15 mil permisos para haitianos en la agricultura y 87 mil en construcción… ¿Y los 247 mil dominicanos desempleados? ¿El presidente Abinader trabaja para el pueblo o para los empresarios?
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En un país con más de medio millón de dominicanos desempleados o subutilizados, resulta indignante que sectores como la construcción y la agricultura, en lugar de invertir en salarios justos y condiciones laborales dignas, estén solicitando al gobierno que regularice decenas de miles de trabajadores haitianos, en su mayoría indocumentados. Esto no es solo una contradicción: es una muestra clara de la doble moral empresarial y el presidente Abinader, negligente, cómplice o ausente.
Según el Banco Central, la tasa de desocupación abierta en 2024 fue del 4.8%, lo que equivale a 247,070 dominicanos desempleados, mientras el desempleo ampliado (que incluye subempleo y desaliento laboral) supera los 573,355 ciudadanos, a pesar de los anuncios del gobierno de Luis Abinader. A pesar de eso, empresarios del sector construcción, como los representados por la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi), solicitan 87,000 permisos de trabajo para haitianos, alegando que las deportaciones “desorganizadas” están afectando sus operaciones.
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Una petición inmoral e ilegal
Annerys Meléndez, presidenta de Acoprovi, argumenta que “el extranjero está aquí, no podemos ignorarlo” y que “no se trata de expulsarlos para luego permitir su regreso, sino de regularizar su estatus laboral de manera efectiva”. Pero lo que omite decir es que emplear a extranjeros indocumentados es ilegal, y que el artículo 135 de la Ley de Migración No. 285-04 lo prohíbe claramente.
También afirma que el sector cumple con la norma del 80/20 (80% de mano de obra dominicana, 20% extranjera), y que por eso “les corresponde” ese número de permisos. Pero ese argumento es cuestionable cuando miles de dominicanos no tienen acceso al empleo en ese sector, precisamente porque se prefieren obreros sin documentos que aceptan salarios de miseria.
¿Escasez de trabajadores o rechazo a pagar lo justo?
El fondo del problema no es la falta de mano de obra, sino el modelo económico basado en explotación laboral. En la construcción, muchos trabajadores haitianos ganan entre RD$300 y RD$600 diarios, mientras los dominicanos exigen entre RD$800 y RD$1,000 por las mismas funciones, además de condiciones mínimas de seguridad, horario, derechos y prestaciones.
La agricultura, aún más dependiente —con un 90% de trabajadores haitianos— repite el mismo patrón: pagar lo mínimo, sin contrato, sin seguridad social, y muchas veces en condiciones casi inhumanas.
Por tanto, no es que los dominicanos “no quieren trabajar”, como se repite irresponsablemente. Es que no quieren ser explotados.
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La perversidad del modelo: privilegios arriba, miseria abajo
Mientras tanto, estos mismos empresarios gozan de exoneraciones, facilidades fiscales, acceso a subsidios y beneficios del Estado, pero no quieren devolverle ni siquiera los empleos al país. Exigen más permisos, pero no invierten en formación técnica, no mecanizan procesos, ni mucho menos se proponen elevar los salarios o formalizar la relación laboral.
La presidenta de Acoprovi incluso atribuye algunos derrumbes en construcciones a la falta de capacitación. Pero si lo reconoce, ¿por qué no exigir un programa estatal de formación masiva o asumir su parte como sector productivo? ¿Por qué no formar a los cientos de miles de dominicanos desempleados?
Esta es la pregunta clave: ¿se puede llamar empresario a quien necesita violar leyes migratorias, depender de mano de obra indocumentada y mantener condiciones infrahumanas para sostener su modelo de negocio? La respuesta es clara: no son empresarios, son negreros modernos.
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El Estado: entre la negligencia y la complicidad
El gobierno del presidente Abinader, por su parte, ha ejecutado más de 250,000 deportaciones en 2024 y 114,884 hasta abril de 2025, pero no tiene una estrategia coherente para insertar dominicanos en esos sectores. No hay una política nacional de empleo rural, ni un incentivo fuerte a la formalización laboral, ni un plan de capacitación ni un fondo de subsidio salarial para compensar el ajuste necesario.
En cambio, vemos cómo se plantea entregar 15,000 permisos temporales en el agro y ahora 87,000 en la construcción, en lo que parece ser una regularización por presión empresarial, no por justicia ni desarrollo nacional.
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Abinader
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