
¿Está el presidente Abinader saboteando el nuevo Código Penal?
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Aunque en apariencia el proceso legislativo ha avanzado, con el Senado y la Cámara de Diputados aprobando una nueva versión del Código, surgen señales claras de maniobras políticas que podrían estar orientadas a frenar su promulgación. Independientemente de si el contenido del Código es considerado positivo o negativo, lo cierto es que el presidente enfrenta un dilema: su promesa de campaña incluía un compromiso firme con la inclusión de las tres causales para la despenalización del aborto. Ahora, con un Código que las excluye, Abinader se encuentra entre el deber de cumplir con el mandato legislativo y el temor a quedar mal ante sectores progresistas y feministas que lo apoyaron. Esta tensión ha desatado una serie de movimientos y pronunciamientos —incluyendo el de su propia familia— que ponen en entredicho la imparcialidad del Poder Ejecutivo en este proceso.
La carta abierta firmada por su familia
Más de mil personas, incluyendo activistas, académicos, juristas y sociedad civil, firmaron una carta pública dirigida al presidente Luis Abinader rechazando esta versión del Código Penal por representar “graves retrocesos en derechos humanos” . Entre los firmantes destacaron la primera dama Raquel Arbaje y sus hijas Graciela, Esther y Adriana, quienes respaldan el llamado a vetar o devolver el proyecto al Congreso con observaciones.
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Reacción del presidente: ¿sabotaje o independencia familiar?
Ante el posicionamiento público de su familia, Abinader declaró que “mi familia es muy independiente”, valorando su criterio propio y explicando que él mismo fomenta ese pensamiento crítico dentro del hogar.
No obstante, también afirmó que esperará la versión final del Congreso para decidir si observa (véto parcial o total) la ley o la promulga sin modificaciones.
¿Sabotaje con objetivos políticos?
Aunque no existen pruebas directas de un plan formal de saboteo, varios puntos alimentan esas sospechas:
- Expectativa incumplida: Abinader había prometido durante la campaña adoptar las tres causales en el nuevo Código Penal y apoyar un referéndum para ese fin.
- Al excluirlas, se arriesga a que su legado aparezca como contradictorio y pierda apoyo entre sectors progresistas.
- La carta firmada por su familia, que apunta directamente a la ausencia de las causales, puede estar siendo usada como estrategia para generar presión pública y mantener una narrativa favorable a su promesa original.
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Posturas críticas y delegación del conflicto
Representantes como el exdiputado Alfredo Pacheco respondieron duramente a la participación de la primera dama e hijas desde la tribuna de la Cámara de Diputados, dejando claro que no comparten esa intervención familiar.
También el ex presidente Hipólito Mejía criticó la situación, afirmando que no le gusta “que se invente tanto y se tomen presiones externas” en decisiones legislativas.
Riesgos políticos y sociales
- La exclusión de las tres causales mantiene al país entre las pocas naciones con legislación absoluta contra el aborto, incluso en casos extremos, lo que intensifica el riesgo para mujeres y niñas vulnerables.
- La carta abierta advierte que el aborto inseguro es la tercera causa de muerte materna en República Dominicana y que criminalizarlo sin excepción refuerza un sistema injusto que castiga a las víctimas.
- Si el presidente respalda el proyecto sin enmienda, podría ser visto como incoherente frente a su propio compromiso electoral, lo cual tiene implicaciones para la credibilidad institucional y democrática del gobierno.
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Desde una perspectiva informada, no hay pruebas de un sabotaje formal del presidente Abinader, hacia el Código Penal.
Pero sí parece haber una tensión política entre su promesa de incluir las tres causales y la realidad legislativa actual. La participación de su familia –en especial su esposa e hijas– en la carta pública ha generado una situación incómoda. El presidente, al enfatizar la independencia familiar, busca deslindarse de un conflicto directo mientras evalúa si ejercer su facultad de veto o promulgar como está el texto. No es necesariamente malicia, pero sin duda representa una coordinación estratégica para preservar su promesa pública y contener el desgaste político.
Si te interesa, puedo profundizar en las implicaciones constitucionales, el análisis de otros actores legislativos, o cómo este tema influye en la percepción ciudadana sobre derechos humanos.
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