El nuevo Código Penal de la República Dominicana es un Retroceso en los Derechos Humanos
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La inminente aprobación del nuevo Código Penal en la República Dominicana ha despertado una oleada de críticas tanto a nivel nacional como internacional. Considerado por muchos como un posible retroceso en los derechos humanos, el Código Penal actual ignora avances significativos logrados en diversas áreas sociales, económicas e institucionales del país.
El nuevo Código Penal de la República Dominicana, desprotege a la niñez y a las mujeres, promoviendo la impunidad ante la corrupción y otorgando una protección injustificada a las iglesias frente a responsabilidades penales. Además, carece de causales adecuadas, dejando desamparados a quienes más necesitan protección y justicia en nuestra sociedad.
A pesar de los grandes avances que ha experimentado la República Dominicana en términos de democracia, reducción de la pobreza, desarrollo educativo y mejoras en indicadores de salud, el Código Penal parece contradecir este progreso. En particular, la negativa a incluir las tres causales para la despenalización del aborto coloca al país en una lista muy reducida de naciones que mantienen esta postura. Además de la República Dominicana, solo el Vaticano, Malta, El Salvador y Honduras prohíben el aborto bajo cualquier circunstancia, lo cual resalta la gravedad del problema.
Las Tres Causales y los Derechos Reproductivos
La lucha por las tres causales —riesgo para la vida de la madre, inviabilidad del feto y violación o incesto— es un tema crucial en el ámbito de los derechos sexuales y reproductivos. En la mayoría de los países donde gobiernan partidos socialdemócratas, estas causales han sido aprobadas, demostrando un compromiso con la protección y el respeto de los derechos humanos.
En contraste, la República Dominicana sigue resistiéndose a estos cambios, a pesar de que el presidente Luis Abinader ha expresado su apoyo a las causales en diversas ocasiones.
La Independencia Legislativa y las Contradicciones del Gobierno
El presidente Abinader ha argumentado que la "independencia" de los legisladores impide que su partido, el PRM, utilice su mayoría en el Congreso para aprobar las causales. Sin embargo, esta "independencia" parece ser cuestionable cuando se observan las recientes aprobaciones de leyes que restringen derechos fundamentales como la libertad de expresión, tales como la Ley de Delitos de Alta Tecnología y la denominada "Ley Mordaza". Estas contradicciones sugieren una utilización selectiva del poder legislativo para avanzar agendas que no necesariamente protegen los derechos de todos los ciudadanos.
Influencia de Instituciones Religiosas
A pesar de que la República Dominicana se define como un estado laico, la influencia de la Iglesia Católica sigue siendo palpable en decisiones legislativas clave. La percepción de un temor institucional hacia la Iglesia, una organización que ha estado envuelta en múltiples escándalos de abuso y conducta sexual inapropiada, añade otra capa de controversia a la discusión sobre las tres causales.
La posible aprobación del nuevo Código Penal en la República Dominicana representa no solo una oportunidad perdida para alinearse con los avances globales en derechos humanos, sino también un riesgo de retroceso en los logros alcanzados.
Es esencial que los legisladores y el gobierno reconozcan la importancia de las tres causales y actúen en consonancia con los principios de derechos humanos que promueven el bienestar y la dignidad de todas las personas. De lo contrario, el país podría enfrentar no solo una vergüenza internacional, sino también un debilitamiento de los valores democráticos y progresistas que ha trabajado arduamente por construir.
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