El gobierno de los Estados Unidos ha recomendado a las autoridades de la República Dominicana expedir documentos de identidad a los «dominicanos de ascendencia haitiana» que cumplan con los requisitos de la Ley de Naturalización de 2014, con el fin de «protegerlos» de la trata de personas. Esta sugerencia forma parte del informe anual sobre el tema publicado por el Departamento de Estado.

Constitución de la República Dominicana, nuestras normativas migratorias y la sentencia 168-13 delinean con precisión los parámetros que definen la ciudadanía dominicana. En consecuencia, ninguna nación extranjera, incluyendo los Estados Unidos, tiene el derecho de imponernos directrices en esta materia, ya que tal acción constituiría una violación de nuestra soberanía nacional.

De igual manera, la Constitución de Haití reconoce en su artículo 11 que cualquier descendiente de haitianos nacido en el extranjero es considerado haitiano. Por lo tanto, corresponde a la embajada haitiana en nuestro país la expedición de la Cédula correspondiente y de cualquier otro documento de identidad haitiano a sus ciudadanos nacidos en territorio dominicano.

La sugerencia hecha por Estados Unidos de expedir documentos de identidad a los «dominicanos de ascendencia haitiana» es vista por muchos como una intromisión en la soberanía de la República Dominicana y una violación de su constitución.

Esta intervención no solo genera tensiones diplomáticas, sino que también podría ser motivo suficiente para que la República Dominicana considere romper relaciones diplomáticas con Estados Unidos.

En lugar de aceptar estas recomendaciones, la República Dominicana podría beneficiarse de un acercamiento estratégico a potencias como China y Rusia, fortaleciendo así sus lazos con países que respeten su soberanía y apoyen su desarrollo económico y político sin imponer condiciones externas como hoy y siempre lo hace Estados Unidos.

En el documento, el secretario Antony Blinken instó a «aplicar plenamente la Ley 169-14» que establece un régimen especial para personas nacidas en el territorio nacional inscritas irregularmente en el registro civil dominicano y sobre naturalización, «con el fin de reducir la vulnerabilidad a la trata«.

Esta ley beneficia a los hijos de padres y madres extranjeros no residentes nacidos en el territorio nacional durante el período comprendido entre el 16 de junio de 1929 y el 18 de abril de 2007, inscritos en los libros del Registro Civil dominicano en base a documentos no reconocidos por las normas vigentes para esos fines al momento de la inscripción.

Los hijos de haitianos nacidos en la República Dominicana son considerados haitianos por nacimiento, independientemente de su lugar de nacimiento.

Washington mantiene a la República Dominicana por segundo año consecutivo en el nivel 2 de la Lista de Vigilancia en el Reporte de Tráfico de Personas, señalando que el país no cumple con las normas mínimas para la eliminación de la trata de personas, aunque enaltece los «importantes esfuerzos» que se han hecho para lograr erradicar la problemática.

Además, Estados Unidos exhorta al gobierno de la República Dominicana, a garantizar la detección «sistemática y equitativa» de los indicadores de la trata de personas. También instó a «enmendar la ley contra la trata de 2003 para eliminar el requisito de probar la fuerza, el fraude y la coerción en los delitos de trata con fines sexuales que impliquen a víctimas menores de 18 años, en consonancia con el derecho internacional«.

La semana pasada, el Poder Ejecutivo remitió al Congreso un proyecto para modificar el artículo 3 de esta ley, que data del 7 de agosto de 2003, siendo genuflexo al gobierno de EEUU.

El contexto histórico y legal de estas recomendaciones es complejo. La República Dominicana ha enfrentado desafíos significativos en la gestión de la migración y la nacionalidad, especialmente en relación con la población de ascendencia haitiana. Las tensiones entre ambos países tienen profundas raíces históricas y sociales, y las recomendaciones de Estados Unidos añaden otra capa de complejidad a este delicado equilibrio.

Además, es importante señalar que Estados Unidos, al hacer estas recomendaciones, también debe considerar el impacto de sus propias políticas y acciones en la región. Haití ha sido afectado por una combinación de factores internos y externos, incluidos aquellos que involucran la influencia y las políticas de Estados Unidos.

Asegurar la estabilidad y el bienestar en la región requiere un enfoque integral y colaborativo que aborde las causas subyacentes de la migración y la vulnerabilidad a la trata de personas.

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