El Gobierno dominicano ha anunciado la distribución de los últimos 400,000 bonos navideños de 1,500 pesos cada uno, destinados a las familias en situación de vulnerabilidad. Mientras tanto, la Junta Central Electoral (JCE) ha informado que la Cédula de Identidad y Electoral seguirá siendo válida hasta que concluya el proceso de renovación, aun cuando tenga fecha de vencimiento en 2024. Sin embargo, el problema de fondo sigue siendo el mismo: el gobierno no ha priorizado los recursos para actualizar este documento esencial para la vida ciudadana.
Los Recursos Están, la Prioridad No
El bono navideño, con un monto total de 600 millones de pesos para los bonos pendientes, representa una inversión significativa en subsidios temporales. Si bien este tipo de asistencia es importante para el alivio inmediato de necesidades alimentarias, también es cierto que con una fracción de estos recursos podría haberse financiado un proceso más eficiente de renovación de cédulas para la población.
Actualizar una cédula en República Dominicana tiene un costo administrativo que muchas personas en situación de vulnerabilidad no pueden cubrir con facilidad. Si el Gobierno dominicano realmente priorizara la garantía de identidad para todos los ciudadanos, podría haber redirigido parte de estos fondos para subsidiar la renovación de documentos de identidad, asegurando que nadie quede excluido del sistema por falta de recursos.
Una Necesidad, No un Lujo
La cédula de identidad es un documento fundamental para acceder a derechos básicos como el voto, servicios de salud, trámites bancarios y educativos. No priorizar su renovación significa que el gobierno está dejando en un limbo administrativo a miles de ciudadanos, en lugar de garantizar su inclusión en el sistema.
Entre el Asistencialismo y la Planificación
El problema de fondo radica en cómo se estructuran las prioridades del gasto público. Mientras que los bonos navideños son una medida popular y de impacto inmediato, la renovación de cédulas es una inversión a largo plazo en institucionalidad y garantía de derechos. Sin una estrategia clara para actualizar los documentos de identidad de la población, el gobierno está apostando más al beneficio político de ayudas directas que a fortalecer la organización del Estado.
La entrega de bonos navideños es un paliativo, pero la renovación de la cédula es una necesidad estructural. Con los mismos recursos, el Gobierno dominicano podría garantizar la identidad de miles de ciudadanos, permitiendo su participación plena en la sociedad.
La pregunta que queda en el aire es clara: ¿por qué no se destinan estos fondos a un gasto verdaderamente prioritario para la ciudadanía? La respuesta, como siempre, parece estar más en la política que en la gestión responsable del Estado.
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