
Migración de Haitianos a la deriva: El gobierno de Abinader sin brújula frente a la crisis fronteriza
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En medio de la creciente tensión por la crisis migratoria de y el debate público sobre la presencia masiva de haitianos en territorio dominicano, surgen nuevas denuncias que comprometen aún más la credibilidad del gobierno de Abinader. Aunque se anunció una marcha atrás en la entrega de 15,000 permisos de trabajo a nacionales haitianos, informaciones extraoficiales indican que el proceso no solo continúa, sino que incluiría la regularización de personas sin identidad verificada en su país de origen.
La preocupación no radica solo en la magnitud de los permisos otorgados, sino en el perfil de los beneficiarios. Fuentes vinculadas a instituciones del Estado y actores sociales alertan que se estarían emitiendo permisos de trabajo e incluso documentos de identificación provisional a personas que no cuentan con respaldo documental de Haití, ni con verificación de organismos internacionales. Esto convertiría el proceso en una operación de alto riesgo que compromete la seguridad interna y regional.
A esto se suma una revelación reciente:
el propio ministro de Agricultura, Limber Cruz, admitió públicamente que se otorgarían permisos temporales a obreros del sector agropecuario y posiblemente a otros sectores. Aunque el gobierno de Abinader trató de desmarcarse rápidamente de sus declaraciones, calificándolas como una “opinión personal”, el daño ya está hecho. No solo porque la información salió de un alto funcionario en ejercicio, sino porque refuerza las sospechas de que, tras bastidores, el plan sigue en marcha.
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Esta contradicción entre lo que se dice públicamente y lo que se hace en privado ha alimentado la percepción de un doble discurso por parte de las autoridades. Y más grave aún, deja entrever una falta de cohesión en la política migratoria, donde cada funcionario parece tener su propia agenda.
Una desconfianza bien ganada
La desconfianza ciudadana hacia el gobierno no es gratuita.
Desde el inicio de su gestión, el presidente Luis Abinader ha proyectado un discurso firme en materia migratoria, mientras en la práctica se han facilitado condiciones para una regularización masiva y desordenada de nacionales haitianos.
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La improvisación, los anuncios contradictorios y las constantes rectificaciones no han hecho más que socavar la credibilidad oficial.
Por eso, cuando se revelan intenciones de entregar permisos laborales a personas sin identidad comprobada, la sociedad reacciona con indignación y escepticismo. El propio gobierno ha generado el ambiente de duda y sospecha al manejar con opacidad y desorganización un tema tan sensible como el control fronterizo y la seguridad nacional.
La eventual entrega de permisos de trabajo a extranjeros sin identidad reconocida no es un simple error administrativo. Es un acto que puede derivar en una grave crisis de gobernabilidad y seguridad. Mientras el gobierno siga actuando con ambigüedad y sin transparencia, la desconfianza seguirá creciendo. Lo que hoy parece una mala decisión puede convertirse mañana en un escándalo internacional. La soberanía no se improvisa. Se defiende con hechos.
Nota aclaratoria:
Algunas informaciones contenidas en este artículo tienen carácter especulativo, fundamentadas en el análisis de hechos públicos y en el comportamiento reciente de los actores mencionados, así como en una filtración genuina proveniente de una fuente de entero crédito. En virtud de los principios éticos del periodismo y del marco legal nacional e internacional, nos reservamos el derecho de proteger la identidad de dicha fuente, conforme a lo establecido en el Artículo 49 de la Constitución de la República Dominicana, que garantiza la libertad de expresión e información, así como el derecho a mantener el secreto profesional. Este derecho también está respaldado por instrumentos internacionales como el Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y los principios establecidos por la UNESCO y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la libertad de prensa. La protección de nuestras fuentes es no solo un derecho, sino un deber ético frente al interés público y la democracia.
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Abinader
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