América Latina ha sufrido durante más de un siglo la influencia directa y muchas veces destructiva de Estados Unidos. Desde bloqueos económicos hasta invasiones militares y golpes de Estado, la política estadounidense ha moldeado la región a su conveniencia, dejando tras de sí desconfianza, crisis y gobiernos dependientes.
Bloqueos y sanciones: Cuba, Venezuela y Nicaragua
El embargo de Estados Unidos a Cuba, vigente desde 1960, sigue siendo una de las muestras más claras de cómo Washington interviene en la soberanía de los países latinoamericanos. De manera similar, las sanciones a Venezuela y Nicaragua no solo buscan castigar a sus gobiernos, sino también controlar sus recursos y limitar su influencia regional. Estas acciones generan un sufrimiento económico que recae sobre la población, más que sobre sus líderes.
Intervenciones militares y golpes de Estado
Haití, Panamá, República Dominicana y múltiples países latinoamericanos han sido escenario de intervenciones directas o indirectas. En Haití (1994) se justificó la invasión bajo el argumento de restaurar un gobierno legítimo, pero el resultado no solucionó los problemas estructurales del país. En Panamá (1989), la operación “Causa Justa” dejó miles de muertos y un país devastado.
La República Dominicana no ha estado exenta: Estados Unidos intervino en 1916 y nuevamente en 1965, imponiendo gobiernos que servían a sus intereses estratégicos. Además, durante la Guerra Fría, EE. UU. apoyó golpes de Estado en Chile, Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Perú, consolidando dictaduras que reprimieron a sus propios pueblos bajo la justificación de contener el comunismo.
La etiqueta de “terrorismo” según conveniencia
Estados Unidos no solo actúa con ejércitos y sanciones; también utiliza categorías legales y mediáticas para influir políticamente. Etiquetar organizaciones o movimientos como “terroristas” según sus intereses estratégicos es una herramienta más para intervenir indirectamente en países soberanos, justificando sanciones, bloqueos o incluso operaciones militares.
Influencia política en la región
Desde imponer dictadores hasta presionar gobiernos democráticamente electos, Estados Unidos ha ejercido una influencia que limita la autonomía política de América Latina. En República Dominicana, por ejemplo, ha intervenido directamente en momentos críticos y ha apoyado presidentes alineados con sus intereses, dejando claro que la prioridad estadounidense no es la democracia, sino el control estratégico.
El peligro para América Latina no es solo interno, ni se limita a crisis políticas o económicas locales: Estados Unidos sigue siendo un actor determinante en la región. Sus sanciones, invasiones y apoyo a golpes de Estado han condicionado la historia de nuestros países, generando dependencia, desconfianza y conflictos internos. La lección es clara: para avanzar como región, América Latina necesita fortalecer su soberanía y su capacidad de tomar decisiones sin la imposición de intereses externos.
Nota aclaratoria:
Algunas informaciones contenidas en este artículo tienen carácter especulativo, fundamentadas en el análisis de hechos públicos y en el comportamiento reciente de los actores mencionados, así como en una filtración genuina proveniente de una fuente de entero crédito. En virtud de los principios éticos del periodismo y del marco legal nacional e internacional, nos reservamos el derecho de proteger la identidad de dicha fuente, conforme a lo establecido en el Artículo 49 de la Constitución de la República Dominicana, que garantiza la libertad de expresión e información, así como el derecho a mantener el secreto profesional. Este derecho también está respaldado por instrumentos internacionales como el Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y los principios establecidos por la UNESCO y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la libertad de prensa. La protección de nuestras fuentes es no solo un derecho, sino un deber ético frente al interés público y la democracia.
