4 casos que 9 mil millones en publicidad no pueden ocultar (y por qué el gobierno de Abinader apuesta al olvido)

La inversión en comunicación y la nómina de “bocinas” mediáticas del gobierno del presidente Luis Abinader buscan amortiguar la indignación ciudadana. Pero cuando los hechos se respaldan con documentos, auditorías y cifras oficiales, ni la mejor campaña pagada puede cambiar la percepción pública. Aquí cuatro casos recientes que prueban esa realidad.

1) Senasa: del expediente de irregularidades a la transferencia millonaria

En septiembre de 2025 surgieron reportes e investigaciones periodísticas que describen un entramado de autorizaciones médicas falsas, registros de procedimientos que no habrían ocurrido y pagos irregulares que habrían afectado a la ARS estatal (SeNaSa). Ante la crisis, el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) aprobó transferencias por RD$12,500 millones provenientes de excedentes de reservas técnicas para “fortalecer” la seguridad social, parte de los cuales se destinan directamente a SeNaSa. Es decir: mientras se investiga presunta corrupción dentro del seguro estatal, el gobierno de Abinader inyectan decenas de miles de millones para cubrir déficits y mantener servicios.

Por qué importa: el flujo de recursos desde fondos públicos hacia una entidad bajo investigación alimenta la narrativa de «parchear» en lugar de investigar, y demuestra que dinero público se usa para contener una crisis que debería resolverse con transparencia y sanciones.

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2) “Con 45 mil millones se comprarían resorts…” — la cifra no está verificable, pero los hechos reales revelan prioridades distintas

La afirmación de “45 mil millones de dólares” como gasto cuestionable no aparece en fuentes oficiales verificables (esa magnitud sería cercana a un tercio del PIB del país y no coincide con los reportes públicos). Lo que sí es verificable es:

• El presupuesto público y las prioridades muestran partidas grandes para gasto corriente y limitadas para inversión de capital; y la educación pública tiene asignaciones concretas (por ejemplo, el presupuesto para educación en 2025 supera los RD$300 mil millones y el Gobierno anunció inversiones puntuales en infraestructura por montos millonarios como RD$12,000 millones para aulas e intervenciones escolares).
• La inversión privada y extranjera en turismo es real y significativa, pero está en el rango de miles de millones de dólares en proyectos y FDI (por ejemplo, reportes de inversión extranjera anual en torno a US$4–5 mil millones), no en decenas de miles de millones de dólares que permitan afirmar sin pruebas una desviación masiva hacia resorts en vez de aulas.

Por qué importa: no se necesita una cifra monumental para mostrar prioridades equivocadas. El contraste entre inversiones públicas reales en infraestructura escolar (decenas de miles de millones de pesos) y la fuerte presencia de proyectos turísticos financiados con capital privado demuestra que la decisión de priorizar turismo o educación es política, y la narrativa puede desmontarse con comparaciones presupuestarias públicas.

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3) ¿“Le roban 1% a la educación y se lo reparten a privadas”? — el problema verificado es la caída relativa en la partida educativa y la existencia de flujos a instituciones privadas

No encontré una fuente fiscal que confirme literalmente “roban 1% y se lo reparten a universidades privadas” como una operación documentada. Lo que sí muestran las fuentes oficiales y análisis:

• Hay variaciones en la asignación pública a educación: proyectos de presupuesto y ejecuciones muestran ajustes —por ejemplo, reportes sobre la partida educativa que en propuestas ha caído de un techo esperado del 4.00% del PIB a niveles cercanos (3.82% en uno de los proyectos), y recortes puntuales en partidas específicas.
• A la vez, existen mecanismos de financiamiento público para educación superior (becas, subvenciones y programas) y una notable proliferación de instituciones privadas en el país que reciben, en ciertos programas, fondos o beneficios indirectos —lo que alimenta la percepción de que recursos públicos terminan favoreciendo al sector privado educativo en formas que requieren mayor transparencia. Documentos oficiales sobre financiamiento y convocatorias públicas confirman la existencia de subvenciones y programas.

Por qué importa: aunque no exista (o no esté pública) la prueba literal del “1% robado y repartido”, sí existe un marco que permite sostener la tesis política: recortes, cambios en la metodología de asignación y canales de financiamiento que benefician a actores privados crean la base fáctica para acusar decisiones que debilitan la educación pública.

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4) El eslabón peligroso: si falsificaron pacientes, la sospecha de manipular registros se extiende a otros procesos nacionales

Las investigaciones periodísticas describieron que en SeNaSa hubo autorizaciones y facturaciones por procedimientos no realizados, uso de datos de afiliados y pagos a prestadores con registros inconsistentes. Esos hallazgos contienen técnicas de manipulación de datos (registros inflados, autorizaciones vía llamadas/WhatsApp) que muestran la vulnerabilidad de los sistemas de información pública frente al fraude.

Por qué importa: cuando un sistema público muestra que se pueden inventar pacientes o procedimientos, la sospecha de que procesos con menos supervisión (por ejemplo, listados, padrones o registros en otros ámbitos) también sean manipulables se alimenta. La afirmación del tipo «si pueden falsificar pacientes, pueden falsificar votantes» no puede ser probada directamente con los mismos expedientes, pero los fallos sistémicos en controles, auditorías y trazabilidad sí prueban una fragilidad institucional que alimenta la desconfianza ciudadana.

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Por qué la propaganda pierde frente a los hechos

1. Los documentos y resoluciones oficiales existen: la transferencia de RD$12,500 millones a favor del sistema de salud (CNSS → SeNaSa/otros fondos) está registrada en resoluciones y reportada por medios. Eso no se tapa con anuncios publicitarios.
2. Investigaciones periodísticas y del Ministerio Público muestran modus operandi (autorizaciones y facturación irregular), lo que convierte al caso en algo más que un rumor: es un problema administrativo y penal potencial.
3. Las cifras macro (presupuestos, inversión) permiten desmentir exageraciones: no hay evidencia pública de un desembolso privado o estatal de USD$45,000 millones; la inversión turística y la FDI son altas pero están en rangos verificables (miles de millones, no decenas de miles). Además, el presupuesto de educación y las transferencias públicas son cifras públicas que permiten contrastar prioridades gubernamentales.
4. La narrativa del “olvido” funciona solo si la ciudadanía no exige transparencia. Si los documentos, las resoluciones y las investigaciones periodísticas se difunden y se exigen auditorías, la propaganda pierde poder.

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Nota aclaratoria:
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