El Gobierno de Abinader Avanza con un Paquete de Censura Inédito en la Historia Dominicana: Un Diputado del PRM Presentó un proyecto de Censura Inéditas para Controlar la Comunicación Digital
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En un giro que no sorprende, pero sí preocupa profundamente, el vocero del bloque de diputados del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Amado Díaz, que en hackeandoelsistema.net creemos que es una solicitud del mismo presidente Abinader, se presenta como el artífice de un nuevo proyecto que amenaza con sofocar lo poco que queda de la libertad de expresión en la República Dominicana. En pleno 2025, en una era en la que las voces del pueblo se alzan más fuertes que nunca gracias a las redes sociales, el gobierno sigue intentando encadenar a la sociedad con leyes retrógradas que parecen extraídas de un manual de censura de regímenes autoritarios.
La propuesta, presentada como un intento de "regular" la comunicación en plataformas digitales, no es más que el más reciente intento de los poderosos para silenciar la disidencia y controlar la narrativa en un país que se supone es democrático. Según Díaz, la razón detrás de esta iniciativa es que cualquiera con un teléfono móvil puede autoproclamarse "comunicador" sin tener "formación" o "criterio". Lo que en realidad se esconde detrás de esas palabras es una criminalización de la libertad de expresión, una censura que podría colocar a miles de ciudadanos comunes bajo la lupa de un "ente regulador" que, como todos sabemos, se manejaría a conveniencia del poder.
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El "Desorden" que Prefieren los Gobierno del presidente Abinader
El argumento de Díaz de que el "desorden" en la comunicación proviene de que cualquier persona con un celular puede "difundir contenido irresponsable" es una falacia. ¿Qué desorden? El único desorden real es el caos generado por un gobierno que se ve amenazado por la exposición pública de sus corrupciones y fallos. El desorden es el que producen aquellos que han estado al mando de este país por décadas, engrosando sus bolsillos y manteniendo a la población sumida en la ignorancia. Pero claro, el problema parece radicar en los ciudadanos comunes que se atreven a exponer las miserias del sistema.
Este no es un caso aislado. De hecho, el gobierno de turno ha intentado sofocar la libertad de expresión en múltiples ocasiones, a través de diversas leyes y proyectos que, bajo el pretexto de "regular", buscan crear un marco que permita controlar qué se dice, quién lo dice y cómo se dice. No hay que ir muy lejos para recordar las propuestas de ley como la de "Ley de Regulación de Medios Digitales" presentada en el 2022, o los intentos de modificar la Ley General de Telecomunicaciones para darle más poder a los entes gubernamentales en el control de lo que se publica en línea. Los intentos de censura no son nuevos, ni son casuales. Son una constante en un gobierno que pretende borrar cualquier traza de disidencia, disfrazándolo de "regulación" y "orden".
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El Partido del Poder: Bocinas y Sanguijuelas
Lo que no dice el señor Díaz, y que muchos sabemos, es que los principales propagadores de desinformación no son los ciudadanos con teléfonos móviles, sino las "bocinas" oficiales que se nutren de contratos millonarios con el gobierno. Son esos mismos que callan ante la corrupción, que amplifican las mentiras del régimen y que se benefician del poder. Ellos, los que viven del sistema, son los que menos quieren que se revele la verdad. Pero se ofenden cuando la gente de a pie se atreve a abrir la boca. Porque en la política, como en la vida, quien tiene el control de la información tiene el control de la historia.
Y es que este tipo de proyectos no son más que una fachada para proteger a los poderosos y acallar a quienes se oponen al régimen. Los que realmente hacen daño a la sociedad no son los "ciudadanos comunes", sino los que se venden al mejor postor, disfrazados de periodistas o comunicadores, pero cuyo objetivo es asegurar que el status quo no se vea alterado.
Un Paso Hacia la Destrucción de la Democracia
Hablar de la necesidad de una "formación mínima" para ser comunicador en las redes sociales es, en términos sencillos, un intento descarado de control y censura. ¿Quién determinaría qué es "formación mínima"? ¿Un gobierno que no es capaz ni siquiera de garantizar una educación de calidad para la mayoría de los ciudadanos? El "ente regulador" que proponen es una herramienta perfecta para acallar cualquier voz crítica, para procesar y sancionar a quienes se atrevan a cuestionar al poder. No es más que un paso hacia la dictadura informativa.
Lo más grave es que esta no es la primera vez que el gobierno de turno hace este tipo de intentos. A lo largo de los años, han presentado varias propuestas que, bajo el pretexto de regular, buscan cercenar las libertades individuales. Desde la Ley de Expresión y el control de los medios hasta la persecución a periodistas y medios independientes. Cada uno de estos intentos ha sido una prueba más de que no toleran la crítica ni la divergencia. Prefieren vivir en la mentira, en el engaño, sin que nadie pueda cuestionar sus acciones.
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¿Qué Nos Depara el Futuro?
Si esta ley llega a implementarse, estaremos un paso más cerca de la oscuridad. Un paso más cerca de un país donde no se pueda expresar ni siquiera la más mínima crítica al gobierno sin temor a represalias. Un paso más cerca de un sistema en el que la libertad de prensa, la libertad de opinión y la libertad de expresión se vean como meros "privilegios" que el poder puede otorgar o revocar a su antojo.
Este es un llamado de alerta. La lucha por la libertad de expresión es una de las más cruciales en cualquier sociedad. No podemos permitir que el gobierno de Abinader utilice el pretexto de "regulación" para destruir los derechos que tanto nos costó conquistar. No podemos permitir que se nos arrebate nuestra voz, nuestra capacidad de denunciar, de informar y de crear. El pueblo ya ha sufrido demasiado como para permitir que el autoritarismo avance bajo el disfraz de la "normalización".
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El gobierno dominicano con su presidente Abinader, al ser uno de los principales proveedores de publicidad y otros beneficios económicos para los medios de comunicación tradicionales, como la televisión abierta y la radio, ejerce una influencia significativa sobre estos, condicionando las narrativas que se difunden en el país para que favorezcan sus intereses.
Esta dinámica se ve reforzada por periodistas que, motivados por incentivos económicos, alinean sus contenidos con las directrices gubernamentales, limitando así la pluralidad informativa y restringiendo el acceso de la ciudadanía a información imparcial. Aunque es cierto que la propagación de noticias falsas es un problema real, ya existen leyes en la República Dominicana que abordan estas prácticas.
Por ejemplo, el Código Penal dominicano contempla sanciones para la difusión de informaciones falsas que perturben el orden público. En lugar de implementar medidas que podrían coartar la libertad de expresión, sería más efectivo que el gobierno promoviera la transparencia y fortaleciera la educación de la población. Estas acciones contribuirían a elevar la calidad de los debates públicos y, con el tiempo, mejorarían el ecosistema informativo del país y no es la primera vez que el presidente Abinader intenta cuartal la liberta de expresión a través de los diputados del PRM.
Como ciudadanos, debemos estar alerta. Y como sociedad, debemos estar unidos en defensa de nuestras libertades. Porque, al final del día, lo que está en juego no es solo la comunicación en redes sociales, sino la misma esencia de nuestra democracia.
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Abinader
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