RD$1,000 millones al año por ambulancias alquiladas: el negocio silencioso del 9-1-1 y el poder de Raquel Peña en salud

En un país donde el sistema de salud pública apenas sobrevive y los hospitales colapsan por falta de insumos, una figura se mantiene en las sombras manejando los hilos con precisión quirúrgica: Raquel Peña, vicepresidenta de la República y coordinadora del Gabinete de Salud. Desde que asumió ese rol, todas las decisiones clave en materia sanitaria —incluyendo compras multimillonarias, contrataciones y estrategias de emergencia— pasan inevitablemente por sus manos. Bajo su mirada, se ha mantenido y renovado un contrato que supera los mil millones de pesos anuales, destinado al alquiler de ambulancias para el sistema 9-1-1, beneficiando directamente a una sola entidad: la Cruz Roja Dominicana. La pregunta que muchos evitan hacer, pero que el país debe plantearse, es esta: ¿tiene Raquel Peña alguna vinculación directa o indirecta con este negocio que, año tras año, engorda con fondos públicos sin que el Estado se haga dueño de una sola ambulancia?

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El contrato, renovado en diciembre de 2024 por la Dirección de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (DAEH), representa un gasto anual de RD$1,017,210,720, es decir, más de siete millones de pesos por ambulancia al año. El paquete incluye combustible, personal, seguros e insumos médicos. Pero cuando se compara con el costo de una ambulancia nueva y equipada —entre RD$2 a RD$6 millones dependiendo del nivel—, resulta evidente que en menos de tres años se podría comprar una flotilla de 500 o más ambulancias propias, sin seguir alimentando este alquiler eterno.

Aquí es donde entra el nombre de Raquel Peña, vicepresidenta de la República y coordinadora del Gabinete de Salud.

Desde su posición, ha tenido injerencia directa en múltiples decisiones relacionadas con salud pública y emergencia.

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Fue ella quien manejó, sin contrapeso, los multimillonarios contratos de vacunas durante la pandemia; quien encabezó las compras de emergencia sin licitaciones claras; y quien, hasta hoy, opera como la gran dama de la salud en un país donde la salud no da salud, pero sí mucho dinero a unos pocos.

La renovación de este contrato con la Cruz Roja, bajo el argumento de eficiencia operativa, es otro ejemplo de cómo se maquillan negociaciones millonarias con fines supuestamente técnicos, cuando en realidad esconden vínculos políticos, repartos de poder y beneficios continuos a entidades “afines”.

Raquel Peña no puede seguir jugando a la inocencia mientras todo lo relacionado con el sistema de salud pasa por sus manos.

¿Qué vinculación existe entre ella y la continuidad de este contrato? ¿Por qué no se ha considerado una política de inversión estatal en ambulancias propias? ¿Dónde están los informes técnicos que justifican este gasto anual? ¿Cuántas empresas más participaron en la licitación, o fue Cruz Roja la “ganadora predeterminada”?

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En un país serio, esto ya habría desatado una investigación congresual y judicial. Pero aquí, la complicidad es norma. Alquilan ambulancias, alquilan soluciones, y alquilan silencio con nuestro dinero.

Este modelo es otro símbolo de un sistema hecho para que el pueblo siempre pague más, reciba menos y nunca sea dueño de nada.

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