Haití no tiene gobierno para proteger a su gente, pero sí para hacer turismo diplomático
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Mientras una comisión diplomática de Haití visita la República Dominicana para denunciar supuestos actos de xenofobia y maltrato hacia inmigrantes haitianos, en su propio país ocurre una de las peores masacres del año, sumida en el silencio institucional y la indiferencia del Estado. La contradicción es tan grotesca como indignante: mientras seis funcionarios consulares, encabezados por el embajador Fritz Longchamps, recorren zonas como Dajabón y Bávaro en busca de “garantizar derechos humanos”, en el corazón de Haití, en la comunidad de Préval (Artibonite), cuerpos de niños, ancianos y mujeres arden, decapitados, calcinados o devorados por perros callejeros.
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Más de 50 personas han sido asesinadas esta semana por miembros de una coalición de grupos de autodefensa haitianos. La masacre fue en represalia por la muerte de un miembro de una de estas pandillas. En un acto de brutalidad que recuerda las peores páginas de la historia humana, los atacantes incendiaron viviendas, decapitaron personas dentro de una iglesia y prendieron fuego a los cadáveres. El pastor Jacques Brutus, de 86 años, fue asesinado junto a al menos 14 feligreses en el templo Maranatha, que también servía como escuela para la comunidad.
La portavoz de la sociedad civil, Bertide Horace, ha señalado que el terror se mantiene vigente en la zona:
los criminales siguen allí (Haití), impidiendo siquiera la recuperación de los cadáveres. Los pobladores descubren nuevos cuerpos cada día, arrojados a ríos y caminos rurales, sin que ninguna autoridad nacional o internacional actúe.
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¿Dónde está la supuesta preocupación por los derechos humanos del pueblo haitiano cuando los más vulnerables son masacrados por bandas armadas en el centro del país? ¿Dónde está la acción del Estado haitiano, que parece más interesado en hacer política simbólica en el exterior que en enfrentar la descomposición absoluta que vive su territorio?
Es evidente que hay problemas en la relación entre Haití y República Dominicana.
Pero es una afrenta a la verdad, a la coherencia y a las víctimas de la barbarie en Artibonite, que las prioridades del gobierno haitiano sean las giras diplomáticas en vez de detener la carnicería que vive su nación.
Esta doble moral no puede pasar desapercibida. Mientras se exige respeto internacional, el Estado haitiano no cumple su responsabilidad mínima: proteger a sus propios ciudadanos. Las voces que hoy denuncian a otros países, deberían tener el coraje de mirar hacia dentro, y enfrentarse al infierno que consume a su gente, porque el verdadero crimen no está en la frontera: está en su indiferencia.
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