Fue Correcta, la decisión del Presidente sobre la Destitución de Rafael Féliz como rector del ITLA
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La destitución de Rafael Féliz García como rector del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), dispuesta por el presidente de la República, Luis Abinader, mediante el decreto núm. 39-26, constituye una decisión acertada y necesaria en el marco del fortalecimiento institucional y la lucha contra las malas prácticas dentro de la administración pública.
La medida, que deroga el artículo 13 del decreto núm.
390-24 del 17 de julio de 2024 —instrumento mediante el cual Féliz García había sido designado en el cargo—, se produce tras denuncias graves y documentadas sobre clientelismo político y presuntas extorsiones internas, expuestas públicamente por la periodista y abogada Nuria Piera. Según el reportaje presentado el sábado 17 del mes en curso, empleados del ITLA habrían sido obligados a entregar parte de su salario para financiar actividades políticas vinculadas al entonces rector Rafael Féliz García.
Frente a hechos de esta naturaleza, la reacción del Poder Ejecutivo no solo era pertinente, sino impostergable. La permanencia de un funcionario bajo cuestionamientos tan serios habría enviado un mensaje equivocado al país, especialmente en una institución académica llamada a formar profesionales bajo principios de ética, mérito y transparencia.
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Un aplauso… con una exigencia clara
Saludamos la decisión del presidente Abinader. Actuar con firmeza ante denuncias sustentadas refuerza la credibilidad del discurso oficial contra la corrupción y el uso indebido del poder. Sin embargo, este reconocimiento viene acompañado de una exigencia legítima de la sociedad: que este mismo nivel de intolerancia se aplique sin excepciones.
El país espera que el estándar utilizado en este caso no dependa del apellido, del círculo social ni del poder económico del involucrado. La lucha contra las irregularidades no puede detenerse cuando los señalados son amigos personales, empresarios influyentes o los llamados “popys” que orbitan alrededor del poder. La coherencia es la verdadera prueba del compromiso ético de un gobierno.
Si el mensaje es que nadie está por encima de la ley, entonces ese principio debe sostenerse tanto frente a un funcionario académico como frente a un contratista poderoso, un financista de campañas o un aliado político de alto perfil.
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La vara debe ser la misma para todos
Este caso de Rafael Féliz García en el ITLA debe convertirse en un precedente, no en una excepción conveniente.
La institucionalidad se fortalece cuando las decisiones correctas se repiten, incluso —y sobre todo— cuando resultan incómodas para el propio entorno del poder.
El presidente ha dado un paso en la dirección correcta. Ahora corresponde demostrar que esa firmeza no es selectiva, sino una política de Estado. Solo así la transparencia dejará de ser un discurso y se consolidará como una práctica real en la vida pública dominicana.
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