La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, anunció nuevas medidas para enfrentar los alarmantes índices de siniestralidad vial que afectan principalmente a los conductores de motocicletas, quienes representan más del 75% de las víctimas mortales en accidentes de tránsito. Durante una rueda de prensa, la funcionaria fue enfática al señalar que "no pueden continuar ocurriendo los alarmantes fallecimientos en que se involucra a motoristas", una realidad que preocupa tanto a las autoridades como a la ciudadanía.

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Faride Raful expresó que el incumplimiento de las normas por parte de los propios ciudadanos limita la capacidad de respuesta del Estado.

Por ello, anunció una combinación de estrategias legales y preventivas, entre ellas, el uso de tecnologías de inteligencia artificial para fiscalizar el cumplimiento de las leyes de tránsito y campañas de concienciación, además del regalo de cascos protectores a motoristas.

No obstante, aunque estas medidas parecen saludables y necesarias en el papel, existe una preocupación legítima por la forma en que podrían ejecutarse. Experiencias anteriores han demostrado que algunas intervenciones de la Policía Nacional y la DIGESETT se traducen en abusos, actuaciones desproporcionadas y violaciones a derechos fundamentales, bajo el pretexto del cumplimiento de la ley.

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Peor aún, muchos agentes de la DIGESETT y de la Policía Nacional ni siquiera conocen las leyes que están llamados a aplicar. Esto ha provocado situaciones donde los ciudadanos son sancionados de manera errónea, se cometen abusos de poder y se actúa con total arbitrariedad, afectando a inocentes y debilitando la confianza pública en las instituciones encargadas del orden.

Es frecuente ver cómo operativos mal ejecutados terminan en atropellos, retenciones arbitrarias de motocicletas, golpes, y en ocasiones hasta arrestos injustificados, afectando principalmente a los más pobres, quienes precisamente deberían ser los primeros beneficiados por una política de protección vial justa y efectiva.

Además, cualquier medida que busque reducir la siniestralidad debe incluir sin excepciones a todos los actores del tránsito. Es inaceptable que agentes de la Policía Nacional y militares, quienes deberían ser ejemplos de cumplimiento, circulen sin casco, violen semáforos, manejen en vía contraria o sin placa, y operen motocicletas sin ninguna documentación visible. Esta doble moral erosiona la legitimidad del esfuerzo institucional.

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Mientras en Santo Domingo es más común ver el uso del casco, en muchas provincias del interior del país su uso es casi inexistente. Esta disparidad refleja una falla estructural en la aplicación uniforme de la ley, y pone en evidencia que la seguridad vial, más que una prioridad nacional, ha sido tratada como un tema urbano y de momento.

Aplaudimos toda intención real de salvar vidas, pero hacemos un llamado firme a que las medidas anunciadas sean claras, respetuosas de los derechos humanos, y aplicadas sin distinción de rango ni uniforme. No se puede combatir la anarquía vial con más anarquía institucional.

Si la intención es reducir muertes, que sea con justicia, equidad y ejemplo desde el Estado.

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