Farmacard, SENASA y el negocio de la salud: cuando los amigos del poder también enferman al sistema
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En República Dominicana, los negocios más rentables no siempre están en los mercados ni en las industrias, sino en las oficinas del Estado. El más reciente escándalo que involucra a Farmacard y SENASA vuelve a dejar al descubierto cómo los intereses privados y las conexiones políticas se entrelazan dentro del sector salud, un espacio que debería ser sagrado y transparente, pero que parece haberse convertido en otra fuente de privilegios.
De acuerdo con los datos que circulan, Farmacard cobraba cerca de 300 millones de pesos mensuales a SENASA por el uso de una plataforma digital que administraba la facturación de medicamentos. Hasta ahí, ya el monto levanta sospechas. Pero lo más cuestionable es que la empresa también pretendía comisionar un 4.5% adicional sobre las ventas que las farmacias realizaban a través del seguro, algo que varias cadenas —como GBC, una de las más grandes del país— se negaron a aceptar. Fue ahí donde estalló el conflicto.
Lo que a primera vista parece una disputa comercial, en realidad refleja algo más profundo: la privatización silenciosa de funciones públicas, donde intermediarios cercanos al poder hacen negocio con servicios esenciales.
Y cuando el dinero público está en juego, lo mínimo que debería esperarse es una investigación rigurosa, independiente y ejemplar. Pero en la práctica, lo que se espera —y lo que la experiencia enseña— es impunidad.
Porque si repasamos los últimos años, veremos que ningún escándalo que toque el entorno del presidente Abinader ha tenido consecuencias reales.
Los nombres cambian, los montos varían, los comunicados se repiten, pero el resultado es el mismo: el tiempo pasa, el caso se diluye y la justicia guarda silencio.
Pasó con el tema de las compras de emergencia durante la pandemia, con los contratos cruzados entre allegados, con las licitaciones “transparentes” que siempre ganan los mismos, y ahora todo apunta a que el caso Farmacard–SENASA seguirá el mismo camino.
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Mientras tanto, los medios alineados al oficialismo tratarán de minimizar el impacto, los voceros del gobierno apelarán a tecnicismos legales, y el Ministerio Público probablemente abrirá una investigación “para fines de profundización”… es decir, para ganar tiempo hasta que el escándalo se olvide.
Y lo más grave es que el pueblo, cansado de tantos abusos, termina resignado. Nos acostumbramos a que los corruptos se vistan de empresarios, a que los negocios se disfracen de servicios públicos, y a que los responsables sean siempre “intocables”.
Desde Hackeandoelsistema.net lo decimos sin rodeos: Este caso es una prueba moral y política para el gobierno de Luis Abinader. Si el Ministerio Público no actúa con independencia, si se intenta proteger a los allegados o justificar lo injustificable, el mensaje será claro: en República Dominicana no hay justicia, solo conveniencia. Y el pueblo, una vez más, será el paciente obligado a pagar el costo de la enfermedad más vieja del país: la impunidad.
Nota aclaratoria:
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