El Ministerio Público de la República Dominicana nunca ha sido independiente. No lo era antes, no lo es ahora y, según parece, no lo será mañana. Esta realidad se refleja en su actuación actual, que forma parte de una agenda política claramente establecida para golpear a un partido y a un dirigente político en particular: Danilo Medina.

La selectividad en la persecución judicial y la redacción de los expedientes evidencian un propósito político y una agenda electoral bien definida.

El Ministerio Público en la República Dominicana ha mostrado una preocupante falta de imparcialidad durante la administración actual, dirigiendo sus acciones principalmente contra políticos vinculados a la administración anterior, especialmente aquellos relacionados con el ex presidente, mientras que los miembros del partido gobernante parecen gozar de inmunidad.

Esta selectividad en la persecución judicial no solo socava la credibilidad del sistema judicial, sino que también refleja un retroceso significativo en términos de derecho y legalidad. A pesar de la amplia cobertura mediática de los casos de corrupción, hasta ahora no se ha logrado una condena importante, dejando a la sociedad sin un sentido de justicia efectiva.

Este sesgo en la aplicación de la justicia pone en riesgo los avances democráticos y legales alcanzados en décadas anteriores, subrayando una regresión alarmante en la integridad institucional del país.

Es importante destacar que, aunque el Ministerio Público persiga en el futuro a miembros del partido gobernante, esto solo se hará para lavar su imagen y aparentar una falsa imparcialidad.

Esta institución ha demostrado ser parte de una maquinaria política utilizada para perseguir a los opositores, dejando claro que su actuación no se basa en la justicia, sino en la conveniencia política.

Además, el Ministerio Público se ha caracterizado por una alta intolerancia. La Procuradora General, Miriam Germán, a pesar de su respetada hoja de vida, ha mostrado una actitud despectiva hacia la prensa y una falta de consideración en sus respuestas. En diversas ocasiones, ha insultado a periodistas que han cuestionado su gestión, demostrando una falta de respeto y profesionalismo.

Esta intolerancia y la actitud de confrontación no solo se dirigen hacia la prensa, sino también hacia cualquier crítico del Ministerio Público. Esta institución ha comenzado a amenazar con medidas legales a aquellos que osan criticarla, mostrando una soberbia que contrasta con su silencio y sumisión frente al poder.

El Ministerio Público de la República Dominicana, lejos de ser un ente independiente y justo, se ha convertido en una herramienta política utilizada para perseguir y deslegitimar a los opositores, mientras protege a los aliados del gobierno actual.

Esta realidad es alarmante y socava la confianza en el sistema judicial del país, dejando claro que la justicia sigue siendo un juego de poder y no una búsqueda de la verdad y la equidad.

A medida que más personas se dan cuenta de esta situación, la esperanza de un sistema judicial verdaderamente independiente y justo se desvanece. El pueblo dominicano merece una justicia imparcial que no esté al servicio de intereses políticos, sino del bienestar y la equidad para todos sus ciudadanos.

Es esencial que se tomen medidas para garantizar la independencia y la transparencia del Ministerio Público, restaurando así la confianza en las instituciones judiciales del país.

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