de dependencia y su nivel de autonomía real en asuntos de seguridad.
La lucha contra el narcotráfico es un objetivo legítimo y urgente. Nadie puede discutir eso.
Pero las políticas de seguridad no pueden convertirse en una puerta abierta a la cesión de soberanía militar. Porque lo que hoy es “una visita oficial con equipo técnico”, mañana puede volverse un precedente que otros gobiernos utilicen para justificar operaciones más profundas, más constantes y menos transparentes.
República Dominicana debe cooperar, sí. Pero sin perder de vista una línea fundamental: la soberanía no se comparte, no se presta y mucho menos se delega.
Y, sobre todo, debe hacerse una pregunta seria:
Si Estados Unidos no opera estas acciones en Puerto Rico…
¿por qué debería hacerlo aquí?
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