Desde su llegada al poder en agosto de 2020, el presidente Luis Abinader ha prometido reiteradamente tomar medidas drásticas para controlar la migración ilegal de haitianos en la República Dominicana. Sin embargo, casi cuatro años después, la realidad es que no solo no ha cumplido con sus promesas, sino que la situación ha empeorado, con más haitianos en las calles, un aumento en los gastos del gobierno en servicios de salud y educación para migrantes, y una evidente incapacidad para manejar la crisis fronteriza.

En este artículo, repasamos las múltiples ocasiones en que Abinader ha prometido incrementar las deportaciones y cómo, a pesar de esas declaraciones, los haitianos siguen entrando de manera masiva al país, exponiendo al presidente como un simulador demagogo que utiliza promesas vacías para distraer a la población.

Promesas Repetidas y Incumplidas

Octubre de 2020: Apenas dos meses después de asumir la presidencia, Luis Abinader anunció un aumento en las deportaciones de haitianos ilegales como parte de su plan para fortalecer la seguridad fronteriza. En ese momento, el presidente afirmó que su gobierno no permitiría que el territorio dominicano se convirtiera en un espacio sin control migratorio. «Nosotros vamos a tomar medidas estrictas para controlar la migración irregular y deportar a los que no tienen estatus legal en nuestro país», dijo durante una rueda de prensa en el Palacio Nacional. Sin embargo, en ese mismo período, las estadísticas mostraban que las deportaciones no solo no aumentaron, sino que disminuyeron respecto al gobierno anterior.

Marzo de 2021: Abinader volvió a reiterar su compromiso con la deportación de haitianos durante un evento en la provincia de Dajabón, donde señaló: “Estamos construyendo una verja perimetral y reforzando nuestra seguridad fronteriza. A partir de ahora, no entra ni sale nadie sin control”. No obstante, la construcción de la verja ha sido lenta y, hasta la fecha, la frontera sigue siendo altamente permeable, permitiendo un constante flujo de migrantes ilegales. Además, los informes de corrupción en los controles fronterizos, donde se acusa a militares y políticos de colaborar con el tráfico de personas, han socavado cualquier esfuerzo genuino de control.

Noviembre de 2021: Tras la crisis política y humanitaria en Haití, que exacerbó el flujo migratorio hacia la República Dominicana, Abinader hizo una nueva promesa en la Asamblea Nacional, asegurando que se incrementarían las deportaciones a niveles sin precedentes. «Vamos a deportar a todos aquellos que estén en el país sin la debida documentación», afirmó. Sin embargo, para ese entonces, la realidad era otra: los reportes mostraban que el gobierno dominicano había dedicado más recursos a atender a los migrantes que a deportarlos, con un gasto millonario en hospitales y servicios de salud para haitianos indocumentados. Los hospitales en las zonas fronterizas se veían saturados por la afluencia de mujeres haitianas que venían a dar a luz en República Dominicana, mientras las deportaciones permanecían estancadas.

Mayo de 2022: En un discurso televisado, el presidente declaró que su administración estaba deportando a miles de haitianos ilegales por semana, y que no habría “tolerancia para quienes violen nuestras leyes migratorias”. Sin embargo, las cifras oficiales revelaron que estas afirmaciones eran inexactas. Para ese momento, la cantidad de haitianos en el país había aumentado notablemente, y el gasto en servicios públicos como educación y salud para migrantes ilegales seguía en ascenso.

Septiembre de 2023: Durante su intervención en la Asamblea General de las Naciones Unidas, Luis Abinader expresó su preocupación por la crisis migratoria y nuevamente prometió un endurecimiento en las deportaciones. Pero a nivel local, las calles contaban otra historia: más haitianos eran visibles en el comercio informal, en la construcción, y en las áreas rurales, mientras el gobierno continuaba subsidiando servicios esenciales para esta población. En lugar de deportaciones masivas, lo que se observaba era una creciente integración de migrantes haitianos en la vida cotidiana del país.

La Realidad es que Luis Abinader es un Presidente Demagogo

A pesar de estas múltiples promesas, la realidad es que Luis Abinader ha fallado en implementar un control efectivo de la migración haitiana. Cada año, las cifras de haitianos ilegales en el país aumentan, y la presión sobre los recursos públicos sigue creciendo.

El gasto en salud, especialmente en atención hospitalaria para parturientas haitianas, ha alcanzado cifras alarmantes. En 2022, se estimó que el 40% de los partos en hospitales públicos fueron de mujeres haitianas, y el gobierno sigue sin ofrecer una solución efectiva a este problema. Asimismo, el sistema educativo enfrenta una carga adicional, con miles de niños haitianos asistiendo a escuelas públicas dominicanas, incrementando el gasto en un sistema ya sobrecargado.

Mientras tanto, las deportaciones han sido, en el mejor de los casos, simbólicas. Las cifras muestran que, aunque el gobierno ha llevado a cabo algunos operativos, estos no han sido suficientes para frenar el flujo migratorio, y los haitianos deportados suelen volver a entrar al país poco tiempo después.

El Juego de la Distracción

Luis Abinader ha utilizado el tema de la migración haitiana como una herramienta política, prometiendo en repetidas ocasiones que tomaría acciones decisivas para controlar la situación. Sin embargo, lo que hemos visto es un presidente más preocupado por proyectar una imagen de firmeza que por realmente resolver el problema. Las repetidas promesas incumplidas y la falta de acciones concretas evidencian a un líder que, lejos de actuar con responsabilidad, ha optado por la demagogia y el engaño.

El pueblo dominicano merece un gobierno que enfrente con seriedad la crisis migratoria, que no solo proteja las fronteras, sino que también reduzca el impacto económico de esta situación en los servicios públicos. Sin embargo, bajo la administración de Abinader, hemos visto todo lo contrario: más promesas vacías, más haitianos en las calles, y más recursos públicos gastados en una población migrante que sigue creciendo.

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