El gobierno dominicano, encabezado por el presidente Luis Abinader, ha anunciado una inversión masiva de US$650 millones de dólares (RD$38,350 millones) para mejorar el Sistema de Distribución Eléctrica y mitigar las pérdidas económicas asociadas a las EDE’s (Empresas Distribuidoras de Electricidad).

Sin embargo, detrás de esta inversión, aparentemente orientada a mejorar el sistema eléctrico nacional, se oculta una estrategia que, a largo plazo, podría significar la privatización de estas empresas. Esta medida no solo plantea una serie de interrogantes sobre su viabilidad y justicia, sino que también expone una creciente tendencia del gobierno a transferir al sector privado el control de infraestructuras clave del país.

La Gran Inversión del gobierno dominicano y sus Dudas.

La cifra destinada a la mejora del sistema de distribución eléctrica es monumental. La inversión de US$650 millones de dólares será financiada a través de préstamos, una carga que recae directamente sobre el pueblo dominicano.

La justificación oficial es que estas mejoras son necesarias para reducir las pérdidas técnicas y comerciales del sistema eléctrico, que han sido un problema persistente en el país. Sin embargo, lo que realmente preocupa es el plan a largo plazo de ceder la gestión de estas empresas al sector privado a partir de 2027, una vez finalizadas las inversiones.

La pregunta que surge inmediatamente es: ¿por qué el Estado, después de realizar una inversión tan significativa, optaría por ceder la gestión de las EDE’s a empresas privadas? ¿Qué beneficios adicionales podría ofrecer el sector privado que el propio Estado no pueda alcanzar tras esta modernización? Y más importante aún, ¿Qué pondrán estos sectores privados sobre la mesa para justificar su participación en este negocio redondo?

¿Un Negocio para Quién?

El argumento de que el sector privado gestionará mejor las EDE’s es, en el mejor de los casos, cuestionable. Si se realizan las inversiones necesarias para modernizar el sistema, ¿por qué no puede el Estado dominicano, que ha cargado con el peso financiero de estas mejoras, continuar gestionándolo? La premisa de que la gestión privada es intrínsecamente superior es un mito que ha sido desmentido en numerosas ocasiones. En muchos casos, la privatización ha llevado a un aumento de las tarifas y una disminución de la calidad del servicio, con el único beneficio real siendo para las empresas privadas que asumen el control.

La falta de transparencia en este proceso también es alarmante. No se ha explicado cuánto invertirá el sector privado en esta gestión ni cómo se calcularán las ganancias que obtendrán. Tampoco se ha detallado cuál será el costo de esta “gestión” para los consumidores dominicanos. ¿Significará esto un incremento en las tarifas eléctricas, que ya son de las más altas de la región? ¿O significará un deterioro en la calidad del servicio mientras las empresas privadas maximizan sus beneficios?

Privatización: Un Patrón en la Gestión de Luis Abinader

La intención de privatizar la gestión de las EDE’s no es un caso aislado en la administración de Luis Abinader. Desde que asumió el poder, su gobierno ha mostrado una tendencia a favorecer la privatización de servicios e infraestructuras públicas.

Este enfoque, basado en la creencia de que el sector privado puede manejar ciertos sectores de manera más eficiente, ha sido objeto de controversia, especialmente cuando se trata de áreas tan sensibles como la energía, el agua, o la salud.

El caso de las EDE’s es especialmente preocupante porque involucra un sector que ha sido históricamente problemático en la República Dominicana. La red eléctrica del país ha sufrido durante años problemas de distribución, pérdidas técnicas, y fraudes, lo que ha resultado en un sistema ineficiente y caro para los usuarios.

Pero, en lugar de fortalecer la capacidad del Estado para gestionar este sistema, el gobierno parece estar preparando el terreno para que los beneficios de las mejoras financiadas con fondos públicos terminen en manos privadas.

Un Llamado a la Reflexión

El pueblo dominicano no debe aceptar sin cuestionar esta medida. La construcción y modernización de la infraestructura eléctrica es un logro del Estado, financiado con el dinero de todos los ciudadanos. Ceder el control de esta infraestructura al sector privado, después de que el Estado haya hecho las inversiones necesarias para mejorarla, es simplemente inadmisible.

El gobierno Dominicano debe reconsiderar su postura y buscar maneras de fortalecer la gestión pública de las EDE’s, en lugar de entregarlas al mejor postor.

La modernización del sistema de distribución eléctrica debería ser una oportunidad para demostrar que el Estado puede ser un gestor eficiente y responsable, no una excusa para entregar en bandeja de plata los beneficios de esta infraestructura a intereses privados.

Si se permite que esta privatización avance, el pueblo dominicano podría terminar pagando el doble: primero, con los préstamos que financian las mejoras y, luego, con tarifas más altas y un servicio potencialmente peor bajo la gestión privada.

Es hora de que el país exija una administración pública eficiente y transparente, en lugar de aceptar un modelo de privatización que solo beneficia a unos pocos en detrimento de la mayoría.

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