El Rol de Abinader y del Juez Constitucional Amaury Reyes Torres en la Expansión de la Agenda LGBT en Instituciones Públicas de la República Dominicana

La selección del abogado Amaury Reyes Torres como juez del Tribunal Constitucional (TC) ha reavivado el debate nacional sobre el rumbo ideológico de las políticas públicas durante el gobierno del presidente Luis Abinader. Su elección —junto a la aprobación de la sentencia TC/1225/25, que elimina la penalización de relaciones homosexuales dentro de la Policía y las Fuerzas Armadas— ha sido interpretada por diversos sectores como una pieza más dentro de un proceso de apertura institucional hacia temas de orientación sexual y derechos de minorías, en un país tradicionalmente conservador.

Un nombramiento con peso político y simbólico

Reyes Torres, de 38 años, es un jurista con un perfil académico sobresaliente:

• 15 años de ejercicio profesional
• Cuatro maestrías
• Dos especialidades
• Experiencia como letrado fundador del propio Tribunal Constitucional
• Docente en varias universidades
• Autorizado para ejercer en RD y EE.UU.

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Sin embargo, su llegada al pleno del TC no ha pasado desapercibida por dos razones fundamentales:

1. Su relación familiar con la procuradora Miriam Germán Brito, quien se inhibió correctamente en su evaluación.
2. El momento político en que se produce su designación, dentro de un contexto en el que diversas instituciones del Estado han mostrado alineamientos con agendas internacionales vinculadas a diversidad sexual, enfoque de género y políticas antidiscriminatorias.

Aunque Amaury Reyes Torres no es un activista declarado de la agenda LGBT, su voto favorable en la sentencia TC/1225/25 —junto a los jueces José Alejandro Ayuso y Sonia Díaz Inoa— ha sido señalado por sectores conservadores como un indicador de tendencia y solo tenemos que ver desde el 2020 cuando Abinader asumió, todo lo que a pasado en el país en relación a la agenda.

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La Sentencia TC/1225/25: ¿Garantía de derechos o apertura ideológica?

La sentencia del TC declara inconstitucional la penalización de las relaciones homosexuales dentro de la Policía y las Fuerzas Armadas, eliminando artículos históricos que sancionaban la llamada “sodomía” con prisión correccional.

El argumento constitucional del Tribunal se centra en:

• Dignidad humana
• Libre desarrollo de la personalidad
• Igualdad ante la ley
• Supremacía constitucional
• Inexistencia de razones jurídicas para mantener sanciones penales no derogadas explícitamente

Para los defensores del fallo, se trata de la “corrección” de una norma heredada de legislaciones coloniales y militares.

Para sus críticos, constituye un paso decisivo en la institucionalización de parámetros sociales ajenos a la cultura dominicana, y una señal de que el Estado dominicano se está alineando con organizaciones internacionales que promueven agendas de diversidad.

Abinader y la estructura institucional: ¿Neutralidad o dirección política?

La designación de Reyes Torres por el Consejo Nacional de la Magistratura, integrado y presidido por el propio presidente Abinader, coloca inevitablemente al mandatario en el centro del debate.

Bajo su administración, se observan patrones que algunos interpretan como una política de apertura progresista, entre ellos:

• Adaptación de protocolos estatales con lenguaje inclusivo en varias instituciones.
• Implementación de normativas antidiscriminatorias en dependencias del Estado.
• Programas de capacitación sobre diversidad sexual en instituciones públicas.
• Señalamientos internacionales que destacan a RD como un país “en transición” hacia el reconocimiento de ciertos derechos vinculados a minorías sexuales.

Aunque el gobierno no ha impulsado públicamente leyes que transformen la estructura moral tradicional del país, sí ha permitido y facilitado —según analistas— un clima administrativo que favorece la penetración de estas políticas.

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La sentencia del TC, en este contexto, no luce aislada, sino como parte de una corriente institucional más amplia.

Un país conservador frente a una agenda de cambio

República Dominicana es una de las sociedades más conservadoras de la región, marcada por:

• Predominio cultural cristiano
• Rechazo mayoritario a transformaciones morales forzadas
• Una identidad nacional profundamente tradicionalista

Por ello, cuando decisiones judiciales o administrativas parecen alinearse con tendencias ideológicas externas, se generan tensiones políticas y sociales.

La aprobación de la sentencia TC/1225/25 y la elección de Reyes Torres han sido interpretadas por sectores conservadores como una muestra de que la administración de Abinader ha permitido que agendas foráneas influyan en la estructura jurídica de las instituciones más sensibles del país: la Policía, las Fuerzas Armadas y ahora el Tribunal Constitucional.

Responsabilidad política y responsabilidad institucional

Aunque un juez del TC actúa con independencia funcional, su nombramiento es una decisión política.
Por lo tanto, la responsabilidad última de los criterios ideológicos que entran al Tribunal recae en quienes lo seleccionan.

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En ese sentido, para los críticos del gobierno, la administración Abinader:

• Ha colocado a actores con una visión liberal en posiciones estratégicas.
• Ha permitido que instituciones públicas incorporen principios ajenos a la tradición dominicana.
• Está rediseñando silenciosamente el marco cultural del Estado, sin generar un debate amplio con la ciudadanía.

Una decisión judicial que marca un giro institucional

La elección de Amaury Reyes Torres y su rol en la sentencia TC/1225/25 forman parte de un proceso que muchos dominicanos ven como un desplazamiento del Estado hacia políticas progresistas que la sociedad no ha discutido ni aprobado expresamente, pero que el presidente Abinader se comprometió a titulo personal de hacer cumplir todo en cuanto la ONU dicte en el país.

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Mientras tanto, el presidente Abinader queda en el centro de la discusión:

• Para unos, como un garante de derechos modernos.
• Para otros, como el responsable de permitir que agendas internacionales entren por la puerta de las instituciones públicas.

Lo cierto es que el debate apenas comienza, y la sociedad dominicana —históricamente conservadora— exigirá explicaciones más claras sobre el rumbo moral, ideológico y jurídico que está tomando el país.

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