Recientemente, circula la información sobre un posible plan para desestabilizar la figura de la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, a través de la violencia ejercida por la policía contra los ciudadanos sin justificación. Según varias fuentes, algunos sectores de la policía, especialmente el alto mando, no la reconocen como autoridad y podrían estar dispuestos a generar situaciones de violencia para crear titulares que presionen su destitución. A esto se suman las tensiones con políticos dentro y fuera del PRM, sectores conservadores, y la negativa reciente a flexibilizar los horarios comerciales para las navidades.
Este tipo de estrategias de presión no es nuevo, ya que en el pasado se han registrado casos similares, donde la violencia policial se utiliza para generar conflicto en las instituciones gubernamentales. Por ejemplo, se han documentado en ocasiones anteriores actos de abuso por parte de las fuerzas de seguridad, aunque la situación ha sido notablemente diferente en términos de la respuesta ciudadana y la cobertura mediática.
En cuanto a los incidentes específicos ocurridos desde diciembre, algunos informes indican que la actuación violenta de la policía contra ciudadanos ha sido frecuente, a menudo sin justificación, lo que ha generado una creciente preocupación en la sociedad. Los ciudadanos deben tomar precauciones y mantenerse alejados tanto de los delincuentes como de la policía para evitar convertirse en víctimas de estos episodios de violencia.
La situación resalta la necesidad de una reforma en la manera en que las fuerzas de seguridad interactúan con la población, asegurando que se respeten los derechos humanos y que se eviten acciones arbitrarias, como las que se han denunciado en varios incidentes en los últimos días
Por Empleo la Policía Nacional informó sobre la muerte de Gregory Mena Montero, de 27 años, en un enfrentamiento durante una persecución en el sector Cristo Rey. Mena había atropellado a un motociclista y huyó en su camioneta, siendo alcanzado por una patrulla policial que lo persiguió tras un reporte ciudadano. Durante el intento de detención, se originó un incidente que resultó en su fallecimiento.
En medio de este hecho, la policía ocupó un arma de fuego sin documentación legal y se comprometió a colaborar con las investigaciones. Sin embargo, el incidente pone en evidencia un patrón de violencia policial que podría estar siendo orquestado por sectores dentro de la institución, con el fin de generar titulares que afecten la imagen de la ministra Faride Raful, quien enfrenta varias tensiones con actores políticos y dentro de la misma Policía.
En lo que va del 2024, la Policía Nacional ha abatido a 87 personas en presuntos intercambios de disparos y otros incidentes aún bajo investigación. El promedio es de dos muertos a la semana, con picos de hasta 16 muertes en junio. Recientemente, casos como el de Luis Antonio Martínez Peña, abatido en Santo Domingo Este, y «el Capó», en San Pedro de Macorís, han generado gran controversia.
Aunque algunos de estos individuos tenían antecedentes penales, muchos familiares aseguran que las muertes fueron injustificadas. Este patrón de violencia creciente podría ser parte de un plan para desacreditar a la ministra Faride Raful, quien ha enfrentado resistencia de sectores dentro de la policía y la política, exacerbado por tensiones sobre decisiones como la flexibilización de horarios comerciales.
La constante brutalidad policial podría estar siendo utilizada estratégicamente para crear un clima de presión que socave la autoridad de Raful, debilitando su imagen pública y su gestión en el Ministerio de Interior y Policía.
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