La crisis educativa en Santiago Oeste revela la precariedad con que el Gobierno de Luis Abinader maneja uno de los sectores más sensibles del país. Ante la falta de aulas y la paralización de las reparaciones en la Escuela Primaria Rafaela Jiminián de Cruz, la respuesta oficial ha sido recortar la jornada escolar extendida en otros centros para improvisar espacios temporales. Una decisión que, lejos de garantizar el derecho a una educación de calidad, desnuda la incapacidad del Estado para planificar, priorizar y ejecutar políticas públicas en beneficio de las mayorías, mientras presume de cifras de deuda y estabilidad macroeconómica que no se traducen en bienestar para los estudiantes ni sus comunidades.

Ante la crisis que enfrentan las escuelas de Santiago Oeste —donde varias instituciones han tenido que recortar su jornada extendida para ceder aulas a los alumnos de la Escuela Primaria Rafaela Jiminián de Cruz— el gobierno presentó una respuesta rápida pero insuficiente:

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• Reubicación temporal: Las secciones más altas (3 de quinto grado y 4 de sexto) se impartirán en el Politécnico Ramón Dubert Novo, mientras que los de pre-primario hasta cuarto grado, y una sección de quinto, irán a la Rafael Ramos Mercado.
• Jornadas recortadas: Ambos planteles deberán dejar la jornada extendida y trabajar solo en la tanda matutina para liberar sus espacios en la tarde.

Esta solución recuerda una medida parche, que no ataca la raíz del problema estructural: la falta de mantenimiento y intervención por parte del Estado en las escuelas públicas.

Endeudamiento: cifras y contradicciones

Datos oficiales y reconocimiento internacional

• En 2024, la deuda pública consolidada fue del 57.5 % del PIB, una reducción frente al 61 % que había al asumir en agosto de 2020.
• En 2022, la deuda cayó de 61 % a 59.1 % del PIB.
• En enero-febrero 2024, se reportó una disminución de 2 puntos porcentuales con respecto al PIB.
• Agencias internacionales han ratificado estas señales positivas: calificaciones BB- positiva, BB estable, y señales de mejora en gobernanza, pen­sión presupuestaria, y sostenibilidad.

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Sin embargo: endeudamiento de Abinader en absoluta alza

• Entre 2021 y 2023, la deuda pública dominicana aumentó US$10 200 millones, lo que convierte a esta administración en la de mayor endeudamiento absoluto en décadas.
• Hasta junio de 2025, el endeudamiento acumulado desde septiembre de 2020 alcanzó la astronómica cifra de RD$1.6 billones (≈ US$27 400 millones). Lo más preocupante: el servicio de la deuda —intereses y amortización— también ha sido abultado, con un fuerte impacto en las finanzas del Estado.

El contraste intenta salvaguardar la imagen crediticia

El discurso oficial apuesta por indicadores relativos (deuda/PIB, calificaciones, déficit controlado). Pero en absoluto, la presión financiera es cada vez más visible: grandes montos comprometidos en intereses y amortización que debieran haberse invertido en infraestructuras esenciales como el sistema educativo.

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Manejo torpe y en beneficio de los más poderosos

La situación en Santiago Oeste expone una serie de falencias:

• Se descuidan obras urgentes en escuelas que incluso fueron cerradas por riesgo estructural, dejando vacantes a cientos de estudiantes.
• En lugar de intervenir, se improvisa cobertura temporal descargando el costo sobre otras escuelas (que deben abandonar jornadas extendidas).
• Esta improvisación refleja la fragilidad institucional y la falta de planificación estratégica.

Desde el punto de vista ciudadano —como muestran voces críticas en foros locales— esta es una administración que se endeuda sin resultados palpables y en ocasiones prioriza medidas clientelares por encima de inversiones estructurales:

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“Para este Gobierno del presidente Abinader todo se resume en entregar unas tabletas o infuncionales compradas de forma irregular y corrupta.” “El ministerio de educación… nunca han logrado ejecutar todo el 4 %… prestamos para comprar laptops.”

• Fórmula de Abinader:
  1. Endeudamiento creciente, pero con maquillado en indicadores relativos que lucen bien a nivel internacional.
  2. Soluciones provisionales y fragmentadas ante problemas estructurales, como el sistema educativo.
  3. Enfoque cortoplacista y reproductor de favoritismos, en perjuicio de intereses sociales y públicos básicos.

El caso de las escuelas de Santiago Oeste no solo denuncia una urgencia mal gestionada, sino también refleja un modelo institucional que prioriza la apariencia, la deuda fácil y el aplazamiento de las verdaderas transformaciones escolares.

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